Cuatro de cada cinco chilenos dice que tomaría acciones para oponerse en caso que se buscara instalar un relleno sanitario cerca de su vivienda, según los resultados una reciente encuesta de Espacio Público e Ipsos.
Carecemos de comparación histórica para saber si este nivel ha ido incrementándose en el tiempo, pero sí sabemos que los conflictos a lo largo del territorio se han multiplicado en los últimos quince años. En efecto, Chile se ha convertido en uno de los países con mayor cantidad de conflictos socioambientales en el mundo.
Que las comunidades estén más movilizadas es una buena noticia. Significa que se han ido empoderando, quieren ser partícipes de la definición de su destino, lo que es positivo para la construcción de un país más democrático e imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible.
Es una manifestación del progreso que ha alcanzado Chile – mal que mal el fenómeno NIMBY (“no en mi patio trasero”, por su siglas en inglés) que es patente en la encuesta mencionada, no es un invento local, sino que algo que se vio por primera vez hace décadas en los países desarrollados. La pregunta es cómo canalizar esta energía que ha despertado con fuerza.
Hasta ahora, salvo por destacables esfuerzos sectoriales como los desarrollados por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el Estado se ha mantenido al margen de la gestión del diálogo en torno a proyectos de inversión para prevenir conflictos. Las disputas que se dan en torno a los proyectos de inversión han sido vistas como un problema entre privados.
[cita tipo=»destaque»]Que las comunidades estén más movilizadas es una buena noticia. Significa que se han ido empoderando, quieren ser partícipes de la definición de su destino, lo que es positivo para la construcción de un país más democrático e imprescindible para alcanzar el desarrollo sostenible. [/cita]
El desafío es el de trabajar en conjunto con las comunidades, en un diálogo virtuoso que viabilice la ejecución de proyectos, cuando estos se ajustan a la vocación de los territorios, y que éstos no solo den cumplimiento a lo exigido por la legislación ambiental, sino que además signifiquen el desarrollo y florecimiento de las localidades en que se emplazan. Es un reto mayor, dado que requiere reestablecer confianzas que se fueron perdiendo luego de años de algunas malas prácticas. Además, significa revertir una cultura que se fue instalando, por esa ausencia de política pública, en que todo vale con el objetivo de llevar adelante los proyectos.
El proyecto “Institucionalidad para el Diálogo Territorial”, que se está llevando a cabo actualmente, generará una propuesta robusta para abordar este desafío, la que será puesta a disposición de quien asuma el gobierno en marzo de 2018. Esta iniciativa, liderada por la alianza público-privada Valor Minero, y en la que desde Espacio Público estamos desarrollando uno de los elementos centrales del proyecto, constituye uno de los más comprehensivos y serios esfuerzos por repensar la institucionalidad en este ámbito.
Se está explorando cómo coordinar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la consulta indígena del convenio 169 con ese ámbito -que hoy está totalmente desregulado- de acuerdos económicos entre comunidades locales y titulares de proyectos. Esto en el marco de un diálogo temprano y permanente a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de inversión. El diseño de este nuevo sistema, como mandan los principios básicos de la participación, a su vez contempla múltiples instancias participativas, reuniendo a decenas de actores que intervienen a lo largo del proceso de investigación, diseño y validación de la propuesta.
A propósito del rechazo del proyecto Dominga, la Presidenta Bachelet señaló que el crecimiento económico no puede hacerse descuidando el desarrollo sustentable. Este es probablemente el ámbito que ofrece la mejor oportunidad para conciliar ambos objetivos. Es de esperar que el próximo gobierno, sea cual fuere, tome estos insumos y los transforme en política pública. De lo contrario, los conflictos seguirán a la orden del día.
