«¿No podría ser los intendentes electos una alternativa sensata a los problemas de confianza que el país está viviendo?».
Como sabemos, comenzó un nuevo periodo legislativo, aprobándose en general por el Senado el proyecto que crea la figura de un Gobernador Regional escogido democráticamente (elección de intendentes). Si bien es un paso importante, debemos tener claridad de que será un camino bastante largo. Incluso con la reforma, será necesaria una nueva Ley Orgánica que regule el proceso electoral correspondiente, para lo que pueden pasar meses o años (basta con recordar lo que pasó con los CORES).
Independiente de estas realistas expectativas, parece relevante entrar en las argumentaciones esgrimidas en el Congreso, pues de alguna u otra forma debiesen ser un adelanto de las conversaciones que vendrán respecto al tema.
En este sentido, uno de los argumentos compartidos por la Nueva Mayoría y la oposición se enmarca en lo ilógico que resultaría decidir respecto de la elección democrática de intendentes cuando todavía no se ha trabajado en una ley de traspaso de competencias efectiva ni en una de finanzas regionales. En otras palabras, parecen decir que de nada sirve escoger democráticamente a una autoridad sin atribuciones ni recursos claros.
El argumento tiene toda la lógica del mundo y, en términos generales, debiese ser compartido por varios de nosotros. Aún así, podemos encontrar varios matices.
Si bien es cierto que para avanzar en un desarrollo territorial verdadero debemos contar con una autoridad regional empoderada y con recursos, insinuar que sería un error priorizar la reforma meramente electoral supone considerar que ésta carecería de valor en sí misma, es decir, que solo importaría en relación a sus atribuciones y recursos. Pues bien, parece ser que esto no es del todo así.
Aunque hasta el momento los argumentos para destrabar la elección de intendentes han sido más bien políticos (“debemos partir por algo” o “una vez que se cuenten con intendentes electos no habrá pie atrás en el proceso descentralizador”), hay bastantes otras motivaciones que debemos conocer. Sin querer reducirlas, me gustaría enunciar al menos dos.
La primera tiene que ver con un análisis comparado. Si bien no basta con citar ejemplos desconociendo las experiencias y problemáticas asociadas, debemos al menos considerar que hoy somos el único país unitario de Latinoamérica que no escoge a sus máximas autoridades regionales. El problema persiste si miramos a “nuestros ejemplos” en la OCDE.
En un segundo lugar, bastante literatura sostiene la relación positiva entre procesos de descentralización política (como es la “mera” elección de intendentes) e involucramiento ciudadano. En otras palabras, distintos estudios evidencian que por el simple hecho de acercar la democracia a lo local, la ciudadanía parece percibir un beneficio al participar en el proceso democrático, tanto a nivel formal (elecciones) como informal (asociación espontánea). Precisamente es este proceso el que fomentaría el nacimiento de nuevos liderazgos y grupos que otorguen mayor representatividad a los intereses locales (no necesariamente hablamos de movimientos regionalistas). Entonces, considerando las problemáticas actuales, ¿no podría ser los intendentes electos una alternativa sensata a los problemas de confianza que el país está viviendo?
Con esto —y sin desconocer la necesidad de sincerar las eventuales reformas de traspaso de competencia y finanzas regionales—, parece ser que la sola elección democrática de la máxima autoridad regional sí tendría un valor en sí mismo.
