Señor Director:
Ya está claro el profundo problema que presenta el padrón electoral. Los abogados Zapata, Vivanco, Mendoza y Urrejola con razón llaman a hacerse cargo a la brevedad de los problemas detectados en el proceso eleccionario. La primera medida debiese ser, a lo menos, tramitar un proyecto de ley que vuelva a definir el domicilio electoral como aquel en que el ciudadano reside.
Cuando se debatió la ley de inscripción automática y voto voluntario, los legisladores acordaron establecer que las personas podrían fijar su domicilio electoral como aquel en que residían, estudiaban o trabajaban. La intención, de buena voluntad por cierto, era permitir que los ciudadanos pudiesen elegir la comuna donde tuvieran mayor interés en votar de acuerdo a un vínculo cierto, pero los hechos han demostrado que esta medida ha generado más incertidumbre y problemas al padrón electoral que aportes a la participación.
Además de los conflictos suscitados entre el Registro Civil, el Servel y las propias personas al momento de fijar el domicilio electoral, se suma el hecho de que en varias comunas esta definición ha abierto legalmente las puertas al llamado «acarreo» de electores, al punto que hay casos de comunas que tienen más electores que habitantes.
Nadie podrá alegar que con esta medida se restringiría su derecho al voto, se daría mayor certeza al momento de fijar el domicilio electoral y se podría fiscalizar de manera más efectiva que las elecciones cuenten con un padrón de electores acorde a la realidad, sobre todo cuando se trata de votaciones comunales o distritales.
Aníbal Rodríguez Letelier
Decano Facultad de Derecho
Universidad Santo Tomás
