Señor Director:
En relación a la nota aparecida en su medio online, que advierte sobre una probable paralización de los funcionarios del Servicio Médico Legal, tengo la necesidad imperiosa de dirigirme a Ud. con el propósito de plantear lo siguiente:
1. En el día de ayer recibí una carta petitoria, firmada por la presidenta de una de las tres asociaciones de funcionarios del SML. Curiosamente, esta es la Asociación más pequeña de las tres y su número de asociados no alcanza siquiera a las 100 personas, (eso sin contar el hecho que a pesar de haberlo solicitado desde septiembre del año pasado, aun no presenta su certificado de vigencia).
2. Esta carta supone ser el resultado de una asamblea “autoconvocada”, que no alcanzó a tener más de 40 funcionarios en su momento peak y que está lejos de representar a todos los gremios.
3. Acompaña esta firma el ex presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios, que, tras no resultar nuevamente electo presidente, entrega su apoyo a título personal, sin consultar siquiera a su gremio.
4. Los casos que la nota en cuestión cita, como “desvinculaciones ilegales y arbitrarias”, corresponden a dos casos puntuales (de un total de 1.086 funcionarios), y que involucran a dos funcionarios cuya permanencia en el Servicio ponía en riesgo la integridad y seguridad del conjunto de los trabajadores.
5. A su vez, existen seis casos de redestinación, que responden a una necesidad institucional de optimizar y fortalecer el recurso humano en las áreas que lo requerían, a fin de avanzar en la solución de problemas graves de espera que afectan a nuestros usuarios y que – por demás – son parte de la atribución y el deber de esta autoridad.
Lo anterior en el art. 46 inc. Tercero, de la ley N 18575 y73 de la ley 18834, que expresa la atribución de la autoridad de ordenar destinaciones según necesidades de la repartición.
6. Las decisiones que he asumido, en conjunto con mi equipo directivo, son propias de una gestión que busca avanzar hacia la modernidad, en virtud de los requerimientos que nos impone la ciudadanía y las políticas públicas.
(*) Carta editada
Dr. Gabriel Zamora Salinas
Director Nacional (S)
Servicio Médico Legal
