Señor Director:
El famoso “Sistema de Protección Civil” es exactamente el mismo con el cual se enfrentó el terremoto del 2010. El documento que lo rige es el Plan Nacional de Protección Civil, el cual es un “documento indicativo”, es decir, no es obligatorio, no tiene financiamiento del Estado, no le entrega funciones fiscalizadoras a la ONEMI, no permite el financiamiento de las municipalidades con fines de reducción de riesgo entre otras.
Es un muy buen documento teórico de cómo debe implementarse un “Sistema de Protección Civil”, para prevenir, mitigar, preparar, responder y recuperar ante la ocurrencia de un desastre…..pero que no se puede implementar en el país mientras no exista el instrumento jurídico que obligue y financie a los miembros que se identifiquen como parte del “Sistema” a desarrollar en el tiempo y posteriormente poner a disposición, todas las capacidades que se requieran con fines de la reducción de riesgo en Chile.
Capacidades de todo tipo, especialmente aquellas que vinculen los planes de desarrollo con los planes de ordenamiento territorial, vinculados con los planes de gestión del riesgo. Capacidades referidas a que en el sistema nacional de inversiones incluya la reducción del riesgo como esencial en la nueva inversión para el desarrollo. Capacidades referidas a obras de mitigación, reubicación de asentamientos urbanos, sistemas integrado de comunicación para la emergencia, sistemas logísticos etc., todo con fines de reducción de riesgo de desastres.
¿No me creen que es el mismo “Sistema”?, pregunten por ejemplo para el caso de una emergencia como la que está ocurriendo, sobre la existencia de planificaciones integradas, entre las comunas de una provincia y todas estas coordinadas con una planificación provincial, integrada con las planificaciones regionales y coordinadas estas con una Planificación de Emergencia Nacional.
Pregunten por las planificaciones sectoriales integradas con la comunal, provincial y regional además de las empresas privadas que aportan capacidades al sistema de protección civil.
Pregunten si las municipalidades pueden financiar las distintas etapas de la reducción de riesgo y especialmente en momentos de emergencia. Averigüen sobre la existencias de Mapas de Riesgo en donde quedan identificados las amenazas (terremotos, tsunamis, incendios), la zona de exposición y lo más importante, las vulnerabilidades tales como las sociales, económicas, de infraestructura, de gobernanza. Averigüen si hay alguna vinculación de los Mapas de Riegos con los Planes de Ordenamiento territorial y los planes de desarrollo.
Consulten sobre la existencia de un Sistema de Información para la coordinación de las operaciones de emergencia desde lo comunal hasta lo nacional. Pregunten quien supervisa integradamente el cumplimiento de todas estas acciones en el estado
Seguro que se sorprenderán. El Sistema de Protección Civil en Chile es un “Sistema” precario, lo ha sido antes del 2010, después de esta fecha y se ha mantenido así hasta hoy, (¡ojo! El “Sistema” no es la ONEMI, que por cierto ha mejorado).
El “Sistema” debe funcionar integrado para todo el ciclo del riesgo, por lo tanto cualquier acción aislada, aporta poco para los fines de protección civil, este “Sistema” debe ser gestionado, es decir planificado, organizado, dirigido y controlado con los fines de reducción de riesgo de desastres, pero para que eso ocurra debe existir el instrumento jurídico que permita esa acción de gestión.
La mayoría de los desastres son previsibles, y este por cierto también lo era. Lo que no se puede prevenir es cuándo ocurrirá el incendio o el terremoto, pero si las consecuencias de esas amenazas o peligro. Para eso es que existen los sistemas de gestión de riesgo en el mundo o protección civil como se llama en Chile, para entre otras, prevenir y mitigar las consecuencias de la ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza o causado por el hombre.
La ONEMI cumple un rol preponderante dentro del “Sistema”, es el coordinador del Sistema de Protección Civil, pero no tiene la fuerza jurídica para gestionarlo, no puede, no tiene capacidad porque el Estado no se lo permitido a través de un instrumento legal que disponga la obligación de desarrollar y disponer de las capacidades del Estado para todo el ciclo del riesgo, especialmente en la prevención.
La ONEMI, al igual que la mayoría de los países adscrito al Marco de Acción elaborado por la ONU para aumentar la resiliencia de los países ante desastres, se ha concentrado en desarrollar las capacidades de respuesta que de acuerdo a la ley que la rige debe poseer, y cuya falencia quedó en evidencia el 27 de febrero del 2010. Con un presupuesto para el 2017 de casi la mitad del Parque Metropolitano y casi igual que el de la Biblioteca del Congreso y sin la fuerza jurídica de una ley, es muy poco lo que puede realizar.
Este desastre y los que vendrán, son PREVISIBLES, se sabe lo que va a ocurrir, lo saben todos los involucrados, los técnicos (CONAF, Bomberos y ONEMI), lo saben las personas, lo saben los académicos, pero lo más importantes, lo saben las autoridades que han mantenido en “periodo de cajón” en el Congreso durante ya seis años un proyecto de ley que crea una nueva institucionalidad en Gestión de Riesgo de Desastres, y que de haber sido promulgado, habría obligado a las distintas instancias del Estado a tomar acciones ante la exposición y vulnerabilidad de las personas actualmente afectadas por un incendio que se sabía que podía ocurrir, y que se sabe, que de seguir en el mismo statu quo, se volverá a repetir
Rodrigo Ortiz J.
Director Ejecutivo GRD Consultores y
ex Subdirector de Gestión de Riesgo de la ONEMI
