La discusión de la denominada agenda corta ha puesto en el tapete diversas visiones sobre la sociedad que queremos construir y el rol que la justicia y el sistema policial y carcelario tienen en ella. Esto ha sido claro en la votación de la Comisión de Constitución y en el debate público que se ha generado en torno a la figura de la “control preventivo de identidad” que contó con votos de la oposición pero también de nuestra coalición gobernante.
Y es que hoy no es fácil plantear una mirada distinta en el aspecto de la seguridad, pues prima en buena parte de nuestro país una concepción simplista que nos dice que la delincuencia se aborda sólo con mayor represión. Yo no coincido con esta concepción hegemónica y creo que es necesario que quienes tenemos diversas posiciones de liderazgo social y no compartimos esta visión perdamos el temor a expresarla y contradecir un concepto que tan fuertemente han construido los sectores conservadores de nuestro país, en alianza con una agenda de medios que ha encontrado en el fenómeno de la delincuencia un factor de rating.
Hace algunas semanas el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, lo dejó claro, «El 85% de los jóvenes que caen en el sistema de justicia penal están fuera del sistema educacional, tiene consumo problemático de drogas y alcohol, y casi la totalidad están en abandono familiar. La cárcel no es un disuasivo, porque es parte de las etapas que ellos van a vivir, porque es el contexto social el que los lleva a este tipo de actuar.”
[cita tipo=»destaque»]Seguir subiendo las penas para afrontar este tipo de problemas podrá generar un mayor número de condenas, pero no bajará las tasas de reincidencia. De hecho los estudios indican que hay que favorecer medidas alternativas y penas sustitutivas pues ellas bajan los niveles de reincidencia. Pero esto no lo quieren escuchar los sectores conservadores que han construido en torno a este tema toda una agenda que refuerza la percepción social del problema[/cita]
Seguir subiendo las penas para afrontar este tipo de problemas podrá generar un mayor número de condenas, pero no bajará las tasas de reincidencia. De hecho los estudios indican que hay que favorecer medidas alternativas y penas sustitutivas pues ellas bajan los niveles de reincidencia. Pero esto no lo quieren escuchar los sectores conservadores que han construido en torno a este tema toda una agenda que refuerza la percepción social del problema.
Por otro lado, este afán populista de uso de herramientas del derecho penal como eje para combatir la delincuencia, se impone sin resguardo del mínimo elemental de respeto a las libertades individuales. Claro ejemplo de ello, es esta suerte de “detención por sospecha” que se pretende implementar y que sólo entrega una facultad discrecional a las policías, donde fácilmente se puede caer en el abuso por sesgos de clase u otros estereotipos discriminatorios que funcionan en nuestra sociedad. Diversos especialistas y organizaciones de nuestra institucionalidad han expresado su preocupación al respecto: la Corte Suprema destaca que esta es una medida “difícilmente aceptable en un Estado democrático” pues “se otorga mayores espacios de discrecionalidad a Carabineros, disminuyendo las facultades de control que poseen los tribunales”. En tanto el Alto Comisionando de Naciones Unidades para los DD.HH. ha destacado que “la disposición vulnera conceptos ampliamente adoptados por la comunidad internacional, tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, al otorgar facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía”.
En la Comisión de Constitución de la Cámara Alta presentamos diversas indicaciones junto al senador Araya y Horvath con el objetivo de mejorar el proyecto legislativo denominado “agenda corta”. Una de ellas proponía que el abuso en el ejercicio de las facultades -de las policías- sea constitutivo del delito pues nos preocupa que mayores facultades no sean usadas en forma abusivas. Lamentablemente, esa y otras, no fue aprobada.
Junto a esta Ley Corta es urgente que exista coordinación entre las policías y se aborde el problema de la delincuencia en forma integral. No todo se soluciona con más cárceles, más y más duras penas o más policías. Se requieren políticas efectivas de prevención, distribución adecuada de recursos donde la gente lo requiera, coordinación, programas efectivos de reinserción. El informe de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre las condiciones carcelarias es un ejemplo nítido de esto. Finalmente, urge un nuevo Código Penal que se ajuste a la realidad actual, al Chile del siglo XXI.
Vivimos cotidianamente la sensación de que se aumenta el rigor frente a los delitos tradicionales -y ello parece correcto como señal de que no permitiremos que el fenómeno de la delincuencia crezca- pero no siempre nuestros sistema es igual de duro con los delincuentes que están tras los escandalosos casos de colusión del papel, los pollos, las farmacias y tantos otros que estafan y roban cotidianamente a los consumidores. También se requiere dar una señal clara con una legislación que sea igualmente dura con los delitos de cuello y corbata. Sólo así reestableceremos en nuestra sociedad la sensación de que la justicia es igual para todas y todos.
