Opinión
Cerca de 2 mil personas están abandonando los recintos penitenciarios en estos días. Quienes han recibido el indulto conmutativo seguirán en prisión domiciliaria; en cambio, quienes obtuvieron la libertad condicional deben iniciar su proceso de inserción social e, idealmente, laboral. El indulto descongestiona en parte el hacinamiento, aunque represente solo el 5% de la población recluída. Mientras, la preocupación al interior de las cárceles crece. Comienzan a aumentar los casos de Covid 19, ya no solo en el Penal de Puente Alto; recién se constataron 2 internas y 2 gendarmes contagiadas en el Centro
Penitenciario Femenino, lo cual pone presión sobre la necesidad de testeos en forma urgente.
Si bien el indulto es una buena política para evitar el contagio exponencial, el problema que se presenta ahora tiene que ver la situación de las personas al día siguiente después que recibe el beneficio. Chile es uno de los países con mayor tasa de población penal en el mundo y sin embargo se discute poco sobre el desafío de inserción que experimentan al salir quienes han tenido una condena. La literatura internacional habla de una serie de obstáculos comunes a personas que han estado privadas de libertad: la búsqueda de un hogar, idealmente fuera del contexto de violencia y delito que han conocido a lo largo de su vida; el restablecer sus vínculos familiares y sociales que han sido dañados por la distancia; el encontrar y mantener un empleo que les permita sostenerse y sostener a otros. Los antecedentes son muchas veces una barrera adicional en este desafío.
Con tasas de escolaridad más bajas que los hombres y un mercado laboral que tiende a ser más precario para la mujer, la mujer que sale en libertad se enfrenta al doble desafío de alejarse del delito y mantener económicamente a sus hijos. Sin embargo, quienes han salido hoy de la cárcel lo hacen en un contexto económico precario e incierto. Además, las condiciones impuestas por la pandemia dificultan el trabajo informal que es, prácticamente, el único trabajo al que ellas acceden. Enfrentadas a estas dificultades, algunas encontrarán la “ayuda” de quienes esperan contar con ellas para su negocio. “Un kilito para empezar”, le dicen sus antiguos jefes a las mujeres que actuaban de micro-traficantes.
Como hemos señalado en otras ocasiones, el riesgo de reincidencia de quienes salen por libertad condicional o habiendo tenido ya beneficios de salida diaria es significativamente más bajo que entre quienes lo hacen después de cumplir la totalidad de su condena. En esta hora, depende de nosotros como sociedad y de la ayuda estatal bajar las barreras para que, quienes ya han pagado con su libertad el daño del delito cometido, accedan a oportunidades que les permita dejar atrás esa “ayuda” ofrecida. Y este no es un tiempo fácil para ello. Hay experiencias positivas. Varias mujeres empleadas en programas de reinserción socio-laboral asociadas al proyecto BID-Corporación Abriendo Puertas se les ha mantenido sus empleos a pesar de la crisis; otras lo han perdido por dificultades de sus empleadores. Habla bien de ellas, de la posibilidad de la reinserción y de los empresarios conscientes de su necesidad, pero también de dificultades que seguramente se incrementarán.
Por otro lado, el indulto permitió la salida de la cárcel de mujeres con hijos menores de dos años y mujeres mayores de 55 años. Ellas no pueden buscar empleo porque vuelven a sus casas a seguir cumpliendo la condena establecida. Sin embargo deberán buscar la manera de sustentarse, ya que en la discusión del indulto no se tomó en consideración que, estando privadas de libertad, el Estado sufragaba parte de sus gastos. En varias cárceles se dieron casos de hombres y también mujeres mayores que no querían abandonar el penal, atemorizadas por su futuro, por la soledad, por su sustento. Lo mismo podemos pensar de aquellas mujeres con hijos menores que, al cumplir la condena desde sus hogares, perderán el apoyo que recibían sus niños al interior. Ambos grupos quedarán en un situación de especial vunerabilidad. Es deseable que el Estado mantenga los programas de apoyo a quienes ha favorecido recientemente en un contexto excepcional. Es su responsabilidad que, al menos lo que recibían en forma gratuita por estar recluídas, especialmente los niños, se garantice de manera que el remedio no sea peor que la enfermedad. Aquí se juegan decisiones que afectan la ética pública y la política.
La reinserción social es una responsabilidad compartida no solo por quien la experimenta en primera persona, sino por el Estado y la sociedad en su conjunto. De todos depende que los resultados de este indulto sean exitosos, sea en un sentido acotado de baja reincidencia o, más profundamente, de real inserción en la vida social.
