¿Se puede confiar en la gratuidad educacional?
Señor Director:
Ante la actual trayectoria que ha continuado la promesa de gratuidad en educación superior, uno puede oír la incredulidad de los diversos actores. Valga como ilustración que rectores de universidades públicas, de instituciones privadas, de centros técnicos; representantes estudiantiles; parlamentarios tanto de oposición como oficialistas; y también expertos e investigadores, han expuesto su incertidumbre, escepticismo y desconcierto, a la vez que han planteado objeciones o han sugerido caminos alternativos o complementarios. Asimismo, todos han advertido de contradicciones y han hecho públicas interpelaciones que no han sido respondidas.
Sin embargo, la trayectoria de esta bautizada como la política pública más transformadora de nuestro país, continúa su rumbo inestable, desigual, incoherente, y sin destino conocido. Pero junto a la incredulidad resonante, esta situación permite advertir la fragilidad de nuestro sistema de educación superior. En cierta medida, conviene especificar que esta fragilidad se viene evidenciando desde hace una década y con todo, parece haberse suscitado por la desprolija, errática, insensible, injustificada, e inconsistente gestión que han tenido las autoridades de turno en estos diez años.
Pero lo que subyace y que verdaderamente queda de esta incredulidad ensordecedora para una gran mayoría, es una profunda desconfianza. Por ello resulta un fenómeno curioso que las autoridades no adviertan que la falta de sinceridad, los erráticos planteamientos que han formulado, la escasísima capacidad de interlocución y la falta de genuino compromiso con la sociedad, están avivando una desconfianza difícil de reparar. Es como si las máximas autoridades ignorasen que la credibilidad asienta el núcleo de la confianza. En pocas palabras: ¿por qué habría que confiar en el futuro, en aquello que, por su precaria sinceridad, ha dejado de ser creíble?
Para recuperar confianza y que el país cuente con un sistema de educación superior robusto y de buena fe gratuito, las cosas tienen que cambiar.
En este aspecto, para empezar es necesario, tal como lo comentamos hace unas semanas, que se establezcan dos certidumbres básicas. En primer lugar, que las familias sepan desde cuándo sus hijos podrán estudiar en las instituciones que ellos deseen. En segundo término, que las instituciones educativas no vean menoscabadas su plataforma de gestión, ni mucho menos su autonomía. En paralelo, se deben establecer los plazos y los nuevos mecanismos que intervendrán. Además, es inexcusable que en todo el itinerario que ha tenido la promesa de gratuidad, nada se haya dicho acerca de los incentivos para que las instituciones incrementen sus esfuerzos en la mejora de tres áreas reconocidamente deficitarias de nuestro sistema: las insuficientes competencias básicas de los alumnos que ingresan a cursar estudios superiores, los desproporcionados niveles de deserción una vez que ellos prosiguen sus estudios, y la titulación oportuna.
Cabe preguntar, a fin de cuentas, si ante las crecientes expectativas, las autoridades harán lo preciso para recomponer la confianza en esta política pública.
Germán Gómez Veas
Académico y Consultor en materias de liderazgo y gestión educacional
