Señor Director:
La abstención electoral registrada en las recientes elecciones municipales se ha convertido en una temática de amplia discusión. Aunque desde mediados de la década del 90 ya existía un gradual descenso en la participación, nunca antes se había llegado a un nivel tan bajo –menos de 5 millones de votos, es decir, un 35% de los potenciales votantes—.
Si bien se suele pensar que este escenario crítico está condicionado por el voto voluntario, pareciera que el malestar cívico tiene causas aún más profundas. Más allá de que la falta de sintonía entre la clase política y los ciudadanos se haya profundizado por los conocidos casos de corrupción en todo el espectro político, factor que de por sí desincentiva el sufragio, entre los países de la OCDE —donde 28 de los 34 del grupo tienen voto voluntario—, Chile se encuentra en el penúltimo lugar de la lista, superando sólo a Sudáfrica.
¿Cuáles son, en definitiva, las causas que podrían explicar la abstención? Lo que está más o menos claro es que la baja participación electoral no parece ser un indicador de desinterés por los temas públicos, sobre todo por la elevada adhesión a movimientos sociales, con participación masiva en las marchas y altos niveles de respaldo en la opinión pública, que, pese a la baja del apoyo al movimiento estudiantil, se ha trasladado a otros movimientos, como “No + AFP”, por ejemplo.
Una de las vías que ayudarían a oxigenar nuestra democracia representativa, estriba precisamente en abrir espacios institucionales para que los movimientos puedan ejercer un rol deliberante al interior del esquema institucional. De este modo, se evita que los movimientos sociales —que generalmente nacen como causas basadas en problemas reales de la ciudadanía, pero terminan perdiendo el norte al caer en la confrontación—, diluyan su potencial de movilización social y se encaucen hacia espacios de participación que cumplen un rol más preciso, proponiendo y colaborando con otros organismos en decisiones que afectan a cada sector y a la sociedad en su conjunto. Estos espacios, de hecho, se encuentran absolutamente abandonados. Por ejemplo, según la encuesta Gallup 2015, pese a las nuevas oportunidades abiertas por las reformas a la ley electoral, sólo un 16% de la población chilena participa efectivamente en organizaciones de la sociedad civil —juntas de vecinos, asociaciones culturales, deportivas, de protección social, ONG’s, etc.—, sin contar con que apenas un 2% de la población se involucra en política partidista.
Nuestro país tiene un potencial enorme para atacar la abstención políticas desde sus raíces. La experiencia internacional muestra que un 85% de quienes participan en estas organizaciones concurre a votar, mostrando que hay mayor interés por la política en la medida que uno se involucra en la elaboración de proyectos de política pública o de acción social. Las organizaciones sociales y políticas debieran ser espacios atractivos para todos —especialmente para los jóvenes, que son los que menos interés tienen en el sufragio—. La clave, en suma, está en superar las falencias fundamentales, operacionales y colaborativas entre ellas y con otros actores de la sociedad —el Estado, la sociedad civil y la empresa privada—.
En IdeaPaís hemos elaborado un informe social sobre participación ciudadana, en el que precisamente buscamos hacernos cargo de esta problemática mirando los problemas de participación desde una óptica de largo plazo, considerando los procesos de repolitización no son automáticos y no se solucionan con recetas o leyes presentadas a la rápida. Debemos avanzar hacia una cultura de la participación, que involucre todas las dimensiones de la sociedad, tanto la educación, el trabajo, la política formal, de modo que el hecho de participar sea no sólo un acto que se realice cada cuatro años ante una urna de votación, y que habilita para “opinar” sobre los temas públicos, sino una parte esencial de nuestra responsabilidad social.
Felipe Garay Brito
