Hoy los trabajos y corazones deben estar puestos en la seguridad de Enrique y Jorge. Eso es lo que corresponde. Pero eso no puede obviar dejar en claro que la confianza está puesta en los esfuerzos actuales, no en una institucionalidad que en términos de seguridad y responsabilidad ambiental, está al debe.
Ojos y corazones de toda la región están volcados desde hace algunos día hacia Chile Chico. Y si el nuestro fuera un país donde todos sus territorios, todos sus hijos, tuvieran la misma relevancia, los de un solo pueblo lo estarían también. Pero como no lo es, son otros quienes deben –debemos- levantar la voz para dar cuenta de lo que ocurre en Aysén, en la Patagonia.
Muy claras fueron las palabras de las autoridades locales y regionales. Desde un primer momento sus planteamientos apuntaron a que más que buscar hoy responsabilidades, o especular sobre ello, los esfuerzos del gobierno se destinarían –como se está haciendo- al rescate de Enrique Ojeda y Jorge Sánchez. Dos trabajadores en que hoy se concentra la esperanza de toda una comunidad, que se embandera, que lucha, que mantiene a firme e intacta la fe de que pronto volverán al hogar.
Pero algo cambió este lunes. Algo varió en el escenario de cautela cuando la ministra de minería Aurora Williams señaló que “seremos severos en la investigación que determinará la responsabilidad de la empresa por el accidente en Mina Delia de Cerro Bayo, y si efectivamente la minera estaba en conocimiento de posibles vulnerabilidades de la mina”. Respaldó así, de alguna forma, lo que señalara Andrés Sánchez, hermano de Jorge, quien afirmó a radio Bío Bío que se alertó previamente que el pique estaba filtrando agua: “Ellos avisaron temprano, pero ningún jefe se acercó a ver si era verdad lo que estaban diciendo. Cuando el supervisor fue, fue como a las cuatro de la noche, cuando llegó ya estaba inundada la mina” indicó.
Pero, ¿es esto solo responsabilidad de la empresa? Aún no lo sabemos, serán las investigaciones posteriores las que lo determinen, donde también debieran incluirse las de los propios organismos del Estado.
Así se desprende, al menos, de lo que expresara el subdirector nacional de Minería, Hugo Rojas, al decir que cuando el proyecto fue evaluado en 2011 “no se tenía -digamos- la información que iba a estar colindante a la laguna o muy cerca de la laguna, por lo que no podemos en este instante inferir una conclusión”. Hasta el momento lo que se sabe es que la cercana Laguna Verde habría desaguado hacia los túneles de la mina Delia 2, inundándolos por completo. Hoy se mantiene en pie la confianza en que los trabajadores se encuentren cobijados en el refugio cercano a su ubicación al momento de siniestro.
Si el Estado no tenía antecedentes del detalle de estas faenas, ¿quién debía tenerlos?
Más aún, ¿así nos piden confiar en el trabajo de la empresa, en el de los organismos del Estado, con el riesgo que, se ha demostrado, este tipo de operaciones tienen para la seguridad de las personas, de los ecosistemas?
Fue precisamente a principios de la semana pasada cuando se informó sobre la amenaza ambiental que existiría sobre la Laguna Salitrosa, parte del sistema de humedales presentes en el sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad Estepa Jeinimeni Lagunas Bahía Jara. Área donde Cerro Bayo opera y pretende verter 580 mil metros cúbicos de agua de los túneles abandonados de la mina Javiera, triplicando así el volumen natural de dicho acuífero.
Las autoridades regionales nos piden creer. Que confiemos en una institucionalidad que permite presentar simples declaraciones de impacto ambiental cuando para proyectos situados en áreas bajo protección oficial, como son los sitios prioritarios, la Ley de Bases del Medio Ambiente exige estudios.
Hoy los trabajos y corazones deben estar puestos en la seguridad de Enrique y Jorge. Eso es lo que corresponde. Pero eso no puede obviar dejar en claro que la confianza está puesta en los esfuerzos actuales, no en una institucionalidad que en términos de seguridad y responsabilidad ambiental, está al debe.
