Opinión
En sólo estos recientes días, el Frente Amplio ha dado muchas noticias. Sus dirigentes debieron realizar una pública autocrítica tras el fallido acuerdo con la oposición y ahora resulta que su bancada no aprobará el Presupuesto 2021 de Carabineros si el gobierno no destituye a Mario Rozas. Al mismo tiempo, una de sus diputadas pide el perdonazo a quienes recibieron el bono clase media sin cumplir con los requisitos, y la Contraloría abrió juicio contra la Corporación Municipal de Valparaíso a cargo del alcalde Sharp.
Luego de haber caído en el falso dilema entre la construcción de identidad y la vocación de mayoría —parafraseando a Pablo Torche, columnista de este medio, se equivocaron al creer que la identidad política de su proyecto dependía exclusivamente de sus alianzas electorales—, el FA nos regaló otra joya cuando la diputada Gael Yeomans envió una carta a la ministra Rubilar expresando su “preocupación por el accionar punitivo del gobierno” a las 437 mil personas que solicitaron el bono clase media incorrectamente. En las elecciones parlamentarias de 2017, ella fue electa diputada con los votos correspondientes al 5,60% del total de sufragios emitidos, en representación de Revolución Democrática, partido al cual renunció; fue presidenta del Partido Convergencia Social y ahora es presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Solicitó que el Gobierno no persiga a las más de 437 mil personas que recibieron el Bono Clase Media, de $500.000, pese a no cumplir con los requisitos, lo que fue denunciado por el SII.
Vale cuestionarse por qué habría que perdonar a quienes se aprovecharon de un subsidio diseñado en el poco plazo que se estableció, y cuál es el motivo para absolver a quienes engañaron al sistema. Si solicitaron el bono a la clase media sin cumplir con todos los requisitos, ¿por qué no habría que perseguirlos penalmente? La diputada juzga “excesivos” los requisitos de focalización socioeconómica para las ayudas y beneficios provenientes del Estado, agregando que “la gente al momento de postular no entiende”. Si se le hiciera caso a la política frenteamplista, ¿qué hablaría de la capacidad técnica de nuestro aparato estatal para implementar prestaciones públicas asistenciales de carácter económico? Yeomans no sólo cree que la culpa debiese caer en quienes estuvieron detrás de la implementación de este subsidio, sino que además calificó de inmoral que se busque perseguir al casi medio millón de personas que presentaron diferencias en su sueldo tributable. Lo que ignora ella es que no se trata de imputar toda la responsabilidad de las fallas del bono a quienes se aprovecharon de ellas, sino de entender que la persecución penal sí corresponde cuando se trata de fraude. Puesto que se vieron desesperados por echar abajo el proyecto del primer retiro del 10% de las AFP, el mal diseño y ejecución de esta política improvisada a última hora podrá ser culpa del gobierno de Sebastián Piñera, pero no deja de ser condenable que más de 35.000 funcionarios del Estado hayan declarado menor renta para obtener el beneficio y, en tanto, los recursos fiscales involucrados alcancen a US$256 millones.
Tras los hechos ocurridos este viernes, que terminó con la caída de un adolescente al río Mapocho, senadores y diputados del Frente Amplio informaron que, si el gobierno no destituye a Mario Rozas, rechazarán el presupuesto destinado a la institución de Carabineros. Los parlamentarios sostuvieron, a través de uno de sus famosos comunicados, que no sólo votarán en contra del presupuesto, sino que además exigen la renuncia del ministro Pérez, haciendo un llamado a toda la oposición a exigir “sin medias tintas” las responsabilidades políticas correspondientes.
El honorable diputado Giorgio Jackson, que dijo en Tolerancia Cero que lo único que une a la oposición es que “no queremos que salga la derecha”, expresó vía Twitter su esperanza por encontrar “la unidad opositora para terminar con tanta violencia policial e impunidad”. Entre otras cosas, qué bien que el diputado recoja la celeridad con la que actuó Fiscalía y asimismo entienda que Carabineros es “la institución donde todas las chilenas y chilenos depositamos nuestros impuestos para que nos protejan y tengan el monopolio de la fuerza”, sin embargo, resulta incomprensible que sea tan tímido —y pierda toda expresión de superioridad moral— para condenar a quien haya asesinado a Pedro Cabrera. Empujar al lecho del río a un joven de 16 años, que andaba protestando y luego arrancando de Carabineros, es indignante, intolerable e insostenible. Se debe realizar la investigación con la debida diligencia y llevar a cabo una reforma integral de Carabineros, pero ¿acaso Giorgio Jackson piensa que no existe rol ni responsabilidad de agentes del Estado en La Araucanía?, ¿por qué se mantiene un doble estándar frente a los actos de violencia?, ¿cuál es el sentido de omitir comentarios sobre el hecho de que el Estado no ha sido capaz de asegurar la seguridad de las personas en La Araucanía?, ¿de qué sirve jugar al empate? Giorgio Jackson cree que “intentar igualar el rol del Estado en un crimen cuando es un civil o cuando es un agente del Estado, es ignorancia y/o demagogia”.
Al parecer, desconoce que en La Araucanía existe una dominación por el terror de parte de la actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos a través de una sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. El señor Cabrera murió en Collipulli a manos de encapuchados que quemaron su furgón y luego lo ejecutaron con un disparo en la cabeza. El Frente Amplio quiere rechazar el presupuesto destinado a la institución policial.
Son los mismos políticos frenteamplistas que votaron a favor de la ley antisaqueos y luego se arrepintieron, que suscribieron un pacto administrativo para la mesa de la Cámara y no lo respetaron, y que se sumaron a la mesa negociadora para la emergencia sanitaria y renunciaron antes de firmar. Ahora resulta que un juicio de cuentas y el envío de los antecedentes al Ministerio Público fue parte de las acciones que tomó la Contraloría General de la República tras realizar una auditoría al alcalde Jorge Sharp. Detectaron el mal uso de cerca de $931 millones de subvenciones escolares. Se logró identificar el pago de remuneraciones por $516.801.420 a trabajadores que ocuparon parte de su jornada de trabajo para cumplir labores que resultan improcedentes. Además, ¿qué dirá la Defensoría de la Niñez respecto al hecho de que la contraloría descubrió la existencia de trabajo adolescente?
Los dirigentes del conglomerado de izquierda FA tienen una visión algo distorsionada de la sociedad chilena; un espíritu paternalista donde hay gente, como Giorgio Jackson, que tiene una idea exaltada de sí misma. Como diría Carlos Peña, es un grupo con un componente generacional muy marcado y dirigentes que poseen una cierta conciencia de vanguardia, la cual necesita un público anhelantte de cuidado.
