Opinión
El Gobierno, a través de la destitución de la rectora Pey, no solo ha humillado a la izquierda de la coalición sino que, además, ha develado su verdadera alma, que no la diferencia mucho de la derecha, evidenciando un profundo centralismo y autoritarismo político.
Giorgio Jackson, líder de Revolución Democrática, siempre mesurado, se sale de libreto y dice que su destitución “es un insulto”; el siempre ordenado y conservador PC, se altera y manifiesta que “es un error” y una respuesta apresurada a la solicitud de quienes representan a sectores “que se han enriquecido en Aysén gracias al modelo económico que nos rige”.
La corriente de Fernando Atria en el PS –el corazón del oficialismo–, respalda a la rectora y critica al Mineduc; los rectores, desde Vivaldi, pasando por Valle hasta Sánchez –aunque Zolezzi va más allá y pide la cabeza del Nico–, critican la medida que tensiona al oficialismo y ponen en el centro del debate al dúo Eyzaguirre-Valdés, los que, según propia confesión, fueron a colegios donde compañeros idiotas llegaron a ser gerentes –y más de alguno ministro– y que, definitivamente, no creen en la educación pública y han puesto nuevamente al Gobierno en un jaque mate. Justo un día después que uno de los máximos responsables del deplorable panorama político –Ricardo Lagos– le propinara a Bachelet, quizá, una estocada letal.
El Gobierno logra por un instante, por obra y gracia de la impericia y la torpeza, lo que ningún manifiesto, declaración, congreso, pleno, pudo nunca desde Allende: unir a la izquierda, al punto de que el diputado Gabriel Boric logró hacer la síntesis: “Hoy día el Gobierno se constituye como uno de los defensores del actual modelo de educación superior”, poniendo fin al debate que se abrió con la destitución de la rectora Roxana Pey.
Solo queda la duda de si los protagonistas, como en una obra de Ionesco, se concertaron a la perfección para hacerlo tan mal, pues de otra manera no se explica la profunda crisis que abrieron en la coalición con la señalada destitución. Esta es una obra de arte que quedará en los anales, amén de un clásico que será estudiado en seminarios y tesis sobre lo que no se debe hacer en política.
Y es que la solicitud de renuncia –Marcelo Díaz lo dijo así: “La Presidenta actúa a través de sus ministros de Estado” y “es una facultad del Presidente de la República”–, transformada, una vez que la rectora se negó a acatar, en destitución por parte del ministro Mario Fernández, da cuenta de que el Gobierno (una vez más) está en el limbo –por decirlo diplomáticamente–, y que lo más parecido a lo que estamos viviendo es la analogía del rey (y su palacio completo) desnudo.
Pero que conste: no somos nosotros los protagonistas de este filme mediocre y dramático, son ellos –incluido el propio Lagos– los que continúan de parranda y parece que sin ninguna gana de parar la fiesta quizá hasta que, intoxicados a más no poder, perezcan en ella.
Dicen que las mazmorras de la Santa Inquisición se parecían bastante a las de los Gulags, y es que en el fondo las ideologías que las sustentaban, por más contradictorias que parezcan, suelen producir realidades similares cuando son desafiadas: reaccionan violentamente.
Hace poco, un conocido analista de la plaza escribió optimista que con la ida de Burgos se desplegaba un horizonte prometedor, pues el Gobierno retomaría su agenda reformista. En una modesta columna en este medio señalé que estuvieran precavidos aquellos que veían en su salida un cambio de rumbo, ya que la Presidenta se encargaría pronto de volverlos a la realidad.
[cita tipo= «destaque»]Para colmo a la rectora se le ocurrió opinar en temas de debate público nacional y ahí se enfrentó con tres poderosos caballeros: el portalianismo metropolitano de izquierda, un señor feudal y la policía de las palabras. Y ustedes entenderán: no pudo sobrevivir a tamaña colisión.[/cita]
Por entonces, jamás se me pasó por la cabeza que ello se produciría a través de un hecho que violentaría nuestra inteligencia: la destitución de una rectora de una universidad pública, cosa que –hasta donde yo recuerdo– no había ocurrido en democracia y hace evidente la suerte que correrían varios rectores si la administración Bachelet dispusiese de tal facultad.
Y cuando vinieron los cuestionamientos a la medida, apareció Fernández, quien sin arrugarse ni menos ofrecer una explicación racional, se limitó a señalar que había hecho ejercicio de una facultad como vicepresidente de la República. Sinónimo de que, como no había una explicación razonable, la decisión se justificaba solo como un golpe de autoridad. Los extremos se topan.
Allá por julio de 2013, Esteban Valenzuela nos hizo llegar a través de un correo, a quienes habíamos colaborado directa e indirectamente en el equipo de regionalización de Bachelet, las diez propuestas o compromisos que la candidata suscribiría con las regiones y entre las cuales estaban la creación de dos universidades estatales en aquellas en que no existían (Aysén y O’Higgins).
Me alegré, pues era el comienzo de la concreción de una vieja aspiración local, pero también supuse, dado el conocimiento empírico de la realidad política local, el inicio de un sinuoso camino. Por entonces pensé que existía una gran probabilidad de que a Teo lo vetaran los parlamentarios socialistas locales, por diversos motivos, y que, por sobre todo, primara la lógica de la universidad –como es costumbre en O’Higgins– “coto de caza”: para repartir pegas a los amigos y la clientela.
Cuando Bachelet nombró a su nuevo comando postprimarias y donde se repetían los neoliberales de siempre, decidí no continuar con esa historia repetida. Luego, cuando leí el programa, supe que la promesa se concretaría.
Cuando se creó la universidad, inmediatamente, con varios agentes regionales, cuestionamos –en el diario local El Tipógrafo– el feble presupuesto asignado y el periódico fue testigo y notario de los problemas que se fueron generando con la reciente creación y la personalidad de su rector –ajeno a la región–, que tuvo un método despótico de designación de su equipo de trabajo, hasta que por la presión local –incluida la advertencia de la diputada Sepúlveda de llevar el tema a Contraloría y el rumor de una comisión investigadora– comenzó a generar los primeros concursos públicos, aunque quedaron barbaridades que serán para el récord de Guinness.
El ninguneo y desprecio a las comunas principales, un instituto audiovisual en San Fernando que, salvo por Littín, no encuentra ninguna otra explicación a su existencia, a menos que yo no esté enterado de que San Fernando y Colchagua sean centro de una alta demanda fílmica.
La socialización en colegios y liceos de la universidad con especialistas de la Chile, despreciando la capacidad de investigadores locales, en la lógica de transformar a la universidad local en un apéndice de la casa de Bello; un rector que, respecto de los grandes temas de educación, a diferencia de Roxana Pey, jamás se pronunció y que supo entenderse rápidamente con los señores feudales y entregarles su cuota en la universidad, legitimando el consuetudinario “derecho a pernada” de los parlamentarios –que ellos cobran sin problemas–, lo que significó que Correa, sin emitir declaración alguna en favor de la educación pública, jamás hubiese sido cuestionado, pese a su deficiente gestión.
Y es que el rector entendió rápidamente, como antes lo hizo Agrosuper, Esbbio y otros empresas, que el visto bueno a la gestión era un asunto bastante simple, focalizado en cumplir ciertas “cuotas” de reparto y que, en el caso de la empresa avícola, significó que no solo nunca fuera criticada por los parlamentarios locales en medio de la colusión de los pollos sino que, por sus “servicios prestados a la patria”, fuese número puesto en la flamante comisión de la universidad regional, mientras se debatía en tribunales su participación en esa estafa masiva a los chilenos.
Y allí está Correa, vivito y coleando, sin ofrecer ninguna carrera que fomente la identidad y el patrimonio regionales, que, quienes trabajamos en el borrador del proyecto de universidad, suponíamos era uno de los principales objetivos para su instalación.
La rectora Pey, políticamente incorrecta, por el contrario, realizó concursos públicos para la provisión de cargos de la universidad desde muy temprano, se entendió rápidamente con la ciudadanía y la comunidad local –que no necesariamente son el alcalde y los Cores–, dotando al proyecto académico de mucha pertinencia y contextualización, al punto de proponer un sistema de ingreso que relativizaba la tan vilipendiada PSU y que, seguramente, generó el enojo de los feudales locales, cuyas familias están muy vinculadas a la defensa del lucro.
En tercer lugar, y en vínculo con lo anterior, propuso un diseño de universidad mucho más inclusiva y pertinente con el espíritu de la actual reforma, lo que suponía innovar e incluir a los chicos con buenas trayectorias académicas y no solo meros transmisores de buenos puntajes.
Para colmo, a la rectora se le ocurrió opinar en temas de debate público nacional y ahí se enfrentó con tres poderosos caballeros: el portalianismo metropolitano de izquierda, un señor feudal y la policía de las palabras. Y ustedes entenderán: no pudo sobrevivir a tamaña colisión.
El Gobierno, a través de la destitución de la rectora Pey, no solo ha humillado a la izquierda de la coalición sino que, además, ha develado su verdadera alma, que no la diferencia mucho de la derecha, evidenciando un profundo centralismo y autoritarismo político y, de paso, les ha dicho –a RD, al PC y sectores socialistas– que no cuentan para nada en el Gobierno del dúo Eyzaguirre-Valdés.
Esta administración, que dejó que se colara el CAE, definitivamente ha demostrado que no cree en la educación pública y sí en el lucro y el enriquecimiento. Piñera por lo menos fue más sincero y dijo urbi et orbi que creía que ella era un “bien de consumo”.
Y se repite el escenario: ayer como tragedia –la censura de la ministra Provoste por la obsesión de salvar al Seremi Traverso– y hoy como comedia –la inédita destitución en democracia de una rectora de una universidad pública–, después de la famosa frase del colador que hizo posible un hecho político que revela la naturaleza de la actual administración: se concluye ofreciendo disculpas –y el simbolismo de la derrota no es menor– a una universidad que lucra, cuyo rector fue ministro de Piñera, mientras se destituye a una rectora con un notable perfil académico y de investigación, que se había destacado por poner los temas de fondo en el tapete y luego de negarse reiteradamente a ser la pantalla para crear una universidad de utilería con “dos chauchas”. Es la Nueva Mayoría.
