Las palabras, algo folclóricas, con que Nelson Pizarro se refirió a la profunda crisis de la minera estatal, no sorprendieron a quienes veníamos siguiendo en detalle la verdad no oficial de lo que ha sucedido en Codelco desde que, por allá por 2001, se publicó El cobre NO, es de Chile. El cobre no es de Chile –nótese el juego de las palabras–, pues aquel texto, tempranamente, explicitó la pieza que faltaba en el complejo cuadro que varios expertos del tema –al margen de la verdad de los circuitos oficiales del poder– habían venido pintando y denunciando desde fines de los noventa: los dos gobiernos del duopolio han implementado, de manera sistemática, una maquinaria planificada para defraudar a la minera estatal hasta hacerla quebrar y lograr lo que no se puede hacer ni constitucional ni políticamente: venderla.
Mediodía en la capital de O’Higgins y una multitud se apresta a celebrar lo que el movimiento sindical del cobre local ha venido reclamando desde la década del 50, cuando se constituyó la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC). Allí están “el negro Olivares”, ex presidente de la CTC y diputado por Rancagua; el histórico Lucho Vergara, del Sewell y Mina; Lucho Arredondo; Orlando Moraga, presidente en ejercicio de la multisindical, y una pléyade de gremialistas notables. Ha viajado para ser partícipe de tamaña celebración nada menos que el cardenal Raúl Silva Henríquez, a quien Allende reconocerá de manera especial en su discurso: “He querido destacar la significación especial, habiendo venido especialmente desde Santiago, del cardenal de la Iglesia chilena, Raúl Silva Henríquez… por sobre profesiones, ideas, principios o creencias, en el crisol de Chile, tesón del pueblo, para gritar: ¡Viva Chile independiente y soberano!”.
Era un día de fiesta. Los asistentes a la jornada recuerdan que no era un ambiente de concentración política. Muy por el contrario, era más de familia, con muchos niños y mujeres.
El Presidente Allende aquel día, vestido informalmente, ingreso a la plaza caminando desde el poniente por calle independencia, donde –con una emotividad manifiesta en su rostro– se dedicó a saludar y vivir intensamente el momento, hasta lograr cruzar la plaza, pasando por el monumento a O’Higgins hasta alcanzar la antigua Intendencia, hoy Gobernación de Cachapoal.
La emotividad de la ocasión quedó registrada en el metal de su voz aquella tarde: “Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con su pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política. Por eso, nada más significativo el que haya escogido para hablarle a la patria como Presidente de ella, Rancagua, la Plaza de Los Héroes. Aquí se siente el ayer y el pasado, el heroísmo de los que lucharon y sacrificaron sus vidas para darnos sentido y contenido de pueblo”.
Varios antiguos dirigentes del cobre, y otros más nuevos, como Víctor Ríos, están preocupados por el esfuerzo del gobierno de Aylwin de masificar las concesiones que nacieron al alero de la ley de Concesiones Medias dictada a inicios de los 80 por José Piñera , quien reconoció que “el nudo gordiano” de la nacionalización no podía “desamarrarse”, aunque era preciso “cortarlo”: “La ‘espada’ la descubrí en un concepto y una fórmula lógica de la ciencia económica que, a mi juicio, era plenamente compatible con la filosofía global de la Carta Fundamental, una vez definido el derecho de concesión vigoroso que ella permitía”.
Los militares, a su vez, detrás de un hipotético nacionalismo, habían descubierto rápidamente “el gran negocio” y se reservaron para sí el uso, sin rendir cuentas del 10% de sus ventas, como hemos tenido oportunidad de comprobarlo, una y otra vez, durante estos dos últimos años.
Si bien dicha ley se dictó en dictadura, no se usó masivamente sino hasta el Gobierno de Aylwin. Los actores socialistas de la época en privado han señalado que, cuando se discutió el tema, el principal argumento para masificar las concesiones mineras fue que desde Hacienda los “expertos” venían señalando que el precio del cobre sostenidamente iría a la baja y que no valía la pena concentrar tanto esfuerzo en esa empresa. Los socialistas, a su vez, tampoco con muchas convicciones sobre el particular, no mostraron mucho interés en defenderla.
El escollo que faltaba, eran los históricos dirigentes sindicales del cobre que habían sido clave en los procesos políticos de las últimas décadas, desempeñando, un sector de ellos –encabezado por Guillermo Medina–, un papel fundamental en la caída de Allende y luego, el 11 de mayo de 1983, en la misma Rancagua y ahora dirigidos por Rodolfo Seguel, el inicio de las protestas y paros que harían caer finalmente a la dictadura en 1988.
Es por eso que, a fines de noviembre, hay miedo de lo que pueda ocurrir, pues Aylwin ya se ha enfrentado duramente con los trabajadores del cobre en una asamblea en Chuquicamata, oportunidad en que les recordó que “son unos privilegiados”, encendiendo la discordia. Por otra parte, saben que es difícil poner en aprietos a un Gobierno amenazado permanente por los militares, pues se puede colocar en entredicho la estabilidad democrática y la transición.
El Gobierno de Aylwin también sabe que los dirigentes mineros son un hueso duro de roer y la solución llega pronto: a diferencia de los antiguos sindicalistas del cobre, que luego de ser dirigentes volvían a sus puestos de trabajo originales, ahora se les armó una “carrera sindical”, donde irían subiendo de rol y de puestos como en una carrera profesional. A su vez, los sindicalistas rol B, por ejemplo, ya no trabajarían más y les pagarían igual el sueldo.
Esto, más la participación de algunos de ellos en la propia privatización de empresas de Codelco –como ocurrió con la central hidroeléctrica de Coya, donde estuvieron involucrados dirigentes del sindicato del Coya Pangal–, les cambió el estatus socioeconómico a los representantes, quienes empezaron a ser percibidos por los propios trabajadores, en especial los contratistas, más bien como ejecutivos de la empresa que como representantes de los trabajadores.
Así se dio comienzo al proceso de privatización encubierto de Codelco y se burló el sentido histórico de la Nacionalización del cobre. Se hizo común además que ex dirigentes políticos de la Concertación, y en especial del PS, aparecerían como lobbistas de las mineras privadas ante el Ejecutivo, como cuando, en 2004, el PS impulsó la creación de un royalty minero que fue boicoteado por militantes del socialismo, por ejemplo Enrique Correa y Eduardo Loyola, siendo conminados a suspender su militancia o a ser expulsados de la organización.
Hasta la administración Bachelet el partido del orden de la Concertación se había conformado con continuar profundizando las concesiones y privatizando empresas anexas a Codelco, como talleres, hidroeléctricas o aquellas que explotaban derivados del cobre, cual ocurrió con la minera Valle Central de Teniente. Lo curioso del proceso es que la venta de las compañías que prestaban servicios anexos a la minería se argumentó con la hipótesis de que ahora esos servicios externalizados serían más baratos, aunque en la práctica sucedió todo lo contrario.
Lo anterior provocó el surgimiento de una mirada crítica sobre la transición y, junto a la publicación del libro de Lavandero, en el que participaron destacados economistas, como Hugo Latorre, Julián Alcayaga y Héctor Vega, este último advertía la inconveniencia del tratado de Integración y Complementación Minera que firmaron Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem: “Institucionalmente, el Tratado Minero responde a la lógica de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (LOCCM), donde el derecho del Estado sobre los recursos mineros, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible, establecido en conformidad a la Reforma Constitucional de 1971 –de la Constitución de 1925–, es vaciado de contenido, constituyéndose la concesión plena sobre los recursos mineros y consagrándose por esto un dominio patrimonial, donde la concesión no es revocable, sino caducable o extinguible por incumplimiento de los requisitos de amparo”.
En paralelo, la Conferencia Nacional del PS del 2001 institucionalizaba la idea de cobrar un royalty minero, a la vez que una mayoría anónima, y contra la voluntad de su dirigencia, estuvo a punto de ganar el voto político que solicitaba y exigía aplicar la facultad presidencial (no extinguida) para acabar con las concesiones por la sola invocación de dicho decreto.
En 2009 y como acostumbra nuestra lapacracia gubernamental, invocando, como siempre, motivos de mejor gobierno corporativo, se eliminaron como miembros del directorio de Codelco los ministros políticos: “Se estableció un directorio de generación mixta; en reemplazo del que existía, de generación política, con participación de ministros de Estado, con limitados poderes de administración, cuya función más característica era dictar políticas generales. El nuevo directorio que asumió, con un perfil más técnico, excluye a autoridades políticas e incluye directores independientes, los que tienen básicamente las mismas atribuciones y deberes que los directorios de las sociedades anónimas”.
En castellano, además de desligarse del Presidente de la República la función de diseñar y orientar la política general de la corporación, se estableció el requisito de que quienes fueran miembros de su directorio, serían profesionales con experiencia en la minería, lo que dejó la puerta ancha para el ingreso masivo de ejecutivos provenientes de las privadas. Diego Hernández de Angloamerican, en el Gobierno de Piñera, fue uno de ellos. Según uno de sus críticos, Julián Alcayaga, la función tanto de él como de Pizarro ha sido destruir la empresa por dentro. Hernández, como asimismo Pizarro, serían los reales responsables de la actual crisis de liquidez de Codelco, pues conscientemente habrían gestionado la empresa para defraudarla.
Aparte de la histórica querella por la venta de cobre a mercados a futuros a precio de chaucha, pese a las recomendaciones de las consultoras especializadas, y que hasta hoy le han significado a la empresa una pérdida por más de 21 mil millones de dólares, se criticó la gestión clandestina de vender –no se sabe a quién ni a cuánto– el cobre a “precio vil” y –según sospechan sus detractores– a las mismas empresas de las cuales provienen los actuales ejecutivos de Codelco.
Lo anterior gatilló la presentación de una querella judicial “contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, de pérdidas en Codelco por más 18 mil millones de dólares, entre los años 2005 y 2014”.
Esta fue presentada por el economista Julián Alcayaga, en representación de la “ONG Chile-Cobre” y patrocinada por la abogada Hilda Cerda, donde se denunciaron dos hechos clave: pérdidas por US$ 4.670 millones de dólares en mercado de futuros especulativos del cobre, en operaciones realizadas entre los años 2005 y 2007, pero cuyas pérdidas se concretaron entre los años 2006 y 2012”, que se mantuvieron en secreto hasta fines del año 2010, en que el Sr. Andrés Tagle, ex director de Codelco, revelara su existencia.
El segundo hecho, en tanto, los constituyen “las pérdidas por cerca de US% 17.000 millones, entre los años 2006 y 2014, por inexplicable caída de los ingresos por ventas, que no reflejan lo que se debiera obtener en función de la producción y precios del cobre y subproductos”. También se acusa que la exportación de cobre a China, entre los años 2013 y 2014, se hizo a mucho menos valor que el precio mercado –1 dólar la libra cuando el precio aún estaba en 3– y se solicitaba el nombre de las compañías favorecidas con esa subfacturación de Codelco. Se sospecha cuáles fueron las empresas que se beneficiaron.
Como se sabe, la querella fue acogida a trámite y Julián Alcayaga, en entrevista en Radio Primordial el sábado pasado, nos señaló que “estos señores van a tener que pagar”.
Esa es la pequeña historia detrás de los folklóricos dichos del presidente ejecutivo de Codelco, quien –si fuese cierto lo planteado por los querellantes y por los datos que avalan la profundización de la crisis– se embolsaría más de $22 millones de pesos mensuales por encabezar la defraudación sistemática al mayor patrimonio de recursos de los chilenos.
Y explica la soterrada película de espías en que ha estado envuelta Codelco en el último cuarto de siglo, al punto que quienes quieren su privatización encuentran hoy, sin necesidad de una reforma constitucional, el pretexto perfecto para enajenar la última empresa estratégica que le queda al Estado chileno y por la cual miles de ellos ofrendaron sus vidas en 1973.
Y hace que los más escépticos le preguntemos hoy a Nelson Pizarro, emulando su natural, sincera y comentada frase: ¿a dónde fue a parar el puto cobre de Codelco vendido a precio vil?
De antemano sabemos que la única respuesta posible, como se ha hecho ya costumbre en un país donde las instituciones no funcionan, solo podría venir desde el ámbito judicial.
