La Contraloría General de la República y el Ministerio del Trabajo le han dado al país magníficos regalos de Navidad.
El órgano contralor, respondiendo a una petición hecha por los diputados DC, ha concluido que la decisión de la Superintendenta de Pensiones, de autorizar la fusión de la AFP Cuprum con la AFP de papel Argentum, no se ajusta a la normativa legal vigente. Este dictamen, de fecha 16 de este mes, debería aplicarse también para el caso de la maniobra de AFP Provida y su caballo de Troya Adquisition.
Si el Consejo de Defensa del Estado actúa prontamente, Chile puede recibir los 400 millones de dólares que pretendían no pagar estas dos empresas, con la inaceptable colaboración de la Superintendencia de Pensiones y el respaldo reprochable de las autoridades del Ministerio de Hacienda. Esos recursos, de ser rescatados, serán muy importantes para enfrentar la baja de ingresos por el menor precio del cobre y evitar recortes en el gasto en áreas muy sensibles para el país.
Esta decisión del órgano contralor reconoce los argumentos que hemos expuesto en otras columnas publicadas en El Mostrador, valida las acciones de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, que objetó públicamente estas actuaciones y permite, también, a la Cámara de Diputados demostrar la importancia que tiene la Comisión Investigadora que se creó a petición de los legisladores DC y que fue apoyada por todos los sectores políticos allí representados.
Esto último debe ser destacado, ya que el dictamen señala expresamente que la Contraloría emite su pronunciamiento jurídico como un aporte a la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados y sin perjuicio de lo que resuelvan los tribunales de justicia en las acciones legales iniciadas por los diputados del PDC.
[cita tipo=»destaque»]El Presidente Aylwin y el Congreso Nacional dictaron en 1993 una ley, la 19.200, que permitió a los funcionarios públicos afiliados al INP volver al sistema de reparto. ¿Por qué no darnos el derecho ahora de elegir entre la industria fracasada de las AFP o un Sistema Solidario de Reparto?[/cita]
Además del rol que jugó en el tema anterior, la ministra Rincón ha recogido la petición que hicimos ACUSA AFP, personeros del Colegio de Dentistas, como el Dr. Sergio Cousiño y otros actores, para postergar la entrada en plena vigencia de la obligación de los trabajadores independientes de cotizar en las AFP por el total de sus ingresos.
Nuestra argumentación ha sido clara: ¿por qué obligar a 800 mil chilenos a cotizar en un sistema fracasado? ¿Por qué fortalecer empresas que está probado que engañan a los afiliados, que usan los recursos de los trabajadores para incrementar sus ya millonarias ganancias, para comprar influencia en medios de comunicación, en los líderes políticos, en las universidades y que, usando las normas especiales que los políticos que las sirven aprueban, se llevan un Presupuesto Nacional entero para especular en el exterior en vez de invertirlo en Chile, especialmente en la regiones más atrasadas? Por supuesto, el Gobierno no fundamenta su decisión de postergar la obligación en estos argumentos, pero no importa. El proyecto refleja una decisión positiva y permitirá que el tema se discuta en las campañas presidencial y parlamentaria próximas.
En todo caso, la batalla no está ganada. Viene una ofensiva política y jurídica para tratar de cambiar este dictamen. Por ello es necesario que el mayor número de actores sociales se pronuncien y actúen para enfrentarla. Hay diversos ámbitos en que debemos estar activos.
1.- Hay que estar alertas para que el nuevo Contralor no sea presionado para cambiar la interpretación entregada. Si lo hace, perderá toda la credibilidad ciudadana que pueda capitalizar, dañando adicionalmente a la institucionalidad chilena. No es desconfianza, es experiencia, ya que el nuevo Director del SII, por ejemplo, no ha estado a la altura de las exigencias del cargo, avalando incluso las maniobras de las AFP de papel creadas por Cuprum y Provida.
2.- Debemos actuar para que el Consejo de Defensa del Estado cumpla su función de defender los intereses del Estado, solicitando la nulidad de las acciones autorizadas indebidamente por la Superintendencia de Pensiones.
3.- Los diputados deberían aprovechar la discusión de los cambios a la Reforma Tributaria para incorporar disposiciones que ratifiquen que no fue voluntad del legislador crear un plazo especial para que se crearan empresas de papel que simularan fusiones para evitar pagar impuestos, sino que se otorgó para empresas reales ya existentes antes de la ley, que se encontraban en proceso de fusión.
4.- La Presidenta Bachelet debería pedir la renuncia a la actual superintendenta de Pensiones, porque sus actuaciones no han velado por el país ni los afiliados y porque ha transgredido la legislación para favorecer a dos empresas.
5.- En ACUSA AFP estamos disponibles para sumarnos a las acciones que las organizaciones sindicales, los Colegios Profesionales y otros actores pluralistas organicen para que el Gobierno nos permita a los ciudadanos elegir entre las AFP o el ex INP.
6.- El Presidente Aylwin y el Congreso Nacional dictaron en 1993 una ley, la 19.200, que permitió a los funcionarios públicos afiliados al INP volver al sistema de reparto. ¿Por qué no darnos el derecho ahora de elegir entre la industria fracasada de las AFP o un Sistema Solidario de Reparto?
