Opinión
La comentada compra de un terreno en La Araucanía por parte del Subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla, deja una vez más de manifiesto el modo en que se entiende la relación del Estado de Chile, respecto de los pueblos indígenas en general y con el pueblo mapuche muy especialmente.
Adicionalmente, la acción de Ubilla, que privilegia la compra de un terreno sin el menor interés por conocer el origen de aquel bien raíz, vuelve a mostrar esa relación promiscua entre la política y los negocios. Este ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido por años la política chilena y una de las principales causas del descrédito del sistema de partidos y de los propios actores políticos.
Hay un hecho de especial importancia, en este caso. Nótese que es del propio Ministerio del Interior, desde donde ha surgido la estrategia de miltarizar esta “zona de conflicto” con recursos públicos; y con esta circunstancia recientemente conocida, lo que aparece, es la necesidad simultanea (¿prioritaria?) de proteger bienes e inversiones personales. Lejos de poner como fin el beneficio de los habitantes de la zona y todos los chilenos, esto parece traspasar esa delgada línea roja entre el bien común y los intereses individuales. Este, es el gran problema ético en este caso.
En términos normativos vigentes, la cosa es muy clara. La ilegalidad de esta compra, se da porque la Ley Indígena prohíbe vender terrenos de propiedad indígena, a personas no indígenas. Así lo expresa taxativamente el artículo 13 de ese cuerpo legal.
Y este es un secreto a voces: mucha gente, en el transcurso de la historia reciente, ha utilizado subterfugios para torcer la mano a las leyes. ¿Cuántas personas o empresas se han apropiado ilegalmente de tierras indígenas utilizando la mentira, el engaño o la imposición? En este caso, el señor Ubilla, se esconde en el argumento de haber comprado este terreno a una chilena.
En efecto, la respuesta que da Ubilla, que compró las tierras a la señora Morris, quien no es indígena, es falso. La Ley Indígena dice claramente que toda persona que en posesión del estado civil de cónyuge con un indígena, es titulo suficiente para adquirir los mismos derechos (Art. 4° Ley 19.253). En consecuencia, esa es claramente una venta ilegal, porque la señora Moris adquirió tierra indígena gracias a su matrimonio con un mapuche.
Es más, dicho artículo dice: «Se entenderá que la mitad de los bienes pertenecen al marido y la otra mitad a su cónyuge, a menos que conste que los terrenos han sido aportados por sólo uno de los cónyuges». En este caso los terrenos provienen solo del esposo mapuche. Por lo que el subsecretario Ubilla tiene en su poder tierras indígenas. Porque la disolución de la sociedad conyugal no hacer perder la calidad indígena de la tierra.
Si los terrenos en cuestión están inscritos en CONADI, quiere decir que pertenecen a comunidades indígenas mediante un “Título de Merced”, que fueron entregados por el Estado. Esas tierras, tienen prohibición expresa de venta a no indígenas. El caso mencionado cae plenamente en esa norma, ya que el terreno corresponde al Título de Merced N° 1341 del 6 de octubre de 1908.
Estás medidas taxativas que recoge la ley, están orientadas a proteger los derechos territoriales indígenas, no los de personas no mapuche. Es por ello, que el artículo 13 de la Ley Indígena, considera “Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta”.
Como se puede apreciar, el Subsecretario Ubilla vulnera groseramente esta norma y también el sentido común sobre la materia.
Llama la atención la defensa corporativa del actual Director (s) de la CONADI, hijo de un empresario agrícola de La Araucania, ante la actuación de Ubilla. Ya que, la misión primordial de CONADI es proteger los derechos territoriales de indígenas, y no defender derechos de privados no indígenas.
Lo preocupante es el silencio cómplice del ministro Moreno, ya que CONADI depende de él, lo que estaría demostrando una protección institucional a favor de negocios “ilegales” de privados, solo por ser socios y funcionarios de un gobierno que, al parecer, pone el lucro por sobre el bien común.
Un ejemplo paradigmático, lo constituye el caso de la Forestal Arauco, que pierde un juicio en Cañete, en beneficio de una comunidad mapuche de Contulmo. La forestal argumentaba que había comprado tierras a un particular chileno que adquirió las tierras, considerando que el Título de Merced de esas tierras, era de 1904. Entonces, la ilegalidad radica en que una persona o empresa, adquiera terrenos de forma fraudulenta, que en realidad pertenecen a un mapuche.
Hay más de 130 mil hectáreas pertenecientes a comunidades mapuche que hoy están en manos de empresarios como Ubilla y que derivan básicamente de 168 Títulos de Merced que, “curiosamente” están extraviados.
