Después de más de un año de tramitación se han promulgado nuevas leyes de partidos políticos y de financiamiento de la política. Estas normas, junto a la reforma electoral y los cambios realizados al rol que cumplirá el Servicio Electoral, constituyen una verdadera transformación de las reglas del juego con que venía operando nuestro sistema político, generando dinámicas específicas en la competencia por el poder, en el sistema de partidos y en el tipo de representación. Muchos de los cambios realizados venían siendo propuestos y debatidos desde hace años, sin embargo, no habían existido, hasta ahora, las condiciones y voluntades para darle prioridad a esta agenda.
Los casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política que han venido saliendo a la luz pública y han conmocionado a la sociedad chilena tuvieron el efecto virtuoso de generar una demanda ciudadana y un convencimiento de las autoridades de gobierno, parlamentarios y partidos políticos, de que era imprescindible promover cambios a la relación entre dinero y política. En particular, mejorar la capacidad del Estado para fiscalizar el accionar político y su financiamiento, así como dotar a los partidos de condiciones más favorables para cumplir con sus responsabilidades de representación.
La creación del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción permitió plasmar el debate de años, analizar la experiencia comparada de otros países y sopesar la magnitud de los problemas para elaborar un amplio set de propuestas que nutrieron los proyectos que el Ejecutivo había venido preparando. La presión de la sociedad civil durante el proceso de tramitación, así como la mirada atenta de los medios de comunicación y la convicción y apoyo de legisladores en momentos clave hicieron posible que los proyectos fueran mejorados y mantuvieran el espíritu original que los orientaba.
[cita tipo=»destaque»]Por primera vez desde el retorno a la democracia enfrentaremos una transformación profunda de los incentivos que ordenan el accionar de la política en nuestro país. Los resultados de estos cambios comenzarán a ser visibles en las elecciones municipales de este año, pero no terminarán de decantar hasta que hayan transcurrido por lo menos un par de elecciones legislativas y presidenciales.[/cita]
Así, por primera vez desde el retorno a la democracia enfrentaremos una transformación profunda de los incentivos que ordenan el accionar de la política en nuestro país. Los resultados de estos cambios comenzarán a ser visibles en las elecciones municipales de este año, pero no terminarán de decantar hasta que hayan transcurrido por lo menos un par de elecciones legislativas y presidenciales.
En el corto plazo tendremos más transparencia en el financiamiento de partidos y campañas, una disminución significativa del financiamiento privado a las campañas, mayor fiscalización sobre posibles irregularidades, así como partidos con más recursos para funcionar y muchas más exigencias con las que cumplir. Sin embargo, solo en el mediano plazo sabremos cómo se irá ajustando la forma de hacer campañas, cómo se encontrará un nuevo equilibrio entre financiamiento público y privado, cómo se modificará la competencia y las condiciones favorables que hasta ahora tenían los incumbentes para ser reelectos.
En el corto plazo no será posible saber cuántos partidos políticos continuarán. Si bien hoy tenemos una gran cantidad de partidos en proceso de inscripción, se necesitará tiempo para saber cuáles serán sus estrategias de alianzas y lo que es más importante, si serán capaces de conquistar el apoyo de nuevos y antiguos electores para poder sobrevivir. La fragmentación del sistema de partidos podría no ser un rasgo duradero del sistema político chileno, dependiendo de cómo los ajustes y el proceso de desencanto con la política se afectan mutuamente.
Este periodo de ajuste podrá parecer amenazante para algunos, pero no hay que olvidar que es enteramente predecible y natural que se requiera tiempo para que los partidos y movimientos políticos y la ciudadanía asuman las nuevas reglas como propias y que estas logren traspasar de la forma a las prácticas políticas concretas. Lo relevante es que luego de más de dos décadas de espera se abordaron cambios que eran esenciales para mejorar nuestra democracia. Vale la pena reconocer los avances y cambios positivos en tiempos donde predomina la desconfianza y el escepticismo.
