Señor Director:
Las recientes indagaciones sobre abusos en la administración de gendarmería no pueden sino constatar la precariedad que se vive hoy en la administración pública, aumentando con ello la existente sensación de desconfianza en la gestión del sector público. Pero, lo que a todas luces parece insólito, es la respuesta del Ministerio de Justicia ante estos hechos, cuando la medida que ha tomado para visibilizar una acción concreta contra los abusos fue la de tomar acciones contra las licencias fraudulentas que se dan al interior de dicha unidad.
Son de público conocimiento las malas condiciones laborales, las limitaciones contractuales y bajas remuneraciones que reciben los gendarmes en nuestro país, a partir de lo cual es posible pensar la instalación de estas prácticas, las que no siendo justificables, se podrían llegar a comprender. Lo que resulta indignante para la sociedad es que desde un ministerio cuya titularidad es la justicia, se opte por enfrentar mediáticamente el tema de los abusos en la gestión afectando al estamento más débil dentro de una organización tan jerárquica como esta.
Esto no es más que una expresión de injusticia donde se omite intervenir de forma seria y eficaz los estamentos de mayor jerarquía generando una protección injustificable a las esferas de mayor poder. Una tremenda contradicción para la figura de un empleador que debiera ser ejemplo en lo que se refiere a política laboral y a gestión organizacional y peor aún, un servicio que en su tarea es quien abriga el deber de la justicia en nuestro país.
Ana Fuentealba Alday, docente de Trabajo Social, UNAB
