Días atrás, la ministra de Educación planteó –entre otras cosas– que la Universidad de Concepción podría convertirse en una universidad estatal, siempre y cuando “decidieran aceptar a tres o cuatro representantes de la Presidenta de la República y comprometerse a cumplir con tener la gobernanza que establece la ley para las estatales”. Curioso y “espontáneo” planteamiento de la ministra. Lo anterior sobre la base de cuatro consideraciones.
En primer lugar, temas tan complejos y de importancia como es la educación superior y la relación que debe existir entre el Estado y sus Universidades, sean estas del Cruch o del G9, no se debaten o plantean a través de la prensa o en una entrevista; más bien requieren conversaciones formales y, sobre todo, planteamientos serios en los espacios institucionales que existen. Por lo tanto, la declaración de la ministra más parece un comentario en voz alta, de una conversación entre amigos o colegas, que una reflexión o punto de vista de una autoridad de Estado.
En segundo lugar, impulsar cambios a las estructuras (funcionamiento y desarrollo) de una universidad, en este caso de la Universidad de Concepción, no es un tema tan simple y de fácil resolución, se requiere pensar y dialogar, no solo a nivel político, léase autoridades del ministerio y la Universidad, sino también al interior de la propia comunidad universitaria, para de esa forma analizar los pro y contras de –eventualmente– impulsar un cambio tan radical como este.
Al respecto, ¿alguien ha realizado algún estudio concienzudo sobre lo que significaría avanzar en esta idea de convertir a la Universidad de Concepción en una institución del Estado? Hasta ahora desconocemos investigaciones, estudios o análisis en esa línea.
Por lo tanto, dejando fuera los deseos, ansias, anhelos o ímpetu de algunos actores, que puedan significar convertirse en una universidad estatal, se hace necesario mirar las cosas con perspectiva histórica, en un largo plazo y no dejarse llevar por aquellas voces, incluso intereses, que más que pensar en el conjunto, buscan acarrear dividendos personales o corporativos y aprovechan la coyuntura para levantar críticas a la gestión institucional, es decir, personalizar la discusión y los temas.
[cita tipo=»destaque»]Hasta ahora desconocemos investigaciones, estudios o análisis en esa línea. Por lo tanto, dejando fuera los deseos, ansias, anhelos o ímpetu de algunos actores, que puedan significar convertirse en una universidad estatal, se hace necesario mirar las cosas con perspectiva histórica, en un largo plazo y no dejarse llevar por aquellas voces, incluso intereses, que más que pensar en el conjunto, buscan acarrear dividendos personales o corporativos y aprovechan la coyuntura para levantar críticas a la gestión institucional, es decir, personalizar la discusión y los temas.[/cita]
En tercer lugar, y en eso sería bueno dar una mirada a la historia de la Universidad de Concepción y no solo aquella que se circunscribe a los años 1968 al 1973, sino a toda su historia, y allí se podrán constatar cuatro cosas.
Primero, fue el propio Estado el cual durante meses, por no decir años, puso trabas para la puesta en marcha de la universidad. Es cosa de revisar la prensa de la época o los escritos de Enrique Molina y algunas entrevistas a Virginio Gómez. De no ser por aquel grupo de vecinos y por el impulso del citado Gómez, quien imprimió una dinámica absolutamente diferente, desprendiéndose del incierto dictamen del Congreso, para llegar a resolver en una reunión del comité pro-Universidad, del 19 de enero de 1919, que no cabía esperar la decisión legislativa sino que resolver de una forma autónoma la creación de la universidad, el Estado habría seguido entrampando su puesta en marcha.
Segundo, a mediados de siglo XX, el propio Estado, el año 1954, a través de la Contraloría General de la República, señaló que la universidad tenía el carácter de “establecimiento de utilidad pública”, ya que tiene por “misión la enseñanza en su rama superior” y, además, diversas leyes han contribuido a su financiamiento adecuado.
Tercero, han sido varios rectores quienes, en diversos periodos, han tenido que realizar un sinnúmero de gestiones ante la autoridad política de turno (presidente y parlamentarios) para asegurar los aportes y recursos para nuestra universidad.
Y en cuarto lugar, circunscribir que el apoyo o el reconocimiento por parte del Estado a la Universidad de Concepción, pasa por que esta se convierta en una institución estatal, no hace otra cosa que mostrar una mirada bastante reduccionista, a corto plazo, incluso de desconocimiento, por no decir ignorancia, sobre el compromiso público y el desarrollo regional y nacional que ha desempeñado en sus casi 100 años de vida la principal universidad del sur de Chile y la tercera del país.
En consecuencia, el mismo Estado que ha transitado entre el nulo respaldo en los orígenes de la universidad, luego el reconocimiento a la función pública de la Casa de Estudios y, por último, la burocracia para contribuir con los aportes, hoy a través de la prensa, en medio del debate, la confusión y la crítica transversal de rectores, alumnos y académicos a la reforma educacional del Gobierno y sin mayores argumentos, señala que la Universidad de Concepción puede convertirse en una Universidad del Estado, como si aquello fuera el tema de fondo de la falta de apoyo y respaldo al quehacer de la educación superior y de nuestra Universidad de Concepción en particular.
Ni siquiera Salvador Allende y el Gobierno de la Unidad Popular, con su política de estatizaciones, pensó en semejante “idea”.
