Recientemente, hemos conocido un nuevo caso de colusión y, nuevamente, surge la indignación por la carga adicional que ha debido soportar la ciudadanía durante un largo período. En este escenario, olvidamos que la arquitectura del Sistema de Defensa de la Libre Competencia se modificó hace once años, cuando entró en funcionamiento el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), generando así uno de los mayores avances en esta materia, ya que el sistema anterior dependía, fundamentalmente, de las características y convicciones personales del Fiscal Nacional Económico o, en su defecto, del Gobierno de turno.
El TDLC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) han realizado un trabajo que muchas veces es silencioso, poco conocido, con una gran cantidad de casos que no provocan conmoción pública. Por ejemplo, podemos mencionar que, de las causas contenciosas con sentencia, solo el 20% corresponde a colusión, mientras que el 41% corresponde a precios predatorios. Episodios, por supuesto, sin tanta prensa como la que han tenido el caso de las farmacias, el de los pollos, el papel higiénico y ahora los supermercados.
La evidencia demuestra que nuestro Sistema de Defensa de la Libre Competencia va madurando paulatinamente y que requiere reformas urgentes como, por ejemplo, aumentar las multas condicionadas al tamaño del mercado afectado e, incluso, llegar un poco más lejos, con penas de cárcel para los ejecutivos involucrados. No obstante, es importante ponderar las sanciones y multas con la posibilidad de que las empresas puedan efectuar denuncias o autodenuncias y cooperar en las investigaciones a través de lo que se conoce como delación compensada, antes de pedir modificaciones extremas: sanciones muy altas o extremas impiden la cooperación, así las posibilidades de detectar estos actos disminuye.
Piense usted, por ejemplo, en el caso de un narcotraficante que desea dejar dicha actividad, pero no puede por las amenazas de muerte que recaen sobre él o su familia, sin posibilidad de realizar un cambio en su conducta. Surge, entonces, la necesidad de abrir un espacio para que el individuo pueda cooperar y, además, el Estado pueda proteger su integridad –lo que se conoce como “dilema del prisionero”, donde la mejor opción es cooperar–. Este es solo uno de los tantos ejemplos que nos permiten comprender la necesidad de abrir espacios que permitan la cooperación de las empresas para desbaratar acuerdos colusivos que luego constituyen los llamados “cárteles”.
Dado que, en la mayoría de las legislaciones, los acuerdos colusivos tácitos son ilegales, estos acuerdos no pueden hacerse cumplir. Entonces, la posibilidad de obtener beneficios adicionales es lo que permite sostener un acuerdo. También, se debe tener presente que la fuerza principal que conlleva al colapso de un cártel es la rentabilidad de una desviación unilateral. Se puede apreciar que en ambos casos es la misma razón la rentabilidad: del acuerdo colusivo o de la desviación de dicho acuerdo.
De la teoría microeconómica y la definición del equilibrio Bertrand-Nash (colusión en precios) sabemos que desviarse unilateralmente de un pacto colusivo es rentable. Sin embargo, la rentabilidad de dicha desviación, que en gran medida determina lo inestable que es un cártel, depende de la sustitubilidad de los bienes que fabrican las empresas y de los rendimientos de producción.
Una desviación del precio colusivo en presencia de rendimientos decrecientes a escala no será tan rentable: el aumento de demanda conseguido por la empresa que desvía, poniendo un precio inferior al pactado, conlleva un aumento del coste marginal, lo que merma los beneficios de esa desviación. Eso explica, intuitivamente, el efecto positivo de las deseconomías de escala –empresas producen bienes y servicios a mayor costo– sobre la sostenibilidad del cártel.
[cita tipo=»destaque»]Nuestro país enfrenta una alta concentración en muchos mercados, lo que facilita la colusión. Restringir la producción tiene efectos negativos sobre los mercados laborales y los salarios reales, afectando el crecimiento del país. Si producimos menos, también hay menos empleo y salarios más bajos con precios más altos, que benefician a los productores en desmedro de los consumidores, pero que en el largo plazo generan un daño a la competitividad del país, cuando los empresarios se preocupan más por mantener los privilegios internos con mercados poco competitivos –financiando campañas políticas para evitar cambios en la normativa o mayor control de la autoridad de defensa de la libre competencia– que invertir esos mismos recursos en mejorar la eficiencia y la productividad, así como la innovación para mejorar su rentabilidad.[/cita]
Consideremos, ahora, la rentabilidad de una desviación en presencia de una menor diferenciación entre los productos fabricados por los integrantes de un cártel. Como es lógico, cuanto más sustitutivos sean los productos, mayor será la rentabilidad de una desviación, ya que con un recorte determinado del precio respecto al precio colusivo consigue atraer un mayor número de clientes de la otra empresa.
Resumiendo, debemos acostumbrarnos a la detección de los acuerdos colusivos. Ello es evidencia de que el Sistema de Defensa de la Libre Competencia está funcionando como corresponde. En general, es necesario dejar espacios que permitan la cooperación y el desbaratamiento de los cárteles. Esto nos permite conocer el modo de operación de estos y mejorar los sistemas de detección y prevención de estos delitos.
Las empresas tienen incentivos para coludirse. Sin embargo, también tienen incentivos para desviarse de los acuerdos colusivos por el mismo motivo que tuvieron para coludirse, lo que permite que estos pactos sean inestables en el tiempo. La detección es difícil y, la mayor parte de las veces, los casos descubiertos obedecen a autodenuncias, ya sea porque una de las partes está descontenta con el acuerdo o porque ha sido excluida.
La FNE deberá vigilar más estrictamente aquellos mercados fuertemente concentrados, donde, además, existe la posibilidad de interacción permanente entre ellos como, por ejemplo, en las asociaciones de empresas de un mismo rubro, en productos que poseen pocos sustitutos cercanos y, por tanto, una elasticidad baja con grandes barreras de entrada a nuevos oferentes y en productos relativamente homogéneos. De ahí la necesidad de fortalecer políticas que permitan el ingreso de nuevos participantes en todos los mercados. No hacerlo y permitir la colusión genera en las empresas beneficios de corto plazo, pero grandes pérdidas a largo plazo, tanto para dichas empresas como para el país: se impide el avance, el progreso y la innovación tanto en los sistemas de producción como de distribución; a largo plazo, podrían llegar a Chile empresas con costos menores o perderse la oportunidad de penetrar mercados extranjeros por falta de eficiencia y productividad. En tal sentido, también podemos mencionar que la apertura comercial y la facilidad que se da a la inversión extranjera para instalarse en el país es una barrera natural a la generación de estos cárteles internos.
Finalmente, se puede apreciar que nuestro país enfrenta una alta concentración en muchos mercados, lo que facilita la colusión. Restringir la producción tiene efectos negativos sobre los mercados laborales y los salarios reales, afectando el crecimiento del país. Si producimos menos, también hay menos empleo y salarios más bajos con precios más altos, que benefician a los productores en desmedro de los consumidores, pero que en el largo plazo generan un daño a la competitividad del país, cuando los empresarios se preocupan más por mantener los privilegios internos con mercados poco competitivos –financiando campañas políticas para evitar cambios en la normativa o mayor control de la autoridad de defensa de la libre competencia– que invertir esos mismos recursos en mejorar la eficiencia y la productividad, así como la innovación para mejorar su rentabilidad.
