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Seguridad ciudadana en Chile: el estado de ceguera permanente

por 20 julio, 2016

Seguridad ciudadana en Chile: el estado de ceguera permanente
Pese a que la pobreza ha disminuido en Chile, los patrones de su distribución siguen prácticamente idénticos desde hace décadas, ahondando la exclusión social y la segregación espacial, con un florecimiento estructural de grupos sociales marginados, con sus propios códigos, valores y comportamientos, donde la violencia es el recurso más abundante para solucionar problemas. Ello es parte del llamado 'efecto barrio', en que la concentración espacial de la pobreza moldea los mecanismos de socialización, particularmente por un entorno que carece de servicios y autoridad, y que se autorregula.
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La crisis institucional del país es envolvente, de tal manera que todos los temas son fríos y urgentes al mismo tiempo, y apuntan a la gobernabilidad. No hay agenda política, solo sucesos.

La norma sobre control de identidad de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia que acaba de entrar en aplicación, generó un crítico debate acerca de si el país avanza o retrocede en materia de seguridad y concepción criminológica. En parte por esta norma y porque también lleva disposiciones sobre juicio en ausencia y un blindaje legal al accionar de las policías, sin contrapartida de exigencias de eficiencia o de control.

El enfoque criminológico del Estado hace rato está contaminado de cifras y datos poco fiables. Lo que se denomina alza evidente de la delincuencia, además de histeria, solo provoca legislar al bulto y para la galería. La mano dura, antes que resultar de una evaluación seria de la eficiencia de mecanismos e instituciones, es una intuición populista de que el crimen debe pagar, y no la búsqueda de acciones antidelictivas más eficaces.

No es la primera vez que un debate de esta naturaleza ocurre o que queda en evidencia que la política, cualquiera sea su orientación doctrinaria, carece de visión estratégica en materia de seguridad. Ella no es capaz de captar la eficiencia de los mecanismos y la institucionalidad necesaria.

El problema es de larga data, aunque ahora es parte de la crisis global. Salvo en casos graves vinculados a alarma pública o estabilidad política, como el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán o el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio, siempre han predominado las declaraciones altisonantes sobre nuevos planes, que la inercia burocrática de policías y políticos se encarga de llevar al olvido.

Un momento álgido en el pasado fue el año 2000, cuando Joaquín Lavín casi le gana la elección presidencial a Ricardo Lagos, voceando un mensaje de inseguridad ciudadana. De entonces datan eslóganes como Tolerancia Cero o ventanas rotas (broken windows) y nombres como los de William Braxton o Rudolf Giuliani a manera de nuevos profetas de las ciudades seguras.

El toque de incompetencia y subdesarrollo nunca estuvo ausente de esta política. Ejemplos son el discurso del ex Presidente Ricardo Lagos, quien sostuvo que con la Reforma Procesal Penal “se iba a dar un golpe a la delincuencia”, y el alcalde Lavín, en Santiago, que instaló casetas de observación en el centro para contener la delincuencia.

Nada serio para reformar y modernizar efectivamente a las policías y variar el enfoque criminológico del Estado. Este, hipotecado en delitos de menudencia y en la defensa de la propiedad privada, dejó a un lado la prevención del crimen organizado o los delitos complejos, los que ya amenazan incluso a la política, como evidencia lo de SQM. Los nuevos delitos, la ciudad como espacio seguro, la corrupción y las organizaciones criminales avanzadas, sobre todo en materia económica, quedaron siempre fuera del foco de atención.

Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, con expectativa pública, se creó una oficina en La Moneda a cargo de una coronela en retiro de Carabineros. Su accionar pasó inadvertido, como mero capricho presidencial, y nadie se enteró para qué sirvió. En fecha indeterminada sus pocos efectivos pasaron a alimentar administrativamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, otro oscuro pozo de ineptitud fiscal.

Michelle Bachelet, en su estilo neocaudillista, ofreció la creación de un Ministerio de la Seguridad, que su base de apoyo político secundó entusiasmada. Conseguido el Gobierno, Bachelet nombró a José Antonio Viera-Gallo como funcionario ad hoc para viabilizar el plan. Este, luego de pocos meses, le informó que era mejor olvidar una ocurrencia contaminada de esteroides populistas, y todo terminó en gestión cero.

No se trata de hacer una historiografía del tema. Pero es útil recordar la errática política desde entonces, para hoy contextualizar lo que se hace. Porque los debates, imputaciones y requerimientos a la política, más allá del lugar común del aumento de penas y controles de identidad, es algo tan viejo como el silencio de los inocentes.

La decisión de algunos parlamentarios del PC de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la norma denominada “detención por sospecha”, como atentatoria a los derechos humanos, era perfectamente legítima y legal, y es una lástima que sus impulsores hayan retrocedido por disciplina gubernamental.

En la doctrina de derechos humanos actualmente imperante en tribunales internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Justicia, se aplica el “control de convencionalidad” y el de “responsabilidad del Estado por omisión legislativa”. Ambos principios conllevan, sobre todo el primero, la obligación de todos los órganos internos de un Estado, no solo los judiciales, de no aplicar normas lesivas o contrarias a los derechos humanos que por Convención o Tratado obligan al Estado en cuestión. El control de convencionalidad debiera hacerse a la norma de control de identidad aprobada y permitiría, al menos, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta se pronuncie, no en un juicio, sino como una declaración de mera certeza jurídica.

El caso test del control de convencionalidad fue “Almonacid Arellano contra el Estado de Chile”, sentencia del 2006 de la Corte Interamericana, por la desaparición y asesinato de un militante comunista.

La reacción destemplada de autoridades de la Nueva Mayoría objetando el pronunciamiento de la Comisión Interamericana, ejemplifica la baja razonabilidad de la norma aprobada por el Parlamento chileno, y el hecho de que parece efectivo que la vigencia de los derechos políticos y las libertades civiles va en retroceso en nuestro país.

La teoría de las poblaciones peligrosas

Pero el tema es más profundo todavía. El país muestra una tendencia a reponer la vieja doctrina del “control de las poblaciones peligrosas” en la orientación de sus políticas criminológicas. Ellas serían áreas territoriales desamparadas y franjas etarias de población social y económicamente deprimidas, que por esta condición son asociadas al delito y son objeto de acciones policiales concentradas. Identificadas generalmente con adolescentes o jóvenes adultos de barrios pobres, en condiciones de marginalidad estructural y sin empleos, los pobres se consideran peligrosos.

Salvo por el tipo de delitos, Chile no escapa a las estadísticas globales de América Latina. La violencia y el crimen se han mantenido estables en las últimas décadas en el continente, el que pese a tener solo el 9% de la población mundial, concentra más del 30% de los homicidios mundiales (excluido el terrorismo). De los diez países con las tasas más altas de homicidio en el mundo, siete están en la región, y de las 50 ciudades con mayores tasas de criminalidad 42 son latinoamericanas, incluyendo las primeras 16. Países con bajas tasas de homicidio, como Argentina, Uruguay o Chile, experimentan una sensación altísima de inseguridad debido a los altos niveles de victimización generados en delitos contra la propiedad (generalmente robos y hurtos) asociados a niveles de violencia.

Las políticas públicas habitacionales han contribuido a "una ciudad segregada en términos socioeconómicos, con áreas urbanas fragmentadas desde el punto de vista administrativo, con inequidades en la calidad de los servicios públicos, y creciente inquietud, temor y percepción de inseguridad en la población". Lo que nos está diciendo es que la sociedad crea el problema y luego lo interpreta como peligro social.

En todas partes el mapa de victimización varía mucho y determina las percepciones ciudadanas dominantes. Los países con más altas tasas de homicidios por subregión son Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en Centro y Norteamérica; Venezuela, Colombia y Brasil en Sudamérica; y Belice y Jamaica en el Caribe. Pero si se toman las tasas de victimización total (por cualquier tipo de crimen con violencia), la composición varía y países como Ecuador, Perú, Bolivia, México, Uruguay y Argentina pasan a liderar el ranking.

En todas partes el crimen se concentra de manera muy desproporcionada en ciertos lugares: ciudades, barrios, e incluso cuadras. En Honduras, por ejemplo, el 5 % de las ciudades concentran el 65% de los homicidios y dentro de ellas son unos pocos barrios los determinantes, ubicados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estudios de ciudades norteamericanas muestran que el 1% de ciertas cuadras en determinados barrios puede concentrar hasta el 50% de todos los delitos del área, y en el 5% de las cuadras en general se puede concentrar hasta el 70% de todos los delitos de la ciudad.

Algo similar pasa en toda América Latina, solo que aquí las estadísticas no son confiables, porque no existen para hacer políticas sino para causar miedo o dar legitimidad al accionar de las policías.

Ello se nota en las víctimas de homicidio, principalmente jóvenes, varones, pobres, de comunidades marginadas. Brasil, con más de 50 mil homicidios por año, concentra más del 30% de toda la región. Y más de la mitad de las víctimas son jóvenes y de ellas el 80% afrobrasileños, es decir, la gente más pobre de la sociedad.

En Chile, la situación no es diferente. La socióloga Tamara Ortega (tamara.ortega.u@gmail.com) en un artículo sobre La Pintana, dice que del análisis de los procesos experimentados por los jóvenes pobres de la ciudad, ellos “además de protagonizar altos índices de desempleo, deserción escolar y precariedad, deben lidiar en forma habitual con las características más nocivas presentes en barrios segregados. Entre ellas, manifestaciones de violencia y hechos ilícitos que contribuyen a trazar el esquema de percepción y sentidos de pertenencia de la etapa adolescente”.

Y agrega, citando a otros autores, que las políticas públicas habitacionales han contribuido a "una ciudad segregada en términos socioeconómicos, con áreas urbanas fragmentadas desde el punto de vista administrativo, con inequidades en la calidad de los servicios públicos, y creciente inquietud, temor y percepción de inseguridad en la población". Lo que nos está diciendo es que la sociedad crea el problema y luego lo interpreta como peligro social.

Pese a que la pobreza ha disminuido en Chile, los patrones de su distribución siguen prácticamente idénticos desde hace décadas, ahondando la exclusión social y la segregación espacial, con un florecimiento estructural de grupos sociales marginados, con sus propios códigos, valores y comportamientos, donde la violencia es el recurso más abundante para solucionar problemas. Ello es parte del llamado 'efecto barrio', en que la concentración espacial de la pobreza moldea los mecanismos de socialización, particularmente por un entorno que carece de servicios y autoridad, y que se autorregula.

El Mideplan realizó el año 2007 un estudio sobre Zonas Urbanas Vulnerables en la capital. El resultado arrojó que en Santiago hay 180 poblaciones deprimidas y cerca de 2,5 millones de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad.

Son alrededor de 180 puntos territoriales complejos. Nombres como Población Cuatro de Septiembre, el Castillo, Francisco Coloane, Marta Brunet, El Volcán, La Chimba, San Luis, San Gregorio, Cerro 18, el Manzano o Lago Puyehue son ampliamente conocidos por la policía y las autoridades que las califican de “zonas peligrosas”.

En medio de basurales y lejos de todo centro de servicios del Estado, sin comercio, farmacias o bancos, sin teléfonos públicos ni servicios de correos regulares, con un deterioro total de viviendas, servicios de agua potable y electricidad, no existe noción de seguridad y el Estado no existe.

El tema se repite a nivel nacional. Desde Arica e Iquique hasta Magallanes. Poblaciones como la Jorge Inostroza, Laguna Verde y las Quintas II de Iquique; Autoconstrucción la Pampa, el Boro, Raúl Rettig en Alto Hospicio; San José, y La Negra en Arica, Bonilla y Arenales en Antofagasta, Las Tinieblas, Nueva Alemania, Gustavo Le-Paige, Alemania Antigua en Calama, es un suma y sigue de inseguridad y pobreza. Coquimbo, La Serena u Ovalle tienen otras tantas iguales, y en Valparaíso, las poblaciones Montedónico en Playa Ancha, la Glorias Navales o “navajales” en Viña del Mar, aumentan el folklore de puerto bravo.

El narco es una autoridad territorial en ellas y eso es conocido por las policías que tienen identificados a los capos y conocen sus rutinas de control. El ejemplo de la inoperancia fueron hace algunos años las excursiones de madrugada con caballería blindada y apoyo aéreo del Fiscal Peña a la Legua de Emergencia, para llevarse unos pocos gramos de marihuana y pasta base. A nadie se le ocurre que vivienda, hábitat y espacios públicos, además de empleo, son el problema.

¿Para qué sirven entonces la detención por sospecha y la famosa Agenda Corta Antidelincuencia? La policía sabe dónde intervenir y cómo hacerlo y las autoridades dónde están las soluciones.

Desde 1980 se han entregado viviendas casi sin equipamientos sociales (colegios, consultorios o centros comerciales), y la política de relocalizar ha eliminado focos conflictivos distribuyendo indiscriminadamente a los pobladores en otros sectores, es decir, exportando y diseminando el delito. Ello, mientras muchos se han enriquecido con el “modelo Copeva”.

Según Gendarmería, los delitos de homicidios, secuestros, robos, hurtos, tráfico de drogas, porte de armas y lesiones son los principales por los que han sido encarcelados los reos. Si se estudiase a fondo el origen territorial de los reclusos, se obtendría información de enorme calidad respecto de las poblaciones peligrosas ya identificadas, para luego diseñar políticas aptas.

En muchos lugares con políticas adecuadas se ha logrado bajar drásticamente los índices de criminalidad. Incluso hay un conjunto de políticas que se repiten en los casos de éxito, como una policía más orientada a resultados, que usa la información de manera intensiva para orientar acciones de prevención y control, regulaciones que controlan las armas y el dispendio de alcohol, programas que se concentran en dar oportunidades a los jóvenes en riesgo o revitalizar zonas calientes movilizando a la propia comunidad en la respuesta, sobre todo a nivel de barrios y de familias en condiciones de riesgo.

Los programas de ambientes sociales protegidos para niños en riesgo, donde se promuevan comportamientos pro sociales y de integración con la comunidad y tolerancia cero a la violencia en el hogar, han demostrado efectos benéficos a largo plazo. Estas estrategias de prevención primaria, se deben reforzar con la disminución de la violencia en las escuelas y un control estricto de lo que hacen los municipios.

Es verdad que no existe una varita mágica de soluciones, pero al menos hay dos ámbitos muy claros de trabajo: el comunitario y el policial. En este último, una reforma policial orientada al control de eficiencia, la racionalidad y la profesionalización, además de la responsabilidad pública, es indispensable.

En el campo comunitario, ciudades integradas, equipamientos comunitarios, fortalecimiento de espacios públicos, dotación profesional de los municipios y programas de asistencia a barrios, como unidades de intervención, parecen fundamentales.

Si se dio el trabajo de leer esta enorme nota, puede responderse asimismo una pregunta: ¿ha escuchado de que algo de este tipo de políticas se aplique en su barrio?

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