Señor Director:
Un día después de conocer –por la prensa– el aumento de 91% en los intentos de suicidio en centros del Sename en el segundo semestre de 2015, con asombro nos enteramos de la muerte de una menor en uno de esos recintos. Hechos que sólo ratifican la contradicción que existe entre la sociedad y el Estado respecto a la protección de nuestros niñas, niños y adolescentes.
Chile suscribió la Convención de los Derechos del Niño en 1989 con lo cual asumió la obligación de ser garante de sus derechos. Los Tribunales de Familia junto a Sename, como principales representantes del Estado en la Política de Infancia, fueron definidos como las entidades que deben intervenir frente a situaciones de vulneración de derechos, para interrumpir relaciones que dañan y obstruyen su adecuado crecimiento y desarrollo. Sin embargo, desde hace varios años que la gestión de Sename ha sido ampliamente cuestionada y diversos actores piden su actualización.
Una muestra de esa necesidad es lo paradojal, y hasta insensato, que es constatar que las medidas de protección que se determinan en pos de esa protección se transformen en espacios donde niñas, niños y adolescentes viven experiencias tanto o más vulneradoras de las que dieron origen a la intervención judicial. Experiencias que van desde relaciones abusivas entre pares y/o con quienes deben cuidarlos hasta las negligencias en las garantías mínimas relacionadas con salud, alimentación, cobijo e integridad física.
Y es que no es posible que desde 2010 en Chile no exista una Política de Infancia acorde a los requerimientos sociales actuales. Así como tampoco, que aún se siga tramitando el proyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y que no exista una institucionalidad y un presupuesto adecuados que permitan contar con servicios que aseguren el cumplimiento del rol garante y de protección que el Estado debe dar a sus niñas, niños y jóvenes.
Ana Fuentealba Alday
Académica Escuela Trabajo Social
Universidad Andrés Bello
