En los anfiteatros de la Helade a menudo se interpretaban obras en la que los protagonistas y sus rivales declaraban no querer cumplir un destino, pero en la práctica hacían todo lo posible para ejecutarlo: el sino trágico del oráculo griego. Algo parecido ocurre en estos días en la Venezuela de Maduro. Nadie –ni gobierno ni oposición– desea repetir la traumática experiencia de un golpe de Estado, todos aseguran que intentan evitarlo, pero en la práctica todos se refieren a dicha posibilidad como si fuera inminente.
Confieso que en varias oportunidades enfaticé la diferencia entre la crisis de Chile en 1973 y la de Venezuela de nuestros días, pero los últimos eventos –particularmente el ambiente de crispación social instalado– aproximan peligrosamente la crisis venezolana a lo que fue el quiebre de la democracia chilena.
Repasemos los hechos venezolanos brevemente: una economía en caída libre con más del 700% de inflación con previsión de más de 2000 para el año siguiente. Contracción económica, que debe mucho a la caída internacional del precio del crudo y a un esquema de dependencia de la exportación monoproductiva que ni el Punto Fijo ni la Revolución Bolivariana supieron superar y que da la razón al economista que se refería a la disponibilidad de petróleo como el excremento del diablo. Niveles de desempleo en ascenso que se acercan al 20%. Desabastecimiento de artículos de insumo primario, un ítem con responsabilidades compartidas por desacertadas políticas económicas gubernamentales y empresarios que se han propuesto hacer caer al gobierno a como dé lugar. Sobre todo inseguridad extendida a todo el país, y por cierto que no me refiero a las jornadas de protesta y sus contramanifestaciones, sino que a la delincuencia que aprovecha la situación y el movimientismo social para vulnerar la seguridad ciudadana.
La clase política no atina a una solución compartida. Aunque hay que decirlo: la oposición se ha remitido a la institucionalidad al reunir 1 millón 850 mil firmas para convocar al referéndum de revocatoria de mandato previsto en la Constitución Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que se tomará el mes de mayo para validar las signaturas y el Presidente Nicolás Maduro decreta el Estado de excepción y emergencia económica previniendo el estallido social provocado por el malestar de la sociedad ante la precariedad económica y la negativa oficialista al plebiscito.
La Asamblea Nacional declara no ha lugar al estado de excepción. El tribunal supremo de justicia dirime la contienda Ejecutivo-Legislativo a favor del gobierno. La crisis económica desborda a un franco enfrentamiento de poderes del Estado y el fuego se extiende a las calles que son mudas testigos de las multitudinarias marchas de la oposición rebalsando los barrios del este caraqueño, controlados por la opositora Mesa de Unidad Nacional (MUN). No puede ser de otra forma, un cordón de seguridad policial impide que continúen hacia el centro capitalino y las sedes del CNE. Lo peor de todo: la voluntad de diálogo está quebrada.
La Organización de Estados Americanos, imposibilitada de mediar ante los dimes y diretes del Presidente Maduro y el Secretario General de la organización hemisférica. La UNASUR que en el pasado fue pródiga en la resolución de crisis como la de Bolivia y de Ecuador, hoy es poco operativa ante la distracción en asuntos domésticos de su socio principal, Brasil. Incluso la iniciativa de los ex jefes de gobierno de España, República Dominicana y Panamá: Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos, parece poco viable. Maduro apenas si la ha mencionado y el MUN insiste en que no habrá conversaciones si no es sobre la base de la consulta popular a la continuidad del gobierno.
[cita tipo=»destaque»]En síntesis, se ha constituido una triada de factores que presagian un cambio drástico en Venezuela si es que no se retoma el diálogo: crisis y desabastecimiento económico, enfrentamiento entre poderes del Estado, crispación social en escalada. Para muchos venezolanos el aire recuerda al Caracazo de 1989, ciclo que preludió el frustrado intento de golpe que liderara el mismísimo teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías en febrero de 1992, descrito como el principio del fin del sistema de Punto Fijo en Venezuela. Y desde nuestras latitudes comienza a ser mortalmente parecido al contexto crítico de septiembre de 1973. Sin embargo, aún existe un par de diferencias notables que hay que mencionar respecto del caso chileno.[/cita]
En síntesis, se ha constituido una triada de factores que presagian un cambio drástico en Venezuela si es que no se retoma el diálogo: crisis y desabastecimiento económico, enfrentamiento entre poderes del Estado, crispación social en escalada. Para muchos venezolanos el aire recuerda al Caracazo de 1989, ciclo que preludió el frustrado intento de golpe que liderara el mismísimo teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías en febrero de 1992, descrito como el principio del fin del sistema de Punto Fijo en Venezuela. Y desde nuestras latitudes comienza a ser mortalmente parecido al contexto crítico de septiembre de 1973. Sin embargo, aún existe un par de diferencias notables que hay que mencionar respecto del caso chileno.
La Fuerza Armada Nacional (FAN) que durante años ha constituido, junto al movimiento social chavista, una de la piedras angulares de un sistema que era completado por el hiperliderazgo del carismático Chávez, no insinúa –al menos en su alta oficialidad– deslizamientos hacia posiciones de ruptura con el oficialismo. Si han aparecido críticas, estas han sido de jefes militares alejados del servicio activo. No obstante, aun así es difícil escrutar lo que piensan los denominados COMACATES (comandantes, mayores, capitanes y tenientes), quienes precisamente fueron los protagonistas de eventos como los de febrero de 1992.
Adicionalmente no se puede dejar de mencionar que, en el caso chileno, antes del quiebre existió una voluntad de diálogo por parte de actores de gobierno y oposición que se echa de menos, además de la idea presidencial de someterse a un plebiscito, mecanismo que no estaba en la Constitución chilena de 1925, pero que sí está en la Carta Magna bolivariana de 1999. El punto es si acaso dicho instrumento se ha convertido en parte del problema para un gobernante que sospecha que ha perdido parte del respaldo popular que gozó su antecesor.
El laberinto es aún mayor si se piensa que al interior del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela surge una tímida disidencia a la conducción del país. Incluso el nuevo perfil de “duro” de Diosdado Cabello da que pensar, un hombre que como Chávez combinaba estridencia discursiva y un gran talento a la hora de las propuestas y la construcción de acuerdos. ¿Será acaso la carta oficialista para mantenerse en el poder?
