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40 horas: una señal inequívoca para la articulación de la oposición

por 1 octubre, 2019

40 horas: una señal inequívoca para la articulación de la oposición

Crédito: Agencia UNO

El proyecto de ley de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas, presentado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, constituye una ruptura en el actual estado de la política nacional, puesto que permite visualizar el camino para un proyecto que convoque y aglutine al mundo social y político, toda vez que se ubica en una de las principales y centrales preocupaciones de la sociedad chilena, como lo es el trabajo y su desigual distribución de ganancias y responsabilidades.
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Una parte de la oposición se ha empeñado en revitalizar la democracia de los acuerdos en un tiempo y una era muy distintos. Los consensos a todo evento como fórmula de convivencia política, si bien tenían un respaldo ciudadano amplio y casi transversal tras el fin de la dictadura, dado el hastío frente al conflicto y la necesidad de proteger la frágil democracia, en el presente y dada la demanda permanente de ampliación de derechos en todas las esferas que ha experimentado el país, son incompatibles con una estructura altamente desigual en materia de bienestar social.

Bajo este sintético diagnóstico, la denominada democracia de los acuerdos en sus efectos solo acrecienta el malestar y la insatisfacción, y los triunfos políticos que puedan experimentar los partidos que pactan en la Reforma de Pensiones, en la Reforma Tributaria y eventualmente en la Reforma Laboral, tendrán efectos electorales negativos en su proyección política.

Asimismo, la pasada derrota presidencial dejó muy debilitada la capacidad de acción de las fuerzas progresistas comprometidas con una reflexión y acción permanente de trasformación social, en el contexto de fuerzas políticas de centro que intentan reconstruir un centro con gravitación hacia la derecha, con una práctica dócil y funcional a las políticas neoliberales, cuya principal repercusión en incidencia se expresa en un Gobierno de derecha que fragmenta y divide permanentemente a la oposición.

Sin embargo, si hay algo que ha debilitado a la oposición tras la derrota en las pasadas elecciones presidenciales, como consecuencia de este cuadro político, ha sido la incapacidad de conectar con un proyecto que empatice con la ciudadanía, las organizaciones y el movimiento social. La oposición hasta ahora no ha logrado conectarse socialmente a un ideario equivalente al de la educación gratuita y de calidad que despierte no solo mayorías sociales movilizadas, sino apoyo, adhesión y simpatía ciudadana.

Por ello, el proyecto de ley de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas, presentado por las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, constituye una ruptura en el actual estado de la política nacional, puesto que permite visualizar el camino para un proyecto que convoque y aglutine al mundo social y político, toda vez que se ubica en una de las principales y centrales preocupaciones de la sociedad chilena, como lo es el trabajo y su desigual distribución de ganancias y responsabilidades.

Este proyecto presenta rasgos cualitativos que, en complemento, despiertan un potencial de desarrollo para la unidad en el conjunto de la oposición y para la articulación de un proyecto de largo plazo.

En primer lugar, la idea de una jornada de 40 horas muestra y activa la autopercepción por parte de los trabajadores y las trabajadoras sobre la perjudicial relación entre grandes empresarios y trabajadores, donde los primeros concentran ganancias de manera excluyente y el perjuicio recae sobre los segundos, expresado en largas e injustificadas jornadas, con la claridad de que en menos horas es posible producir lo mismo o más, en el entendido que se concentra y se maximiza la atención y la acción.

De esta manera, pensando en lo consciente de la sobrecarga horaria entre los trabajadores y las trabajadoras, la reducción de jornada tendría efectos positivos en mejores niveles de satisfacción y salud mental en el mundo del trabajo, especialmente en el ámbito privado, donde las evaluaciones son deficientes con un porcentaje inferior al 50% de consideración positiva. De igual manera, contribuiría a sincerar recursos de reemplazo, como es el caso de las licencias médicas asociadas a las tareas de cuidado por parte de la fuerza laboral femenina en el caso de hijos(as) y de adulto(as) mayores, responsabilidad que siempre recae como cuidadoras activas por sobre el 95% en las mujeres.

Por otro lado, representa una oportunidad para avanzar en lo que los autores llaman Reflexibilidad Organizacional, para definir estándares de productividad compartidos y evitar ritualizaciones inconvenientes y reiteradas, lo que conlleva la tarea de asumir de manera constante y sistemática el examen de las actividades normales y los criterios y supuestos subyacentes de las prácticas habituales. Y mostraría una significativa incidencia en los indicadores del Índice de Desarrollo Humano, como lo demuestra el estudio del PNUD 2014 sobre nuestro país; al respecto, se debe tener a la vista que las personas invierten 1,5 horas promedio en desplazarse a sus lugares de trabajo, lo que afecta directamente la calidad de vida.

En segundo lugar, en términos de disputa frontal con los populismos de derecha y visiones neoliberales ortodoxas, una jornada de 40 horas se ubica en el núcleo de la vivencia popular asociada al trabajo, aquella que hasta ahora en el plano de las identidades se percibe a sí misma desplazada por demandas de grupos prioritarios en el plano de los derechos civiles y sociales y no representada por un ideario y proyecto que resitúen al trabajo como la principal fuente de bienestar social, en este caso individual y colectivo.

La preocupación por el trabajo y la calidad de este, para enfrentar la precarización y la hiperflexibilización laboral no ha emergido como proyecto aglutinador de la centroizquierda, dada la coacción ejercida por sectores neoliberales.

Un proyecto político y social que convoque y represente mayorías populares, que movilice una subjetividad colectiva, debe tener como núcleo y elemento organizador de su discurso el trabajo y los derechos laborales, asumiendo como principal preocupación las mayorías postergadas por los alcances de las políticas neoliberales, lectura que sí ha hecho la derecha, que elabora y promueve un discurso violento que fundamenta y explica las injusticias y desigualdades en la existencia de población migrante.

Si hay algo que ha debilitado a la oposición tras la derrota en las pasadas elecciones presidenciales, como consecuencia de este cuadro político, ha sido la incapacidad de conectar con un proyecto que empatice con la ciudadanía, las organizaciones y el movimiento social. La oposición hasta ahora no ha logrado conectarse socialmente a un ideario equivalente al de la educación gratuita y de calidad que despierte no solo mayorías sociales movilizadas, sino apoyo, adhesión y simpatía ciudadana. Por ello, el proyecto de ley de reducción de jornada laboral de 45 a 40 horas presenta rasgos cualitativos que, en complemento, despiertan un potencial de desarrollo para la unidad en el conjunto de la oposición y para la articulación de un proyecto de largo plazo.

En tercer lugar, dado que el Gobierno del Presidente Piñera ha tomado la decisión de profundizar los rasgos más estructurales del neoliberalismo, en materia de acumulación y exclusión, siendo la jornada laboral flexible en la relación laboral individual entre empleador y trabajador un componente central para debilitar los alcances de los derechos colectivos, esta demanda de disminución de jornada laboral permite enfrentar la reforma precarizadora con una propuesta alternativa, discurso articulado y con respaldo social amplio.

Al respecto, es predecible que el apoyo que concita la demanda de 40 horas en algunos parlamentarios y parlamentarias de derecha y centro sea un recurso instrumental para empatar y aprobar el proyecto de flexibilidad laboral del Gobierno, por lo que es clave acentuar la claridad conceptual sobre la incompatibilidad de esta demanda con la desregulación que busca el Ejecutivo y los empresarios.

Bajo estas consideraciones, las principales amenazas para debilitar y socavar el apoyo social a la reducción de la jornada provienen de tres grupos de interés con vastos recursos comunicacionales: el Gobierno, los grandes empresarios y la tecnocracia neoliberal ubicada en la centroizquierda.

En el caso del Gobierno, utilizando estadísticas y falsos indicadores catastróficos de desempleo que le dan a la mentira reiterada la condición de política pública, cuyo propósito es generar miedo y una falsa realidad en la población, pero con un cada vez más limitado margen de acción, dadas la creciente frustración y la desafección que generan las promesas incumplidas de bienestar laboral y económico.

Los grandes empresarios, cuya perplejidad y consecuente ansiedad ha dado paso a un discurso descalificador hacia la mayoría de las chilenas y los chilenos, que intenta asociar a los trabajadores como sujetos irresponsables; nada más ilustrativo de este punto de vista que las frases del presidente de la CPC, quien ha señalado: “Chile es lo que es no por ser un país de flojos, sino por contar con trabajadores y empresarios tremendamente esforzados” y “podemos terminar en 30 horas y eso es una brutalidad”, frases que implícitamente identifican a los trabajadores y trabajadoras como irresponsables.

Y la tecnocracia neoliberal también ubicada en la centroizquierda, que en su afán por mantener intactos los parámetros del actual modelo de desarrollo, opera mediante declaraciones desafortunadas y acomodaticias, enviando señales funcionales a los grandes empresarios.

Así, enfrentando la crítica maximalista y pensando en la coyuntura y más allá de ella, la jornada de 40 horas no es un proyecto que resuelva la totalidad de problemáticas en las relaciones laborales, pero considerando que los cambios en el plano de la legislación laboral nunca se han dado sobre la base de legislación que abarque la totalidad de los problemas, esta es una iniciativa legislativa que mejora las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores y sus familias.

También, abre posibilidades de reforma y transformación en una preocupación social que define el tipo de país en que vivimos y que es estructural y funcional para el mundo del trabajo, posibilitando a su vez una relación más estrecha entre la demanda sindical y la ciudadanía, que ve reflejada en este proyecto una fuente de mayor justicia social.

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