Opinión
Debemos, entonces, “cambioclimatizar” las políticas públicas e integrar este factor en la planificación de nuestras ciudades, de nuestras infraestructuras, de nuestros sistemas de emergencia y en los sectores productivos.
Los megaincendios desatados entre el 18 de enero y el 5 de febrero en la zona centro sur arrasaron 467 mil ha y dejaron un saldo de 11 fallecidos, más de 7.500 damnificados y 1.600 casas destruidas. Combatir el fuego costó más de $17 mil millones, y se estima que el apoyo a productores y la reconstrucción de viviendas e infraestructura sumará casi $140 mil millones.
En algunos casos, el fuego tuvo una fuerza inusitada: el incendio en Las Máquinas (Maule) arrasó 115 mil ha en 14 horas, casi el triple de todo lo que se quemó en 2015-2016. Esta temporada, de hecho, suma ya más de 600 mil hectáreas destruidas, una cifra sin precedentes en Chile al menos desde 1963, y casi lo mismo que se quemó en la última década completa (639 mil ha entre 2007-2016).
A esta verdadera tormenta de fuego se deben sumar los aluviones en la zona cordillerana que se produjeron durante los últimos días de febrero y que, además de dañar la infraestructura, dejar miles de damnificados y provocar problemas con el suministro de agua de millones de capitalinos, cobraron la vida de cuatro compatriotas y aún tres permanecen desaparecidos.
¿Cuál es el contexto en que ocurren estos desastres? Chile arrastra una larga sequía desde 2010, lo que se traduce en una muy baja humedad. A esto se suma uno de los eneros más cálidos desde que hay registros: entre Santiago y el Biobío los récords de temperatura mensual superaron en 3ºC al promedio, y en la Región Metropolitana no hubo un solo día de enero en que la máxima bajara de los 30ºC.
[cita tipo=»destaque»]Los cambios en el clima y fenómenos climáticos extremos, son un nuevo factor de riesgo a considerar. Debemos prepararnos para este nuevo escenario, adaptar nuestros planes de emergencia, pero también las bases de cálculo de nuestra infraestructura, la planificación de las ciudades, la protección de los servicios básicos, el manejo de los recursos hídricos y también cuidar los ecosistemas que permiten mitigar desastres. No hacerlo podría significar enormes pérdidas para el país, humanas, sociales y económicas.[/cita]
Es más, mientras lo normal es 1 día de enero con máximos sobre 34ºC, este año hubo 10. Solo faltó el viento, que llegó en abundancia en enero, y se dio la fórmula 30-30-30 para transformar los incendios en tragedia.
Estas condiciones, que parecen excepcionales, no lo serán tanto. Y no solo para los incendios. En los últimos años hemos visto las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos en nuestro país. De acuerdo al último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015), Chile está ente los 10 países más afectados y 6º en el costo económico de estos desastres, con US$3,10 billones.
Nuestro país ha sido afectado especialmente por eventos hidrometeorológicos extremos, sumando a la sequía marejadas cada vez más recurrentes, olas de calor y precipitaciones extremas. En 2015, un claro ejemplo de ello fueron las inundaciones y marejadas, y los aluviones más grandes registrados en los últimos 80 años en el norte. Casi $20 mil millones se destinaron a esta emergencia.
Como he señalado, son condiciones que serán cada vez más recurrentes, y tienen un factor común: el cambio climático. A partir del Acuerdo de París, ya suscrito por Chile, el mundo está haciendo serios esfuerzos para evitar que la temperatura media de la Tierra no ascienda más de 2ºC, a través de la mitigación.
Pero sus impactos ya están a la vista, y cada año se rompen nuevos récords de temperatura a nivel global: el año pasado fue el más cálido de la historia, con 1,3ºC más que el promedio de la era preindustrial. En Chile ocurre lo mismo: 2016 fue el año más seco en Coyhaique y Balmaceda; y Santiago, Curicó y Valparaíso registraron la temperatura media más alta de los últimos 56 años.
El cambio climático es una realidad, y también lo son sus efectos. ¿Cómo enfrentar este problema? La palabra clave es adaptación. Los desastres causados por los fenómenos climáticos extremos no solo cobran vidas, también destruyen viviendas, infraestructura pública y privada, afectan los servicios básicos y tienen altos costos en el combate de la emergencia.
Debemos, entonces, “cambioclimatizar” las políticas públicas e integrar este factor en la planificación de nuestras ciudades, de nuestras infraestructuras, de nuestros sistemas de emergencia y en los sectores productivos. El Ministerio del Medio Ambiente ya ha publicado planes de adaptación para los sectores Silvoagropecuario (2013), Biodiversidad (2014), Pesca y Acuicultura (2015) y Salud (2016) y prepara los de Infraestructura, Ciudades, Energía, Turismo y Recursos Hídricos.
A esto se suma un estudio que proyecta al año 2050 los cambios de temperaturas y precipitaciones por el cambio climático en las 365 comunas del país, y estamos constituyendo en todo el país los Comités Regionales de Cambio Climático (Corec).
De esta forma y conociendo los posibles impactos en los distintos territorios, se busca desarrollar buenas políticas de adaptación al cambio climático que se ajusten a las realidades locales, considerando además el carácter distintivo de las regiones y comunas del país, sus recursos naturales, sus actividades económicas principales y los intereses de la ciudadanía.
Lo cierto hoy, es que los cambios en el clima y fenómenos climáticos extremos, son un nuevo factor de riesgo a considerar. Debemos prepararnos para este nuevo escenario, adaptar nuestros planes de emergencia, pero también las bases de cálculo de nuestra infraestructura, la planificación de las ciudades, la protección de los servicios básicos, el manejo de los recursos hídricos y también cuidar los ecosistemas que permiten mitigar desastres. No hacerlo podría significar enormes pérdidas para el país, humanas, sociales y económicas.
