Opinión
En las últimas semanas, a raíz de una serie de hechos delictuales donde han estado involucrados jóvenes menores de 18 años, han surgido nuevamente voces para solicitar el endurecimiento de las penas por esos delitos, llegando incluso, como lo han hecho diputados de la UDI, a pedir la rebaja de la edad punible a los 13 años.
Esto fue recogido en el discurso del presidente Sebastián Piñera en materia de seguridad ciudadana anunciando modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), que buscan establecer “la obligación del tribunal de considerar como agravante de la responsabilidad penal juvenil la reincidencia en los delitos cometidos, evitando así la evasión de la responsabilidad penal y la absurda impunidad con que hoy día actúan muchos de los delincuentes juveniles”, señaló el Presidente.
Hay que señalar que esto no es nuevo, y no es exclusivo de los sectores de la derecha. Tanto en los gobiernos de la concertación como de la ex nueva mayoría se levantaron este tipo de voces, producto de la alarma por una ola de hechos delictuales con cierta resonancia pública y que son amplificados por los medios de comunicación y el mundo político, queriendo (de)mostrar, que hay una correlación casi perfecta entre jóvenes (pobres), delincuencia y violencia. Así, hemos visto surgir un “populismo penal” contra los jóvenes, que enigmáticamente no surge cuando hay que levantar la voz sobre los delitos de cuello y corbata para quienes, al parecer, la impunidad es un hecho de la causa.
No han faltado las voces que se han levantado para señalar que este tipo de medidas no son la solución para el problema de la delincuencia. Al respecto, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, indicó que “la delincuencia siempre está sujeta a observación”, aunque advirtió que se debe motivar “un debate profundo en esta materia”, argumentando que “la solución no siempre está dada por el aumento de penas”. Brito dijo, además, que hay un trabajo en curso en esta materia y recordó que ya hay un proyecto de ley que modifica la Ley Penal Adolescente. Del mismo modo, el Colegio de Abogados de Concepción sacó una declaración señalando que no existe evidencia empírica que demuestre que la manera de combatir los delitos sea incrementar las penas. Se requiere apuntar al combate del narcotráfico y a crear medidas efectivas de reinserción social de los jóvenes, señalan los abogados.
[cita tipo=»destaque»]Cerramos señalando que la delincuencia juvenil nuevamente está de vuelta en la discusión política y en los medios, pero los adolescentes que protagonizan los hechos delictivos son invisibles cuando se habla de los derechos de niños y adolescentes. Tratándose de adolescentes infractores, su consideración como sujetos de derechos desaparece en favor de orientaciones netamente punitivas, sostenidas por modelos teóricos en boga (que fundamentan las políticas de seguridad pública), que sostienen que se trata de “antisociales”. Es decir, de jóvenes vulneradores de los derechos de los demás, con lo cual se harían merecedores, no de responsabilidad por sus actos, sino que de la marginación social y de la retirada de los derechos de que todavía gozan.[/cita]
No es menor decir, que la LRPA es ya una ley severa. Las sanciones pueden llegar hasta los 10 años de privación de libertad, sin mencionar otros aspectos que lejos de otorgarle un carácter especial atendido el sujeto al cual se dirige (jóvenes que tienen la vida por delante), revelan que funciona más bien como un sistema penal de adultos atenuado, según el decir de algunos especialistas. Se debe señalar también, que la cárcel no hace otra que cosa que empeorar y envilecer aún más a quienes la sufren, alejando más que acercando su futura reinserción social.
La experiencia comparada, por ejemplo, de Europa, apunta en la dirección contraria: en varios países se ha abolido la pena de cárcel, y es mayoritario el uso de alternativas a la judicialización y el recurso a medidas de apoyo que impidan la marginación y estigmatización de los jóvenes y, sobre todo su entrada en un circuito de delincuencia dura del que les será difícil salir.
Por otro lado, a instituciones como el Servicio Nacional de Menores (SENAME) se le culpa de la llamada “delincuencia juvenil”. Como “evidencia” estaría el dato de que más del 40% de los jóvenes que están en cárceles de adultos estuvieron antes en la red de protección del SENAME. Sin tener la intención de defender al Servicio Nacional de Menores, conviene tener en cuenta otro dato en sentido contrario: de todos los niños que han estado en el sistema de protección, solo un poco más del 7% llega a la cárcel. El 93% no lo hace. Esto exime de responsabilidad al SENAME, lo que no significa decir que lo haya hecho bien en materia de protección de los derechos de los niños.
Esto estaría demostrando, que por sí sola, la condición de abandono y desprotección no es la receta para transformar a un niño en delincuente. Entonces, ¿dónde está el problema? Los datos con los que se cuentan, es que en general los adolescentes que delinquen han sufrido una forma muy aguda de vulneración de sus derechos. Según algunos estudios, la negación del derecho a la educación, la segregación escolar, el etiquetamiento y auto marginación sufridos por niños o niñas que en su interacción con el sistema escolar reciben la etiqueta de “malos” y lo asumen así, está en la base de futuras trayectorias delictivas juveniles.
Cerramos señalando que la delincuencia juvenil nuevamente está de vuelta en la discusión política y en los medios, pero los adolescentes que protagonizan los hechos delictivos son invisibles cuando se habla de los derechos de niños y adolescentes. Tratándose de adolescentes infractores, su consideración como sujetos de derechos desaparece en favor de orientaciones netamente punitivas, sostenidas por modelos teóricos en boga (que fundamentan las políticas de seguridad pública), que sostienen que se trata de “antisociales”. Es decir, de jóvenes vulneradores de los derechos de los demás, con lo cual se harían merecedores, no de responsabilidad por sus actos, sino que de la marginación social y de la retirada de los derechos de que todavía gozan.
En ese sentido, no hay que esconder la cabeza como avestruces. Debemos rechazar la idea de que penas más severas permitirán disuadir a los jóvenes de delinquir como si esa fuese la receta mágica. Hay que enfrentar el problema con otro tipo de políticas que no son necesariamente punitivas; no quedarse con los síntomas sino apuntar directamente a las causas que producen la delincuencia y que suponen enfrentar cuestiones estructurales en la cuales vive un porcentaje significativo de niños/as y jóvenes en nuestro país.
