Señor Director:
La inminente entrada en vigencia de la Ley sobre Transparencia del Mercado del Suelo, también conocida como “Ley Caval”, trae aparejados importantes desafíos para su implementación.
El primero de ellos es revindicar a quienes ejercen funciones públicas y de servicio profesional para la elaboración y aprobación de instrumentos de planificación urbana. Esto, dado que la nueva legislación nos presenta a todos como posibles promotores y gestores de la especulación de suelos, una mirada absolutamente encontrada con una larga y legítima tradición para orientar el desarrollo urbano.
El segundo desafío es el de informar a la ciudadanía sobre las consecuencias tributarias: se pagarán nuevos impuestos sobre las enajenaciones de terrenos emplazados en zonas de extensión urbana en estudio, independientemente si, al final del proceso de aprobación, estos queden zonificados como áreas urbanas. Se aplicarán sustantivos y arbitrarios incrementos en el Impuesto Territorial (contribuciones), lo que redundará una vez más en el encarecimiento del acceso a la vivienda.
El tercero es encontrar la manera para manejar la extensión de plazos y costos de los procesos de formulación y aprobación (ya largos y costosos) para asegurar la efectividad de la nueva herramienta.
Finalmente, y dado que el cuerpo legal no considera la progresividad en su implementación, se presenta la tarea administrativa de operar sin la existencia de un reglamento, lo que afectará a los estudios y procesos aprobatorios en marcha y en futuros procesos de planificación territorial.
La planificación urbana, más que nuevas instancias de comunicación y control, requiere de aumentar las herramientas que fortalezcan la gestión urbana local, con énfasis en la descentralización y construcción conjunta de ciudades armónicas, eficientes y equitativas. Confiamos en que las autoridades responsables de los reglamentos de aplicación de la nueva ley asuman estos desafíos.
Ignacio Hernández,
Presidente Asociación de Oficinas de Arquitectos
