domingo, 24 de marzo de 2019 Actualizado a las 02:12

Escalada de represión en territorio mapuche y el asesinato de Camilo Catrillanca

por Grupo de Académicos Universidad Alberto Hurtado 30 noviembre, 2018

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Señor Director:

La creación y el accionar del Comando Jungla no es un hecho aislado, sino parte de la violencia policial sistemática instaurada por los sucesivos gobiernos para reprimir la movilización política del Pueblo Mapuche. Urge que el Estado chileno desmilitarice el territorio mapuche y dé respuestas políticas y no policiales al conflicto. Hoy es perentorio retirar al Comando Jungla del territorio mapuche, pero esta medida sería insuficiente si se desestima el contexto amplio del conflicto, en el que un numeroso contingente policial acumulado en la zona, por los últimos gobiernos, actúa como guardia privada de aquellas empresas forestales en conflicto con organizaciones mapuche.

El Estado chileno no puede hacer caso omiso a las condenas y reconvenciones recibidas permanentemente durante las últimas dos décadas por parte de los organismos internacionales, en particular, por las Naciones Unidas, ante la violación y vulneración sistemática y represiva de los derechos humanos y políticos del pueblo mapuche, incluyendo a niños y niñas, mujeres, hombres y adultos mayores.

El gobierno y el Estado deben sancionar el actuar irresponsable de las autoridades políticas y policiales que respaldaron la arremetida del Comando Jungla y que desde el primer momento estigmatizaron a Camilo Catrillanca como “delincuente” o “terrorista”. Sin embargo, toda destitución será una medida cosmética, si las nuevas autoridades continúan reproduciendo la histórica distancia entre la élite chilena y el pueblo mapuche. No servirá hacer simples enroques e instalar nuevas autoridades desde el mundo empresarial chileno para gestionar el conflicto con lógicas paternalistas y punitivas, probadamente contraproducentes. Es importante que la diversidad del territorio y las voces mapuche, sean consideradas y que el Pueblo Mapuche sea reconocido como sujeto político, no como objeto de asistencia y represión.

El reciente Plan Araucanía, y cualquier política pública que se vincule al tema mapuche, debe someterse a los mecanismos e instrumentos de participación y consulta indígena consagrados internacionalmente como derechos, y vigentes en Chile.

Ninguna política debiese obviar las demandas políticas registradas oficialmente en el Informe del Proceso Constituyente Indígena y manifestadas por 17 mil participantes de los pueblos originarios. Y, por cierto, tampoco puede desconocer la deuda histórica del Estado chileno con este Pueblo/Nación, tal como lo expresa el informe oficial Verdad Histórica y Nuevo Trato. Consecuentemente, ninguna iniciativa o medida estatal que declare promover la paz y el diálogo puede ir de la mano de un accionar represivo, abusivo e indiscriminado.

Cuestionamos los efectos locales del proyecto extractivista encabezado por los últimos gobiernos y las intenciones declaradas desde la última campaña presidencial sobre la necesidad de revisar las leyes y derechos conquistados por el Pueblo Mapuche, para destrabar así la instalación de mega proyectos. Lamentaríamos que el proyecto económico desarrollista de explotación extractiva del
territorio, sea justificación para toda la fuerza represiva acumulada y en escalada en la Araucanía y Arauco.

Los discursos oficiales contra la violencia genérica, no son más que consignas si no hay un proyecto y una voluntad política real que construya paz en base a la justicia y al diálogo equilibrado entre todos los actores involucrados en el conflicto. Urge que el Estado chileno reconozca al Pueblo Mapuche como un actor colectivo y a su movimiento, como un sujeto político y se abra a ampliar la “mesa” de discusión con nuevos actores (realmente involucrados en el conflicto) y nuevos contenidos, los realmente sustanciales y demandados históricamente, como la autonomía, el modelo de desarrollo y la restitución territorial.

Firmantes:

Nelson Adriazola; Felipe Armstrong; Verónica Baeza; Gabriela Bulnes; Javiera Bustamante; Santiago Canales; Isaac Caro Victoria Castro; Ignacio Cienfuegos; David Correa; Alexis Cortés; Elena Cuadro; Andrea Espinoza; Paulina Faba; Marcela Fuentes; Juan Diego Galaz S.J.; Marcela González; Shirley Götz; Bárbara Gutiérrez; Ma. Soledad Jiménez; Francisca López; Cristóbal Madero S.J.; Marcela Mandiola; Marcela Manzanares; Francisca Márquez; Francisco Maturana; Fernando Maureira; Rubén Morgado S.J.; Óscar Navarrete; Ricardo Negrete; Rosa María Olave; Cecilia Osorio; Héctor Oyarce; Miguel Pérez; Felipe Pimentel; Leonardo Piña; Verónica Polanco; Fabián Pressacco; Patricia Rivera; Nicolás Rojas; Macarena Rojas; Natacha Romero; Pablo Salvat; Boris Santander; Carmen Sepúlveda; Ximena Sepúlveda; Pablo Silva; Juan Carlos Skewes; Álvaro Soto; Ma. Elena Tobar; Tito Tricot; Esteban Valenzuela; Hugo Vallejos; Paz Vergara; Judith Villarroel; Víctor Zamorano; Claudio Zelada; Ricardo Zúñiga.

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