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Plagios en el Congreso: un cartel de asesorías que no lo son

por 22 septiembre, 2017

Plagios en el Congreso: un cartel de asesorías que no lo son
Si bien esto aún debe ser develado, se puede hipotetizar, ante las evidencias disponibles, que las asesorías externas se han transformado en un cartel, en un espacio inerte, utilizado como cortina de humo para lavar dinero para los partidos o incrementar las rentas de los parlamentarios. Solicitando asesorías, no con el fin de perfeccionar el saber legislativo sobre materias espinosas o intrincadas, sino como un escenario en donde se piden trabajos simulados, para poder liberar grandes sumas de dineros que van a caer a dudosas y poco profesionales manos.
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Tras las asesorías parlamentarias externas descubiertas por el periodismo nacional a raíz de una controvertida consultoría pagada por el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, se han levantado múltiples voces exigiendo la suspensión total de estos servicios externos de investigación, reclamando el despilfarro y aprovechamiento realizado con el dinero de todas y todos los chilenos. Lo último es razonable, dada la baja calidad de los trabajos pesquisados y fiscalizados por la investigación periodística, cuestión que da muestra de prácticas que bordean el cohecho, el favor político o el lavado de dinero.

No obstante lo anterior, poner el foco del escándalo en el ejercicio de asesoría externa y no en quienes contratan los servicios es un error grave y que es importante develar. Como nos presenta el conspicuo filólogo e historiador italiano, Luciano Canfora, las asesorías externas datan incluso de la época de la democracia ateniense. Y esto tiene pleno sentido. Hace 2.500 años, el dêmos de Atenas, poco preparado e inhabilitado para acceder al mundo de la educación y el saber, no podía deliberar con propiedad en los asuntos más espinosos de la comunidad. Es precisamente en esos asuntos en donde aquellos que poseían la téchne (técnica/arte) o la epistēmē (conocimiento) exponían frente a la ekklesía (asamblea), para que el pueblo en conjunto pudiese estar informado y posteriormente poder dar una opinión y tomar una decisión al respecto. Así también en la época de la monarquía y los principados eran habituales los consiglieri o consejeros que ayudaban a los monarcas a matizar sus opiniones, dando cuenta de que es poco probable que un ser humano posea la virtud suficiente sobre todos los asuntos de la humanidad.

Hoy en día, no es distinto para el caso de nuestros parlamentarios. Si bien nuestro Congreso no está poblado por el pueblo común y corriente –como en Atenas­–, sino que por una élite partidista y social, es bien poco probable que nuestros parlamentarios posean conocimientos en todas las materias de las que se encarga un Estado moderno. ¡Sí, es cierto! Ossandón tiene razón cuando argumenta que él no puede saberlo todo y que para eso dispone de asesores. La tiene, pues si bien el Congreso está compuesto por una élite, el requisito de acceso a los cargos públicos en nuestro país no contempla la posesión de PhD, Masters ni laureles académicos rimbombantes.

Es más, el único mérito requerido es que una mayoría razonable de la población considere que tal o cual candidato o candidata es superior a aquellas  y aquellos que les compiten. Y mientras sigamos pretendiendo que la soberanía popular tenga algún valor en nuestro sistema político, eso seguirá siendo así. Incluso, aunque solicitáramos un censo académico como la posesión de un grado de doctorado o maestría, aun así, no podríamos asegurarnos de que dicha experticia abarque todos los asuntos humanos que son susceptibles de legislación.

Es por ello que los asesores externos, ya sean abogados, politólogos, sociólogos, economistas, expertos en comunicación o educación, médicos, ingenieros, periodistas y un infinito etcétera, son necesarios para poder entregar herramientas y conocimientos adecuados a los legisladores para que puedan tomar decisiones razonadas y razonables.

Lo que no debemos permitir es que estos recursos, dispuestos para mejorar la calidad de nuestra legislación, sean dineros utilizados para ser rotados entre los mismos parlamentarios, o para realizar mercados cerrados y sectarios, a fin de beneficiar a los partidos políticos de cada candidato, los cuales, además, han demostrado realizar trabajos de bajísima calidad y con poca responsabilidad por trabajar inspirados en la excelencia académica y la responsabilidad cívica.

Licitar las asesorías externas sería un paso importante, aun sabiendo que es un secreto a voces que varias de las licitaciones públicas son construidas a la medida de cierto tipo de proveedores, impidiendo así una competencia limpia en una cantidad considerable de casos. Tomando en cuenta todas estas vicisitudes con las que tienen que convivir cotidianamente las consultoras y empresas asesoras responsables, consideramos importante  poner el foco en transparentar el proceso de contratación y fiscalización del trabajo realizado por los asesores externos, antes que satanizar un servicio que no solo es importante, sino que también resulta ser fundamental para que el trabajo legislativo de nuestros representantes sea el mejor posible.

Si bien esto aún debe ser develado, se puede hipotetizar, ante las evidencias disponibles, que las asesorías externas se han transformado en una especie de cartel, en un espacio inerte, utilizado quizás como cortina de humo para desviar dinero para los partidos o incrementar las rentas de los parlamentarios. Solicitando asesorías, no con el fin de perfeccionar el saber legislativo sobre materias espinosas o intrincadas, sino como un escenario en donde se piden trabajos simulados, para poder liberar grandes sumas de dineros que van a caer a poco profesionales manos. Estos últimos sucesos, sin duda, han perjudicado la imagen de consultores y asesores serios, a los que aún nos mueve un afecto por el conocimiento y la ciencia, y la ética del trabajo responsable. Evidentemente, la mayoría de nosotros –al igual que casi todos los chilenos– no pertenecemos a partidos políticos, por lo que no tenemos acceso libre y directo al mercado de las asesorías externas.

Un gran paso de modernización de nuestro sistema político sería poder blanquear y sistematizar el proceso de selección y de contratación de consultoras o investigadores independientes que puedan aportar al mejoramiento de la calidad legislativa de nuestro país. Con esto, no se trata de vetar la posibilidad de que los centros de investigación partidaria participen en estos procesos. Pero que no sean a priori los depositarios de todo este trabajo, inhibiendo la posibilidad de que otros profesionales participen. Más aún cuando las últimas investigaciones dan cuenta de que varias de esas instituciones han realizado trabajos de calidad al menos cuestionable.

Licitar las asesorías externas sería un paso importante, aun sabiendo que es un secreto a voces que varias de las licitaciones públicas son construidas a la medida de cierto tipo de proveedores, impidiendo así una competencia limpia en una cantidad considerable de casos. Tomando en cuenta todas estas vicisitudes con las que tienen que convivir cotidianamente las consultoras y empresas asesoras responsables, consideramos importante  poner el foco en transparentar el proceso de contratación y fiscalización del trabajo realizado por los asesores externos, antes que satanizar un servicio que no solo es importante, sino que también resulta ser fundamental para que el trabajo legislativo de nuestros representantes sea el mejor posible.

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