Señor Director:
El consumo de alcohol en niveles de riesgo que muestran los chilenos de todas las edades, tiene efectos negativos devastadores, tanto a nivel de los bebedores, como de la sociedad en general. Los estudios sobre problemas de salud, accidentes de tránsito y del trabajo, delitos y sobre violencia intrafamiliar, así lo demuestran consistentemente.
El menor precio relativo de las bebidas alcohólicas en las últimas décadas ha constituido un fuerte impulso para incrementar los niveles de consumo y daños asociados. En ello influye la mayor producción, pero también las políticas de precios y marketing de productores y vendedores al detalle. Las ofertas de alcohol a precios muy bajos, las “promociones” que premian la compra de determinadas marcas con precios menores y/o con productos adicionales junto con la oferta de “happy hour” en bares, son ejemplos de ello.
Hay amplio consenso en que si un país quiere proteger la salud individual y social de su población, debe utilizar medidas orientadas a bajar el consumo de riesgo de alcohol, tanto en la población general como entre los jóvenes y los grandes bebedores. Aunque impopulares y resistidas, aquellas intervenciones que buscan controlar el precio de venta del alcohol en el nivel del detalle (retail), están entre las más efectivas.
Establecer niveles apropiados de impuestos sobre el alcohol influye en la curva de su consumo y daños asociados. Además permite elevar los ingresos del estado. Sin embargo, las alzas de impuestos aplicados en Chile y en otros países, no han sido suficientes para elevar los precios al detalle de las bebidas alcohólicas, reducir la oferta de “alcohol barato” y, finalmente, tampoco para reducir sustancialmente los daños asociados.
Alternativamente, determinar un precio mínimo por unidad de alcohol, esto es, por “trago” (un vaso de vino, una lata de cerveza, un combinado), constituye una herramienta efectiva y práctica para prevenir la venta de alcohol a muy bajo precio.
Escocia, país preocupado por el incremento de la mortalidad relacionada con el consumo de alcohol, está en vías de implementar una ley para fijar un “precio mínimo por unidad de alcohol”. Esto incidirá selectivamente en impedir el acceso a alcohol barato, principal responsable allí del consumo dañino y de riesgo.
Hay aquí una herramienta de política pública interesante y que debiese considerarse desapasionadamente, en buena parte, porque no parece generar “perdedores”, sino sólo “ganadores”. El “buen alcohol” se preserva, la juventud se protege, se aminora el riesgo para los grandes bebedores, las ventas incluso pueden ser menores en volumen, pero similares en ingresos.
Quizás otro beneficio sería que su discusión permitiría examinar, como país, las estrategias de bien público necesarias entre nosotros para reducir nuestra permanente paradoja de récord de malos bebedores, en un país con buenos vinos.
Dr. A
