Opinión
A propósito de las iniciativas legislativas que el gobierno impulsa en el Congreso, como la reforma laboral, tributaria o la aprobación del denominado TPP11, subyace la discusión sobre los criterios para la formulación de una política pública, la que generalmente se materializa a través de una ley, en efecto, en el actual clima de desprestigio del que adolecen nuestras instituciones, no solo gubernamentales, si no también empresariales, religiosas y desde luego políticas, la respuesta más recurrente frente a los sustentos que deben prevalecer para impulsar una iniciativa gubernamental frente a la disyuntiva de criterios políticos vs criterios técnicos, éstos últimos seguramente se impondrían por abrumadora mayoría.
Sin embargo, las políticas públicas o si se quiere proyectos de ley, planes o programas no son para nada algo abstracto e incomprensible para la gente, al contrario las políticas públicas tienen expresión y afectan directa y a diario a las personas; cuánto costará el pasaje de la micro o del metro, si aumentará o no la tasa de interés, si es posible estudiar gratis una carrera universitaria o si hay más o menos asaltos, son ejemplos nítidos de la cotidianeidad con que las políticas públicas impactan nuestras vidas.
Si entendemos a las políticas públicas como las decisiones o procesos decisorios que los gobiernos adoptan para resolver problemas de relevancia social en un determinado momento, los que desde luego cambian con los tiempos y las condiciones del país, es fácil intuir que los factores que influyen en la formulación de dichas políticas son múltiples y también variables.
Si los problemas de la educación universitaria en los 90 se relacionaban con la cobertura en la actualidad se refieren a la calidad, si hace años discutíamos sobre la pertinencia del divorcio, hoy tenemos acuerdo de vida en pareja y se discute sobre el matrimonio igualitario, si en el pasado reciente se valoraba el multilateralismo y el libre comercio hoy se discute sobre la migración, por señalar solo algunos ejemplos de la evolución de los problemas sociales.
Así las cosas, el tomador de decisión o si se quiere el gobierno, para formular una política pública o tomar una decisión no puede solo basarse en criterios políticos, los que se traducen en adhesión ciudadana, percepción, grupos de interés o movilizaciones sociales. Ni tampoco puede sustentarse en criterios exclusivamente técnicos, tales como recursos, experiencia comparada, opiniones expertas o estadísticas.
La calidad de la política pública y en especial sus resultados dependerá de la adecuada conjunción de ambos criterios, políticos y técnicos para ser exitosa. En otras palabras el gobierno no puede actuar únicamente en base al querer de las mayorías, pero tampoco puede hacerlo sin considerar los datos ni a los expertos, de lo contrario con mayor recurrencia de la que quisiéramos, escucharemos frases grandilocuentes pero sin contenido como las vertidas a propósito del control preventivo de identidad para los menores de 14 años, “quien nada hace, nada teme”. O de manera más reciente, sin el criterio político, donde el diálogo, la negociación y la persuasión resultan fundamentales, el gobierno no hubiese podido obtener el apoyo de la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados para aprobar la idea de legislar la reforma tributaria.
