» La ausencia de investigación judicial; el silencio de los medios de comunicación respecto a las serias vulneraciones a la seguridad nacional ocurridas en las “filtraciones” de información desde los tribunales de justicia y la lentitud y falta de entusiasmo del Poder Judicial para examinar sus propias falencias al respecto, muestran una extraña benevolencia o derechamente la complicidad entre ambas partes».
Luego años de escucha e interceptación de las comunicaciones personales y empresariales del comisionista en armamentos Guillermo Ibieta, el 2 de junio del 2009 la Policía de Investigaciones incautó el disco duro de su computador que contenía 100.000 archivos, en el marco de la investigación del llamado caso Riggs y su “arista”, el caso Leopard.
Súbitamente, la información obtenida en los archivos digitales de Ibieta fue transferida a la prensa, que comenzó activamente a fabricar la imagen de una relación dolosa entre miembros de la Armada culpándolos de haber cometido graves delitos contra la “seguridad nacional”
La inmoralidad es evidente; la “investigación” periodística se sustentaba en la “filtración” de la información reservada obtenida por la PDI y bajo custodia de la Fiscalía para los fines de la causa judicial, usandola contra marinos a los que se acusó de haber “filtrado” esa misma información a Ibieta. Y nadie se escandalizó.
Aquí entra a tallar otro medio de comunicación, esta vez digital, que inicia una campaña destinada a “establecer” que esas personas eran culpables por lo que debían ser castigadas, ya!, aunque no haya habido un juicio formal al respecto.
En esta acción, se destruye la carrera de varios oficiales, contra los cuales no fue probado ningún delito.
En el intertanto, en su investigación el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama y el Fiscal Metropolitano Oriente Carlos Gajardo solicitaron al Ministro de Defensa información detallada sobre el proceso de adquisición de las fragatas, en Holanda, la que fue entregada por la Armada al Ministerio de Defensa Nacional mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012.
Pues bien, muy poco después, el mismo medio digital –The Clinic- promotor de la campaña contra los oficiales navales, la dio a conocer, in extenso y completamente, repitiendo la ilegal e inmoral acción anterior con el “disco duro de Ibieta” y ahora si atentando gravemente contra la seguridad nacional.
Sobre la base de tan endebles argumentos, un oficial fue dado de baja, injusticia aplaudida por el entonces Ministro de Defensa Andrés Allamand Zavala, quien en una potente demostración de “liderazgo” se unió al coro de infidentes declarando a un medio de prensa: ”Renuncia de un Capitán de la Armada “refuerza” (su) política de probidad”.
Aquí tenemos un caso en que varias personas fueron vulneradas en sus derechos como resultado de la falta de ética periodística y queda clara la existencia de un poder judicial de facto que promueve sus propios intereses, corporativos y personales.
La ausencia de investigación judicial; el silencio de los medios de comunicación respecto a las serias vulneraciones a la seguridad nacional ocurridas en las “filtraciones” de información desde los tribunales de justicia y la lentitud y falta de entusiasmo del Poder Judicial para examinar sus propias falencias al respecto, muestran una extraña benevolencia o derechamente la complicidad entre ambas partes.
Nadie dijo ni hizo nada. La Corte Suprema dispuso una investigación que nunca llegó a nada y murió sin que nadie se hiciera cargo de los efectos devastadores para varias personas y sus familias y para la seguridad nacional que vio entregada a la publicidad un grueso legajo de información secreta muy sensible.
De los políticos de izquierda no cabía ni cabe esperar nada, solo odio y venganza, pero de los de derecha era razonable imaginar que se interesarían en poner coto a una práctica que en ese momento apuntaba a dañar a las FFAA, pero que la lógica mas elemental señalaba que mas temprano que tarde, los tocaría a ellos. Pero no, pudo mas la cobardía y la estupidez y miraron para otro lado.
El 9 de diciembre de este año, el jefe de comité político de la UDI, Víctor Pérez, emplazó al fiscal nacional, Jorge Abbott, a iniciar una investigación criminal por las filtraciones en los casos de financiamiento irregular de campañas políticas. Esto, luego que se conocieran nuevos antecedentes respecto de las indagatorias que involucran a la senadora de su partido Ena von Baer.
“Las filtraciones son un delito; los fiscales tienen obligación de guardar reserva, y el Código Penal establece claramente cuáles son las sanciones”, dijo Pérez, pidió “que inicie una investigación criminal puesto que aquí se han utilizado las filtraciones para dañar políticamente a un sector”, “hay un sesgo discriminador de la Fiscalía”, porque, a su juicio, solo se filtran los casos de la oposición y no de la Nueva Mayoría.
Ante estas filtraciones el Fiscal Nacional aseguró que “hay algunas investigaciones que están en curso y se han recibido dos denuncias en los últimos días”.
Además explicó que solicitó ver algunas “denuncias vigentes sobre la materia, para ver la posibilidad de acumularlas, cuando se traten de la misma causa. De tal modo de investigarlas todas juntas”.
Agregó que: “Me parece de especial gravedad la existencia de este tipo de filtraciones que significa la constitución de delitos penados tanto en el Código Procesal como en algunas leyes especiales como la de lavado activo”.
Y señaló que se debe “tomar una determinación” respecto a la realización de un sumario al interior del Ministerio Público para establecer responsabilidades. Hoy, 11 de diciembre, Abbot nombró al fiscal Montes, hijo del senador Montes, para producir resultados en este tema.
¿Cree alguien que esta vez la “justicia” chilena investigará, llegará a la verdad, sancionará a sus colegas del Poder Judicial y reparará la injusticia y la destrucción de las carreras y del honor de los agredidos?.
Yo no. Hoy día en Chile las cosas no funcionan así.
