Las críticas respecto de la institucionalidad y la gestión de Sename no son nuevas. Estas se vienen debatiendo, con más o menos publicidad, desde comienzos de los noventa, especialmente luego de la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de Chile.
Los problemas que muestra el Servicio, entre ellos los que se han hecho más evidentes tras la investigación respecto de las muertes de niños y niñas bajo la custodia del Estado, tampoco son nuevos. Lo que ha sucedido estas últimas semanas, no obstante, marca una diferencia relevante. El gobierno ha reconocido públicamente que la situación no da para más y que deben tomarse decisiones radicales. Entre ellas, se cuentan los cambios de autoridades, anuncios de reestructuraciones, etc.
¿Pero son estas medidas suficientes? ¿Garantizan que la situación de los niños y niñas mejorará de manera sustancial en los años que vienen?
Por supuesto que no, por dos razones fundamentales. La primera dice relación con el contenido y alcance de los anuncios. La segunda, con que la situación de Sename, problemática sin lugar a dudas, representa solo una parte de la historia, relativa al descuido de las políticas estatales respecto a los niños y las niñas.
Desde la primera perspectiva, Sename requiere hacer un trabajo de diagnóstico y propuestas que le permitan cumplir adecuadamente con sus fines. Ese trabajo no puede, sin embargo, hacerse solo a nivel institucional.
El primer desafío de la nueva directora, la ex fiscal Solange Huerta, debería encaminarse a reconocer sin titubeos la situación de crisis, para luego proponer diversas medidas para superar los focos más problemáticos de gestión de la institución, comenzando por aquellos más graves y que ponen en riesgo la vida y la seguridad de los niños y niñas que se encuentran bajo su cuidado, pero sin descuidar a los demás.
En este sentido, deberían investigarse y sancionarse las conductas que se así lo ameriten y luego sería conveniente que Huerta construyera alianzas con instituciones validadas a nivel nacional e internacional en materias de derechos de la infancia, como Unicef u otras instituciones académicas, y que se hiciera público un plan con metas concretas a implementar, en un futuro cercano, para que luego pueda ser supervisado por la ciudadanía.
Así, también, los esfuerzos debieran encaminarse a una completa reestructuración de la institucionalidad, que ha sido permanentemente postergada desde 1990. Esta debiera contemplar, entre otros elementos, una separación clara entre funciones de protección y de persecución penal especial, unificación de criterios de intervención, fiscalización sustantiva de las instituciones, etc. Así las cosas, quizá la tarea más significativa de la nueva dirección sea justamente llevar al Sename a un término adecuado, tras fijar las bases para una nueva institucionalidad.
En segundo lugar, no puede olvidarse que Sename es solo un eslabón dentro de la institucionalidad y políticas públicas hacia de la infancia. Por esta razón, es necesario abordar esta temática desde una perspectiva que integre más elementos y que sea capaz de articularse como una política nacional. En este sentido, por ejemplo, se hace urgente revisar el trabajo y los objetivos alcanzados a la fecha por el Consejo de la Infancia, discutir sobre la conveniencia de la creación de un Defensor del Niño/a, o conocer el proyecto de Ley de Servicio de Reinserción Social, que el Ministerio de Justicia ha trabajado pero no ha difundido aún.
Todas las anteriores son iniciativas que podrían tener un impacto positivo en la situación de los niños y las niñas, pero no si se hacen de manera aislada, sino que integradas en un esfuerzo claro y serio del gobierno por crear una institucionalidad capaz de hacerse cargo de los desafíos, con una agenda articulada.
[cita tipo=»destaque»]También es absolutamente indispensable crear las condiciones para que los niños puedan acceder a medidas y tratamientos de apoyo frente a los altos índices de consumo problemático de alcohol y drogas, como, asimismo, respecto a los elevados problemas de salud mental que manifiestan.[/cita]
En este mismo sentido, si bien Sename está llamado a cumplir un rol muy relevante respecto a los casos de conflictos de niños y niñas que se judicializan (tanto en los Tribunales de Familia como en la justicia penal), fundamentalmente interviniendo en las medidas y sanciones que se impongan sobre de ellos, es el sistema judicial y procesal mismo el que también urge revisar.
Así, por ejemplo, el sistema de justicia penal adolescente vigente desde 2007 no cumple con las exigencias de especialización de un sistema juvenil de acuerdo a estándares internacionales. Por otra parte, la representación de los intereses de los niños a través de curadores ad litem en tribunales de familia también encuentra problemas, fundamentalmente porque el proceso no permite en muchas ocasiones llevar adelante una representación sustantiva de los intereses del niño o niña.
En ambos tipos de materias, aunque en jurisdicciones diferentes, urge hacer una revisión del tipo de procedimiento judicial (de corte adversarial) que se sigue adelante cuando se encuentran niños involucrados y especialmente integrar a los mismos aproximaciones más colaborativas entre el niño, su familia y diversas agencias estatales que intervienen en su protección.
También es absolutamente indispensable crear las condiciones para que los niños puedan acceder a medidas y tratamientos de apoyo frente a los altos índices de consumo problemático de alcohol y drogas, como, asimismo, respecto a los elevados problemas de salud mental que manifiestan.
Es de esperar que las soluciones a los graves problemas que se han evidenciado con mayor fuerza durante las últimas semanas se aborden con una perspectiva de Estado, que sea capaz de transformar en los hechos las condiciones de vida en las que viven muchísimos niños y niñas en nuestro país.
