Decidí escribir esta columna luego de escuchar por segunda vez un comentario (excusa) por parte del ahora ex Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con relación a la discusión llevada a cabo por la comisión que presentó el proyecto el cual el gobierno impulsará, comisión representada por todos los sectores políticos. Este comentario, contado como una especie de anécdota, fue mencionado el domingo 27 de agosto en Tolerancia 0 y el martes 29 de Agosto en un seminario en el Centro de Estudios Públicos al cual el ex Ministro asistió a exponer sobre el proyecto.
El comentario del ex Ministro de Hacienda hacía referencia al consenso técnico sobre la necesidad de aumentar la edad de jubilación, particularmente para las mujeres, ya que esto era uno de los factores causantes del pago de menores pensiones y determinante para el aumento de ellas para este grupo a mediano plazo. Bajo el entendimiento unánime de lo anterior y otros tecnicismos que justifican la medida, Valdés explica que la comisión acordó ingresar esta medida al proyecto solo si todos estaban dispuestos a apoyarla frente al público, lo cual no sucedió porque un comisionado se excusó diciendo que en su sector no se lo permitirían.
[cita tipo=»destaque»]Frente a este hecho “reprochable”, solo dejo al lector ante una evidencia de lo que muchos saben que sucede y es aceptado por todos los sectores de la élite, sin embargo, siento la necesidad de exponer que los resultados que trae esta disonancia en los incentivos entre el público y la élite, culmina en ineficiencia, la cual pagan los primeros de una manera silenciosa, ya que es más fácil de explicar que ahora las mujeres que atrasen su jubilación tendrán un bono (el cual se comporta de manera compleja y que una persona promedio difícilmente entenderá) que explicar que se hizo lo que se tenía que hacer, pero nunca lo sabrán.[/cita]
Al comisionado, el cual su nombre no fue expuesto, sabemos que no se le permitiría en su sector debido a lo impopular de esta medida, incluso sabiendo que es técnicamente necesaria, lo cual constituye una acción, a lo menos, reprochable (personalmente, inaceptable). La abstención de los demás comisionados a presionar porque esta norma se lleve a cabo y adhesión al personaje obstructor inicial, no solo demuestra que, al fin y al cabo, todos los sectores responden de la misma manera frente a los mismos incentivos. En este caso el incentivo es bastante claro, velar por lo popular (traducido ojalá en votos) frente a lo que creemos que es correcto, porque todos lo creyeron así y no lo digo yo, lo dijo El Ministro en dos instancias distintas.
Frente a este hecho “reprochable”, solo dejo al lector ante una evidencia de lo que muchos saben que sucede y es aceptado por todos los sectores de la élite, sin embargo, siento la necesidad de exponer que los resultados que trae esta disonancia en los incentivos entre el público y la élite, culmina en ineficiencia, la cual pagan los primeros de una manera silenciosa, ya que es más fácil de explicar que ahora las mujeres que atrasen su jubilación tendrán un bono (el cual se comporta de manera compleja y que una persona promedio difícilmente entenderá) que explicar que se hizo lo que se tenía que hacer, pero nunca lo sabrán.
El proyecto es una joya de política pública, desde un punto de vista político: no se eliminan las AFP, tampoco se les pasa un peso más, no se aumenta la edad de jubilación y se mejoran las pensiones de hoy y mañana (por demostrar), sin embargo, para efectos técnicos, tendrá altos costos en eficiencia e incluso político, ya que, a lo menos, se traspasa la discusión a un momento futuro el cual todos querrán evitar.
Mi pregunta final va dirigida al sector político: ¿Hasta cuándo primará el interés político (y privado) por sobre el interés público? Al menos yo, estoy cansado de cargar con estos costos.
