Opinión
Analizando en detalle las indicaciones del Gobierno y parlamentarios, ¿qué beneficio directo tendrá para las personas o cuál problema de fondo resolverá? ¿Disminuirán las tarifas de los clientes regulados de manera considerable? ¿Resolverán los problemas de las redes de distribución asociados a la seguridad y calidad de suministro? Lamentablemente, la respuesta a todas estás interrogantes es un rotundo no.
Se está haciendo costumbre hablar de las alzas semestrales de las cuentas de electricidad, teniendo que explicar a los usuarios que los incrementos de las tarifas son producto de actualizaciones de precios de contratos de suministro para clientes regulados. Este mecanismo fue implementado a través de una modificación regulatoria en el año 2005, el cual fue perfeccionado el año 2013 y que recién el año 2021 tendrá beneficios directos en las cuentas mensuales de los usuarios. Esto será así siempre y cuando no se modifiquen o alteren las condiciones pactadas en las licitaciones de suministro.
Como toda política pública, los beneficios se reflejan en el mediano y largo plazo. No resulta conveniente legislar a través de leyes cortas que no resuelven los problemas de fondo y, en ciertas situaciones, responden a mediatizaciones sociales y no técnicas.
Específicamente me refiero a la Ley Corta de Distribución que está en discusión en el Parlamento. Analizando en detalle las indicaciones del Gobierno y parlamentarios, ¿qué beneficio directo tendrá para las personas o cuál problema de fondo resolverá? ¿Disminuirán las tarifas de los clientes regulados de manera considerable? ¿Resolverán los problemas de las redes de distribución asociados a la seguridad y calidad de suministro? Lamentablemente, la respuesta a todas estás interrogantes es un rotundo no.
De esta forma, ¿qué busca la Ley Corta para el segmento de distribución? La respuesta es clara y evidente, disminuir las rentabilidades de las empresas de distribución. Pero nuevamente, ¿esto impactará de manera significativa en las tarifas de los clientes regulados? La respuesta desafortunadamente es un no. Ni siquiera alcanzarían a ser el 10% de las alzas que, solamente este año, los consumidores sufrirán.
La ciudadanía necesita la baja de las cuentas de electricidad, pero ¿cómo sostener la esperanza de que ese momento llegará? La respuesta se encuentra en las políticas públicas, responsables y de largo plazo, como la que se aplicó en la definición de licitaciones de suministro de clientes regulados. En este sentido, debiésemos replicar el mismo modelo para la reforma estructural del sistema de distribución, que tiene ilusionados a los ciudadanos con la figura del comercializador y el ingreso de nuevos actores al segmento de distribución, que finalmente es lo que permitirá tener las esperadas reducciones en las cuentas del servicio básico de electricidad.
Definitivamente, la prisa por legislar este proyecto de Ley Corta no responde a las necesidades que demanda la ciudadanía y, por el contrario, va en un sentido opuesto a lo que el sector requiere: certeza jurídica, seguridad y calidad de servicio. Gobierno y Congreso repiten el error de legislar a matacaballo, lo cual tiene un alto costo asociado, como fue el caso de la implementación de los medidores inteligentes.
Pero hay brotes verdes. El ministro anunció hace unos días un transitorio para hacer retroactiva la baja de la tarifa si el proyecto continúa en el Congreso. Si bien es innecesaria esta indicación, la legislación actual contempla ya un mecanismo y esperemos que esto sea una señal de pausa. Lo mismo para el Congreso, que parece estar dispuesto ahora a incluir materias que directamente afectan la calidad y seguridad del servicio. Esperemos que sean brotes que duren.
