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Ormuz: donde se juega la soberanía energética
Cada dólar invertido en energías limpias, redes eléctricas, innovación, transporte sustentable y combustibles del futuro es también una inversión en soberanía, estabilidad y bienestar.
La crisis provocada por el cierre del Estrecho de Ormuz vuelve a recordarnos una verdad incómoda: el mundo sigue siendo profundamente vulnerable a la dependencia de los combustibles fósiles. Por esa ruta transita una parte significativa del petróleo y gas comercializado globalmente, lo que cualquier interrupción puede alterar drásticamente los precios internacionales de la energía y poner en riesgo la seguridad alimentaria, la estabilidad económica y el bienestar de millones de personas.
Esta fue precisamente la preocupación que expresó el Comité de Justicia Climática de la Internacional Liberal, del cual formo parte, al llamar a los gobiernos a transformar esta crisis en un punto de inflexión. La conclusión es clara: la seguridad energética del siglo XXI no puede seguir descansando en cadenas de suministro concentradas, vulnerables y asociadas a combustibles que profundizan la crisis climática.
Desde una mirada liberal y progresista, la respuesta no puede limitarse a reemplazar un proveedor fósil por otro. La verdadera seguridad energética debe construirse sobre mercados abiertos, innovación tecnológica, respeto al Estado de derecho, cooperación internacional y justicia climática.
En ese contexto, Chile tiene una oportunidad histórica. Nuestro país cuenta con condiciones excepcionales para el desarrollo de energías renovables: una de las mejores radiaciones solares del mundo en el norte, un enorme potencial eólico en el sur y una trayectoria institucional que ha permitido avanzar de manera significativa en la incorporación de energías limpias a la matriz eléctrica.
Pero ese potencial no debe entenderse solo como una ventaja técnica; es también una oportunidad estratégica para construir mayor autonomía energética, diversificar nuestra economía y reducir nuestra exposición a los vaivenes del precio internacional del petróleo.
El desarrollo de energías renovables, hidrógeno verde, combustibles sintéticos, electromovilidad, almacenamiento energético y la eficiencia energética puede permitir a Chile avanzar hacia una economía más limpia, resiliente y competitiva. No se trata únicamente de cumplir compromisos climáticos; se trata de proteger a las personas frente a crisis externas, generar nuevas industrias, crear empleos de futuro y disminuir una dependencia fósil que sigue condicionando nuestro desarrollo.
La crisis de Ormuz nos recuerda que la transición energética no es solo una agenda ambiental. Es una agenda de seguridad, de justicia, de libertad y de desarrollo. Cada dólar invertido en energías limpias, redes eléctricas, innovación, transporte sustentable y combustibles del futuro es también una inversión en soberanía, estabilidad y bienestar.
Chile no puede resolver por sí solo las tensiones geopolíticas globales. Pero sí puede decidir con mayor claridad qué lugar quiere ocupar en el nuevo orden energético mundial.
Tenemos recursos renovables, capacidades técnicas, experiencia institucional y una oportunidad única para contribuir desde el sur del mundo a una transición energética justa.
Dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles no será inmediato ni sencillo. Pero cada crisis nos muestra que postergar esa decisión tiene costos cada vez más altos. La pregunta ya no es si debemos acelerar la transición energética, sino cuánto más estamos dispuestos a pagar —económica, social y climáticamente— por no hacerlo a tiempo.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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