El relativismo climático como política antilaboral

Mientras la degradación de las condiciones de vida avanza sin tregua, algunos sectores políticos siguen relativizando la crisis climática, minimizando su gravedad o la urgencia de tomar decisiones contundentes para mitigarla o adaptarse a ella. Esta postura suele justificarse con un argumento aparentemente pragmático: la descarbonización perjudica el crecimiento económico y, por esa vía, el empleo. De esta manera, el cambio climático se presenta como una preocupación de élites progresistas desconectadas de las necesidades de la clase trabajadora.

Pero este argumento no solo es equivocado. Es peligroso, porque invisibiliza un hecho fundamental: el relativismo climático no protege el trabajo, lo expone. Es, en la práctica, una política antilaboral.

El cambio climático ya está afectando a los trabajadores, especialmente a los más vulnerables. Los eventos extremos, las infecciones transmitidas por vectores, la contaminación del aire y el uso de agroquímicos para controlar pestes, todos problemas asociados a la crisis climática, aumentan la incidencia de muertes y enfermedades laborales.

Según la OIT, sólo el calor excesivo provoca anualmente 22.85 millones de lesiones ocupacionales, 18.970 muertes relacionadas con el trabajo y reduce 2.09 millones de años de vida. A esto se suma el impacto productivo: la escasez de agua o la mayor frecuencia de eventos extremos está interrumpiendo las cadenas de suministro o afectando actividades económicas completas, con consecuencias directas sobre el empleo. De hecho, la OIT proyecta que el cambio climático podría reducir hasta 80 millones de trabajos de jornada completa a nivel mundial para el 2030.

Pero el problema no se limita a estos efectos directos. En nuestras investigaciones, hemos observado que las respuestas empresariales ante la presión de los mercados internacionales en esta materia no solo han demostrado ser insuficientes en términos ambientales, sino que también se están convirtiendo en instrumentos de ajuste laboral.

Por ejemplo, analizando las memorias corporativas de 277 empresas que emiten bonos en el mercado financiero chileno, encontramos que en una proporción significativa las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático implican cambios organizacionales concretos: el 22% menciona procesos de automatización, el 28% un aumento de la supervisión, y el 41% exigencias de capacitación.

Si bien el ajuste ambiental de las empresas puede traducirse en mejoras puntuales —por ejemplo, en mayor cumplimiento de medidas de seguridad—, parte importante de los costos recae en los trabajadores: la automatización reduce puestos de trabajo, los nuevos protocolos intensifican los ritmos laborales, el aumento de la supervisión limita la autonomía y las exigencias de formación dejan a muchos en el camino.

Esta reconfiguración, además, no es neutra. En la mayoría de los casos, las decisiones se adoptan sin participación efectiva de los trabajadores. Solo el 12% de las empresas estudiadas consulta a sus trabajadores, mientras que el 68% ni siquiera les informa. En otras palabras, los trabajadores son incorporados como un recurso para implementar las estrategias de sustentabilidad, pero no como actores con derecho a incidir en ellas.

Lo que muestran estos datos es claro: la crisis climática es también un problema laboral. No solo porque deteriora directamente las condiciones de trabajo, sino porque los costos de la transición productiva —que ya está en marcha— tienden a trasladarse a quienes trabajan. Sin regulación, sin prácticas empresariales responsables y sin sindicatos con capacidad de incidencia, el resultado probable es una transición que profundiza las desigualdades existentes.

Este punto es clave para el debate político actual. Cuando se afirma que las políticas climáticas o medioambientales ponen en riesgo el empleo, se omiten tres hechos fundamentales. Primero, que la crisis climática —al igual que la contaminación y otros problemas ambientales derivados de la actividad industrial— ya está deteriorando el trabajo. Segundo, que la transición no es opcional: está siendo impulsada por mercados y por los propios límites ecológicos. Tercero, que sin planeta no hay trabajo.

Relativizar el cambio climático, en este contexto, no protege a los trabajadores. Al contrario, los marginaliza y los deja expuestos a transformaciones que ocurren sin regulación ni participación.

Así, recién conmemorado el 1 de mayo, cabe preguntarnos si los costos de la crisis climática seguirán siendo asumidos por los trabajadores o si podemos avanzar hacia una transición más justa, donde el trabajo sea parte de la solución y no una variable de ajuste. Ignorar esta pregunta no es neutral. Es también una forma de tomar partido.