Señor Director:
La tarde del miércoles 14 de noviembre de 2018 en la comunidad de Temucuicui fue asesinado por Carabineros el joven comunero mapuche Camilo Catrillanca. Tras su muerte, Carabineros y el Gobierno han entregado al país información falsa e incongruente, lo cual genera un gran daño a la legitimidad de ambas instituciones y agudiza la tensa relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Valoramos el pronunciamiento que ha hecho en su calidad de Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, promoviendo una investigación seria y exhaustiva, muy necesaria en estos momentos de desinformación sobre el caso. Sin embargo, el asesinato de Camilo Catrillanca no es un hecho aislado que se explique exclusivamente por la situación y contexto particular que pueda dar a conocer una investigación. El año 2002, Alex Lemún recibió una bala de escopeta en su cabeza. Se sostuvo la tesis de un enfrentamiento, no obstante, no se encontraron casquillos de bala salvo los de la policía. El fiscal a cargo concluyó que no existía peligro real e inminente para la integridad de Carabineros que justificara el uso del arma de fuego y que la violencia ejercida fue innecesaria. Una situación similar sucedió con las muertes de Matías Catrileo (2008) y Jaime Mendoza Collío (2009), ambas, durante su primer mandato.
Desde los inicios de la transición a la democracia, el Estado chileno ha decidido enfrentar el conflicto con el pueblo Mapuche por la fuerza más que por la razón, fortaleciendo el poder de fuego de la polícia, su entrenamiento militar y su presencia en el territorio donde se concentran las comunidades mapuche.
Como fuerzas políticas pertenecientes al Frente Amplio, coalición que aspira la plurinacionalidad, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas, proponemos generar un espacio de diálogo político y democrático que busque construir las bases de un nuevo marco de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas, que los reconozca como sujetos de derechos individuales y colectivos, reconozca la legitimidad de sus demandas de autonomía y tierras, así como la necesidad de garantías de no repetición de las violaciones a sus derechos humanos. No es posible la paz si no existe diálogo.
La deuda en materia de reconocimiento cultural, social y política de los pueblos indígenas se arrastra de los diferentes gobiernos que ha tenido Chile luego de la dictadura. Es por ello que estamos frente a una oportunidad para remediar la política de represión y exclusión del pueblo mapuche que ha sostenido el Estado chileno y que sus dos periodos de gobierno también aplicaron. Mediante la presente carta solicitamos a usted interceda de forma activa en favor de un diálogo político entre el Estado chileno y las comunidades mapuche, en coherencia con los objetivos y atribuciones de la organización y el cargo que actualmente ostenta.
Valentina Saavedra, Secretaria General de Izquierda Autónoma
Karina Oliva, Presidenta de Partido Poder Ciudadano
