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¿Fuegos artificiales o política de Estado? Diez propuestas para una política migratoria fundada en los DD.HH.

por 5 diciembre, 2016

¿Fuegos artificiales o política de Estado? Diez propuestas para una política migratoria fundada en los DD.HH.
Donde ha habido pocas propuestas (siendo generosos) es en el mundo de la izquierda y entre aquellos actores políticos que, desde hace tiempo ya, vienen, venimos, defendiendo la necesidad de fundamentar la política migratoria en un enfoque asentado en los derechos humanos. Pocas propuestas se han conocido desde este mundo, en el que destaca el trabajo de organizaciones de migrantes como el MAM o la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y otras nacionales, como el Servicio Jesuita de los Migrantes.
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La arremetida de la derecha en materia de propuestas para una nueva política migratoria ha sido radical. Independientemente de que sea parte de una estrategia de posicionamiento electoral influida por el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, se han alineado con las propuestas que la extrema derecha europea viene promoviendo desde hace varias décadas. No es, sin embargo, una mala noticia que en el escenario político se abra una discusión sobre el tema.

Desde la academia, las organizaciones sociales y los gobiernos locales venimos desde hace mucho tiempo intentando ponerlo en la agenda. Hoy ha entrado de mala manera, pero en buena hora. Habría sido preferible en un contexto distinto del preelectoral en Chile y postelectoral en EE.UU. También habría sido preferible que no hubiese ocurrido con un retraso de dos décadas, pues si consideramos que el actual proceso migratorio que vive Chile se inició a mediados de 1990, la deuda del Estado con los migrantes tiene ya sus años.

El tema entró en la agenda, por la derecha y con los fuegos artificiales de la parafernalia electoralista, y encontró además a los actores del mundo de la centroizquierda y la izquierda con las manos vacías. Ha habido reacciones a la arremetida de la derecha pero se han visto pocas propuestas. Una de las pocas ha sido la de Ricardo Lagos, que hace un par de días presentó en su blog una orientada a reconocer el aporte que realizan los migrantes a la sociedad chilena, como una forma de defender la necesidad de respetar sus derechos.

Vale decir, fijó su posición desde una mirada liberal coincidente con la postura que viene promoviendo el centro de pensamiento Libertad y Desarrollo, vinculado a la UDI, y que está plasmado en el libro Migraciones en Chile, una oportunidad ignorada, de Álvaro Bellolio y Hernán Felipe Errázuriz. Más allá de que esta mirada instrumental de la migración condicione los derechos de esta población al aporte que realizan a la sociedad, es una contribución al debate. Cuestionable en sus fundamentos pero una contribución al fin.

Donde ha habido pocas propuestas (siendo generosos) es en el mundo de la izquierda y entre aquellos actores políticos que, desde hace tiempo ya, vienen, venimos, defendiendo la necesidad de fundamentar la política migratoria en un enfoque asentado en los derechos humanos. Pocas propuestas se han conocido desde este mundo, en el que destaca el trabajo de organizaciones de migrantes como el MAM o la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, y otras nacionales, como el Servicio Jesuita de los Migrantes.

Esta ausencia, probablemente tiene que ver en parte, con la dificultad para traducir eso que llamamos enfoque de derechos humanos en criterios, principios y normas concretas que permitan orientar la acción. Sin la pretensión de agotar ninguna discusión, pero sÍ con la voluntad de sacar el debate del plano de los fuegos artificiales para ponerlo en el de las propuestas para una política de Estado, es que expongo aquí diez principios y criterios para la formulación de una propuesta de ley migratoria desde un enfoque basado en los derechos humanos universales:

1. Incondicionalidad en el acceso a todos los derechos cívicos, sociales y culturales por parte de los ciudadanos extranjeros residentes en Chile. Esto supone no condicionar el acceso a estos derechos a la situación administrativa regular o irregular de los migrantes, y ligar en el articulado de la ley los derechos sociales y culturales a los derechos humanos. Cabe señalar, sobre el punto, que tanto el proyecto presentado por la administración Piñera en 2013 como el borrador del proyecto que ha formulado la actual administración declaran en sus introducciones la necesidad de fundamentar la ley migratoria en el enfoque de derechos humanos. Algo que luego no es recogido en el articulado.

2. Exclusiva condicionalidad al tiempo de residencia para el acceso a los derechos políticos plenos. Sobre este punto es necesario consensuar el tiempo de residencia que se va a considerar óptimo para que los ciudadanos extranjeros accedan al voto en las elecciones generales y locales, y a ocupar cargo públicos de representación popular. La propuesta es que en ningún caso se superen los tres años completos de residencia continuada para el acceso a los derechos políticos plenos. Actualmente la Constitución de 1980 otorga a los extranjeros derecho a votar en todas las elecciones después de cinco años de “avecindamiento”. El Servel interpreta “avecindamiento” como 5 años de residencia definitiva, lo que implica que los migrantes pueden votar en Chile, en el mejor de los casos, luego de 7 años de residencia efectiva.

3. Homogeneidad en las exigencias de requisitos y condiciones para el acceso a los derechos y bienes sociales de los distintos colectivos de ciudadanos extranjeros. Evitar que la ley consagre desigualdades entre colectivos nacionales, abriendo la posibilidad para que el predominio de principios como el de la “reciprocidad” u otros, definidos discrecionalmente por la autoridad, afecten a colectivos nacionales específicos. Una ley fundada en los derechos humanos no puede consagrar la posibilidad de institucionalizar una discriminación por nacionalidad

4. Simplificación de categorías migratorias. La multiplicación de los visados aumenta la probabilidad de quedar en situación irregular o transitoria, incrementa los trámites administrativos, vuelve más costosos los procedimientos, y dificulta el acceso al trabajo, pues los empleadores prefieren a migrantes con permiso de residencia definitiva que a aquellos que están en alguno de los decenas de procedimientos transitorios. Se propone aquí que los migrantes puedan ingresar al país con una “visa polifuncional” que les permita realizar cualquier actividad legal remunerada o no (estudios, trabajo, trabajo temporal, etc.) por un periodo de un año, renovable por un segundo año, al cabo del cual se podría optar a la residencia definitiva. Esta propuesta además permite terminar con la distorsión de la visa de turista que es utilizada actualmente en este sentido.

Una de las pocas ha sido la de Ricardo Lagos, que hace un par de días presentó en su blog una orientada a reconocer el aporte que realizan los migrantes a la sociedad chilena, como una forma de defender la necesidad de respetar sus derechos. Vale decir, fijó su posición desde una mirada liberal coincidente con la postura que viene promoviendo el centro de pensamiento Libertad y Desarrollo, vinculado a la UDI, y que está plasmado en el libro Migraciones en Chile, una oportunidad ignorada, de Álvaro Bellolio y Hernán Felipe Errázuriz.

5. Garantía de cambio de categoría migratoria con exclusiva condición de la temporalidad para pasar de una categoría a otra. Las visas que permiten el ingreso al país pero que impiden el trÁnsito hacia otra categoría producen irregularidad. Esto es algo que la literatura viene documentando desde la década de 1970. El ejemplo paradigmático de esto fue la política alemana impulsada en los 50 y 60 para atraer trabajadores por temporadas, los que nunca regresaron a su país de origen, la mayoría de ellos turcos, y permanecieron en Alemania por muchos años en situación de extrema precariedad.

6. Institucionalización de la participación de la sociedad civil en un sistema nacional de política migratoria. Es esencial consagrar la participación de la sociedad civil, con representantes de las comunidades migrantes en la institucionalidad que regule la política migratoria nacional. Esto puede realizarse a través del Consejo Nacional de Migraciones (COSOC) actualmente en funcionamiento u otra institucionalidad que cumpla la función de representar a las organizaciones sociales (migrantes y no migrantes) en el sistema nacional de política migratoria.

7. Autonomía del Estado chileno. Esto implica no consagrar en la ley el reconocimiento a priori de ningún tipo de condena ejecutada por otro Estado como requisito para el ingreso. Impedir la exigencia de antecedentes penales para algunas nacionalidades. No hay justificación para ello.

8. Supresión de la expulsión para cualquier ciudadano extranjero con residencia definitiva en Chile como recurso sustitutivo de los definidos en el sistema judicial que afectan a cualquier ciudadano chileno. La única condición que justifica repatriar a un condenado extranjero en Chile es la vulneración de los derechos de sus hijos si estos se encontrasen en el lugar de origen. Bajo ningún otro pretexto es justificable la expulsión de un extranjero residente.

9. Consistencia de la regulación migratoria. La propuesta de anteproyecto elaborada por la Nueva Mayoría consagra la posibilidad de modificar la política de acceso al territorio y a los derechos en función de las necesidades económicas del país o de la evaluación que realicen las autoridades. Una regulación migratoria consistente en el tiempo, solo podría ser modificada por una reforma legal en el Congreso y no por la autoridad competente del Ejecutivo. Esto permite evitar que la política migratoria esté sujeta a los vaivenes de la economía, un principio básico de una política con enfoque de derechos.

10. Reducir la injerencia del reglamento en el acceso a derechos o la definición de condiciones para cambiar de categoría migratoria. Circunscribir el reglamento a la creación de condiciones institucionales para que la ley pueda ejecutarse de manera eficaz.

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Envíada por Juan Pablo Scarella Larraín | 9 julio, 2020

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