Hoy son diversos los conflictos socioambientales que enfrentan los intereses del gobierno con los de las comunidades. Y es en la visión del cómo alcanzar el “anhelado desarrollo”, donde se reflejan las principales contradicciones; ya que cuando el ejecutivo se refiere al desarrollo del país, suele hacerlo únicamente respecto a los porcentajes de crecimiento de la economía. Hablar de crecimiento no es lo mismo que hacerlo de desarrollo, en tanto, el primero refiere a las ganancias de la economía en un determinado período; el segundo lo hace respecto a las mejoras en el bienestar y la calidad de vida que estas ganancias o beneficios deberían generar a las comunidades.
Ahora bien, para lograr un mayor crecimiento económico, el Estado ha apostado por profundizar un modelo extractivista, implementando una serie de políticas que permitan la entrada de inversiones extranjeras. Sin embargo, estos esfuerzos no se han visto reflejados en el desarrollo del país, ya que las ganancias que obtienen estas industrias no permanecen en los territorios en los cuales se insertan, sino que son beneficio de la capital central y de las empresas, muchas de ellas transnacionales. A su vez, muy por el contrario, varios de estos territorios siguen ostentando altos índices de pobreza. Por otro lado, son estas mismas comunidades las que muchas veces deben lidiar con los daños y consecuencias generadas por las industrias en sus territorios, por ejemplo, la contaminación y privatización de las aguas, erosión de suelos, deforestación, además del sacrificio de las economías locales por la afectación de sus actividades agropecuarias y ecoturísticas, entre otras. La pugna que esta reflexión analiza se refleja con mayor intensidad en el proyecto de ley que busca la protección de los glaciares. El cual ha sido sometido a los intereses económicos del rubro minero, sector responsable de la destrucción de glaciares, y que ve esta iniciativa como una amenaza a sus intereses, dejando de lado los de la sociedad civil que busca protegerlos.
La importancia de estos ecosistemas radica en que se han constituido en las mayores reservas de agua dulce del planeta y Chile tiene el privilegio de albergar tres cuartas partes de los existentes en Sudamérica. Ante un escenario donde la desertificación avanza hacia el centro-sur del país, debido entre otras causas, a las del cambio climático, y que hoy tiene a varias regiones con escasez hídrica, los glaciares se constituyen en un recurso fundamental para la preservación de la vida actual y futura. Es entonces fundamental que el gobierno procure no sólo las ganancias de este sector, sino que además asegure la protección de los recursos naturales, el bienestar social y ambiental de las comunidades.
[cita tipo= «destaque»]El desafío de sustentabilidad que este conflicto presenta ha generado contradictorias posturas desde el Ministerio de Medio Ambiente, que se supondría debería estar de acuerdo en proteger estas reservas de agua. Sin embargo, su posición está más inclinada a resguardar los intereses del gremio minero, privilegiando sólo el afán económico por sobre el bien común.[/cita]
El desafío de sustentabilidad que este conflicto presenta ha generado contradictorias posturas desde el Ministerio de Medio Ambiente, que se supondría debería estar de acuerdo en proteger estas reservas de agua. Sin embargo, su posición está más inclinada a resguardar los intereses del gremio minero, privilegiando sólo el afán económico por sobre el bien común.
El Ministerio de Medio Ambiente ha defendido ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados el principio de que los glaciares deben probar su valor para ser protegidos, si es que no se encuentran ya protegidos dentro de un Parque Nacional. A su vez, si los glaciares que se encuentran fuera de los parques llegasen a protegerse, cualquier persona podría interferir su protección alegando que eso viola intereses particulares de emprendimiento.
Lo anterior, ha sido reforzado por el jefe de la División Jurídica del Ministerio, Jorge Cash, en un reciente seminario sobre glaciares y la discusión de su proyecto de ley, en el cual sostuvo que había que tener especial cuidado respecto a leyes que pudieran limitar el crecimiento económico del país. Dichos que resultan particulares teniendo en cuenta que en el año 2015 los aportes del sector minero al país no superaron el 9%. Es decir, que la ciudadanía contribuye mucho más con sus impuestos al crecimiento del país que la minería. Así también lo ratifica la OCDE, que en un reciente informe especifica que la tributación general de los recursos mineros chilenos parece relativamente baja en comparación con la de otros países perteneciente a esta organización.
En consecuencia, esperamos que en la futura discusión legislativa, el gobierno le restituya el espíritu inicial a la Ley de “protección de glaciares”, pues de aprobarse en el estado actual, el ejecutivo no sólo no asegurará su preservación, conservación, su entorno y las funciones que estos brindan, en la práctica, sería el símil a legalizar su destrucción por parte de la industria minera, como ya ha ocurrido en nuestro país, con funestos ejemplos de exploración subterránea o actividades que generan polvos en suspensión, las cuales aumentan el impacto sobre estos ecosistemas.
Una vez más, las comunidades seguirán siendo un mero objeto residual del modelo extractivista, hipotecando así la subsistencia de territorios cuyo abastecimiento de agua depende de un glaciar.
