Opinión
Sólo para precisar, digamos que descentralizar es entregar mayor poder, facultades y recursos a los gobiernos subnacionales (gobiernos regionales y municipios), ya sea para elegir directamente a su autoridad superior, ya sea para ejercer atribuciones y competencias que hasta ahora se ejercían directamente desde el nivel central por ministerios y direcciones nacionales; ya sea para recabar directamente recursos y administrarlos soberanamente dentro de los marcos que la ley establece en materia de finanzas públicas, ya sea todos ellos, con sujeción al accountability.
Sus objetivos son diversos, tanto como lo son los énfasis que se presentan. Así, por ejemplo, para algunos perfecciona o mejora la democracia al redistribuir poder e incidir en la aparición de nuevos actores políticos y liderazgos que modifiquen los escenarios conocidos. Para otros, el acercar las decisiones a quienes deben experimentar sus efectos, produce una mejora en la eficiencia, eficacia y oportunidad de éstas, lo que conlleva efectos positivos evidentes tanto para el país como para sus territorios. Se plantea también que genera relaciones de tipo radial en los territorios, haciéndose cargo de que la forma de ejercer el gobierno y el poder político hoy debe ser distinta a la que tradicionalmente se entendía como natural y adecuarse a nuevos paradigmas, etc.
En los últimos años hemos visto en nuestro país un avance legislativo histórico en esta materia. No obstante, éste sólo constituye un primer paso, resta aún mucho camino por andar. El punto es que, en una cultura característicamente centralista como la chilena, cabe esperar que el debate parlamentario haya sido, “la parte más fácil” del proceso.
[cita tipo=»destaque»]En resumen: la descentralización efectiva del país está sustentada en gran medida en la voluntad cívica de sus ciudadanos e instituciones organizadas de involucrarse en la gestión de sus regiones, así como en el compromiso cultural y político de sus autoridades y funcionarios de incentivar y respetar lealmente esa participación y de cumplir sus roles de coordinación y colaboración con los demás niveles de gobierno, construyendo en ese esfuerzo un fundamento básico de la descentralización haciendo así, en conjunto, la diferencia virtuosa entre el ayer de nuestras regiones y su futuro. Eso requiere un proceso de culturización que debe comenzar a instalarse hoy mismo.[/cita]
En ese contexto, trascendiendo lo normativo (que ya está dado) merece interés explorar en torno a lo que sigue en el proceso de instalar en Chile una descentralización efectiva, visualizando los distintos pasos necesarios para ver operando en pleno los procesos de descentralización previstos. Para ello revisemos dónde radica la diferencia con lo que conocemos. En palabras muy simples, la diferencia es que de lo que se haga con estos nuevos “poderes” se rendirá cuenta ya no al ejecutivo central y/o a sus representantes, sino a la propia región en que tales poderes se ejerzan, cuyo ejercicio, al menos en teoría, estará amarrado al proyecto de región tras el cual se logre aglutinar a la mayoría de los actores.
Para cumplir medianamente las expectativas que genera el proceso y moverse en éste con relativo éxito las regiones deberán echar mano de todos sus recursos y de todas las herramientas de buena gestión que puedan vislumbrar como virtuosas y adecuadas para la idiosincrasia, prioridades y fortalezas del territorio en cuestión. Y cuando hablo de ‘todos sus recursos’ estoy pensando principalmente en sus recursos “humanos” y no especialmente en su acepción de capital humano, (muy importante ciertamente, pero que espero abordar en otra oportunidad), sino más bien en el capital social y la cohesión social, es decir, en ese engranaje de personas, relaciones e instituciones públicas y privadas, que basadas en la aceptación de las diversidades son capaces de “tirar para el mismo lado”, poniendo el énfasis en lo que les une por sobre lo que les separa, si bien con pleno respeto y legitimación de sus diferencias. Esta no es una condición dada a priori. Hay que construirla y las regiones tienen dispares desempeños en esta materia.
No es éste un tema menor o similar a otros tantos de igual importancia. Creo que las regiones que logren esa imprescindible cohesión tras un proyecto común, que desde su generación perciben como propio, serán las que más prontamente logren hacer la diferencia entre lo que hoy son y lo que lleguen a lograr a partir del nuevo escenario instalado por las leyes de descentralización.
Pero ¿ese proyecto regional o proyecto político regional, que Sergio Boissier explica como “la voluntad de ser de la región expresada en capacidad de maniobra y negociación”, existe en nuestras regiones? ¿quién debe proponerlo? ¿cómo se le da forma y contenido? ¿se relaciona y de qué forma con el programa regional de ordenamiento territorial o con la estrategia regional de desarrollo?
Obviamente, cada administración regional dará sus propias respuestas a estas preguntas (y la comunidad regional al momento de elegir a sus líderes), pero sin perder de vista que hay elementos nuevos que obligatoriamente deberán considerar al momento de su formulación o que influirán fuertemente en él, que han sido establecidos por las leyes sobre fortalecimiento de la regionalización del país y regulatorias de la elección de los gobernadores regionales.
Ellos dicen relación, entre otros, con la radicación de nuevas facultades de ordenamiento territorial y planificación estratégica en los gobiernos regionales, con la obligación de los candidatos a gobernador regional de suscribir y depositar un compromiso programático con sus electores al momento de inscribir su candidatura (una suerte de compromiso de intensiones cuyo incumplimiento podría costar la reelección al gobernador electo), con el respeto a los principios de coherencia y coordinación que rigen las actuaciones de los gobiernos regionales en el diseño de políticas públicas regionales y en el ejercicio de sus facultades, etc.. (Y no debe perderse de vista que algunos de los mencionados a su vez tienen sus propios procesos de formulación y aprobación y deberán conciliarse unos y otros en aquel proyecto macro de región que cada comunidad pueda sentir, con propiedad, como “SU proyecto de región”).
Es aquí donde una traducción exitosa desde lo meramente jurídico normativo a lo concreto demandará probablemente el mayor esfuerzo cultural de parte de todos los actores e involucrados: sentarse a la mesa a explicitar, a negociar, “a visionar” y a priorizar los distintos intereses, a aceptar como legítimos los no compartidos y a identificar los puntos de encuentro en base a concesiones y respetos multidireccionales, bajo el compromiso de actuar en concordancia con lo acordado. Sin esta condictio sine quanom se dificulta la formulación de programas de ordenamiento territorial (PROT) consolidados y estables, de estrategias de desarrollo regional efectivas y de políticas públicas regionales conducentes, así como la realización de elecciones de autoridades regionales basadas en el conocimiento e internalización de sus propuestas programáticas, acordadas mediante el voto y, por ende, plenamente exigibles.
Me atrevo a decir que ello requerirá de profundas intervenciones en los distintos niveles de poder y en la ciudadanía misma, pues siendo un aspecto tan basal del asunto, encontramos en ellos condicionamientos y amarres que obstaculizan el proceso
En resumen: la descentralización efectiva del país está sustentada en gran medida en la voluntad cívica de sus ciudadanos e instituciones organizadas de involucrarse en la gestión de sus regiones, así como en el compromiso cultural y político de sus autoridades y funcionarios de incentivar y respetar lealmente esa participación y de cumplir sus roles de coordinación y colaboración con los demás niveles de gobierno, construyendo en ese esfuerzo un fundamento básico de la descentralización haciendo así, en conjunto, la diferencia virtuosa entre el ayer de nuestras regiones y su futuro. Eso requiere un proceso de culturización que debe comenzar a instalarse hoy mismo.
