Señor Director:
La promesa de gratuidad en la educación superior ha estado desde su origen asociada a la de calidad en el mismo ámbito. La primera refiere a la disponibilidad, jerarquización y asignación de recursos públicos, debiendo sujetarse a criterios objetivos y realistas fundados en la situación concreta de las finanzas y de la formulación de políticas públicas para el sector. Dice relación con financiamiento, no con contenidos; aunque, por cierto, la estructura que se propugne y adopte para aquél sin duda expresa una visión particular de la sociedad, de la vida en común y de los mecanismos de reproducción y traspaso del conocimiento socialmente validado.
La calidad, en cambio, remite a otras consideraciones, al núcleo mismo de la formación que entregan las universidades: el nivel de los docentes y de la docencia, lo que se enseña, la manera como se hace, la pertinencia y relevancia de los contenidos impartidos, las instancias de socialización que se ofrecen a los estudiantes; el acceso a recursos materiales, de información y tecnológicos asociados con su formación; la creación constante de oportunidades de interacción y convivencia intergeneracional para confrontar visiones de mundo, formas de vida, aspiraciones y esperanzas; la posibilidad real y concreta de vivenciar la afectividad, la sensibilidad, el amor y la libertad; la aproximación al mundo internacional y la apertura a la diversidad cultural. En fin, se trata de un concepto de enorme polisemia y dependiente de una multiplicidad de variables y condiciones.
Sobre la recurrente promesa de calidad se ha discurrido poco y, en ocasiones, mal. Desde luego, no parece existir en la comunidad académica nacional una mirada medianamente compartida acerca de lo que sea la calidad, como tampoco estructuras institucionales que de verdad sean capaces de garantizarla, más allá de discursos bastante convencionales. Casos recientes han vuelto a colocar en entredicho la idoneidad y credibilidad de algunas acreditaciones universitarias, generando serias dudas acerca la relación entre estas y la existencia efectiva en las entidades evaluadas de modelos y estructuras que aseguren el logro de estándares de calidad.
Bueno sería que quienes tienen injerencia calificada en estos asuntos y capacidad de influir, asumieran seriamente la tarea de reflexionar seriamente sobre la calidad de la educación superior, sus exigencias, sus derroteros, sus alcances y desafíos, desde una perspectiva nacional, abierta al mundo pero constitutivamente chilena, de bien común, y enfocada en el desarrollo de nuestro país, no extraviada en realidades ajenas, como ha solido hacerse, para generar las definiciones, criterios, estándares e instancias capaces de velar por su constante promoción, consecución y fortalecimiento.
Gustavo Adolfo Cárdenas Ortega
Comunicador Social
Abogado
