La impotencia de los familiares de las víctimas del 27/F
Señor Director:
El lunes 14 de marzo y después de casi seis años de investigación de la mediocre actuación del Estado que causó 104 fallecidos a causa del tsunami, se ha dado a conocer el acuerdo de la fiscalía con la parte demandada consistente en un pago proporcional de dinero para todos los involucrados y con eso evitar el juicio oral y por cierto una eventual condena.
Con toda razón, el Jefe de Turno de la ONEMI, declaró a la prensa con absoluta desazón, “parece que voy a ser el único condenado”.
El Plan Nacional de Protección Civil (decreto 156) existe desde el 2002, este documento es un marco de acción, o un “manual de corta palos” para estructurar el Sistema Nacional de Protección Civil y que entre otros indica lo que hay que hacer y tener para enfrentar una situación de emergencia. El 27/F del 2010, este sistema estaba absolutamente desintegrado lo que hacía imposible un actuar coordinado de las capacidades del Estado.
Por otra parte, la ONEMI, único organismo creado por ley para coordinar a nivel nacional al Sistema de Protección Civil en la respuesta a la emergencia, estaba carentes de protocolos de actuación entre las organizaciones de monitoreo de amenazas y el sistema de alerta temprana, ausencia de planificaciones de respuesta en todos los niveles de la administración del Estado, capacidad tecnológica, organizacional, profesional, dotación, financiamiento, infraestructura y otras cosas más, absolutamente precarios para enfrentar, en este caso, los desastres ocasionados por los terremotos que ocurren en el país más sísmico del mundo.
La responsabilidad ejecutiva de estructurar e integrar el sistema (incluida la ONEMI) y la política, de facilitar y disponer la estrategia del Estado para dicha estructuración, sin lugar a duda era de quienes ostentaron por ley, en los ocho años que medió desde la emisión del decreto 156 y el 2010, el cargo que los posicionó en el único lugar que podía tener un empleado público con la potestad para configurar ese sistema acorde a las necesidades del país más sísmico del mundo; la Dirección de la ONEMI y el Ministerio del Interior.
Hoy a los dos representantes de esas organizaciones que los “pilló” el terremoto del 2010, al parecer no tendrán condena.
Rodrigo Ortiz J., Consultor en Gestión de Riesgo y ex Subdirector de Gestión de Riesgos de la ONEMI
