Opinión
Que las pensiones en Chile son insuficientes no es una novedad ni una sorpresa. Sin embargo, en las actuales circunstancias de pandemia, con miles de familias que se han quedado sin trabajo y que han agotado sus ahorros, contar con una pensión mes a mes es una de las pocas certezas que nuestra sociedad le otorga a las personas más vulnerables. Que esa pensión alcance para vivir dignamente es un objetivo al que debemos apuntar ahora, hasta lograr un auténtico sistema de seguridad social, justo, solidario y universal.
En las condiciones políticas actuales no podemos lograr una verdadera reforma estructural a la previsión, pero la Convención Constitucional promete acabar con los últimos cerrojos del modelo, y con ello, abrir la puerta a los anhelados cambios profundos. Con el fin de aportar a ese debate, desarrollamos a continuación nuestra propuesta para el nuevo Sistema Previsional, en tres momentos distintos.
Primero, ante la inminencia de la Convención, llamamos a dejar de lado el debate de la actual propuesta de Reforma Previsional y acordar una Ley Corta, centrada en tres aspectos: Aumentar el alcance del Pilar Solidario hasta el 80% de los hogares más vulnerables; aumentar los montos de sus beneficios (por sobre el reajuste anual por IPC) hasta una Pensión Básica Solidaria (PBS) de $200.000; e incrementar la cotización obligatoria en seis puntos porcentuales, con cargo al empleador.
Creemos que ninguno de estos puntos sería controversial, dadas las actuales mayorías en el Congreso, y que podría aprobarse en breve, para llegar pronto con una ayuda concreta a miles de familias que hoy luchan por procurarse el sustento y llegar a fin de mes.
Respecto al debate en curso sobre el destino del 6% adicional de cotización, creemos que, para lograr aprobar este paquete de medidas lo antes posible, es aceptable que un porcentaje sea agregado a las cuentas individuales, tal como existen hoy. Confiamos en que esta ley corta no cerrará el debate respecto a la previsión, y que podremos reevaluar esta decisión en poco tiempo.
En la Constitución debe quedar establecido el Derecho a la Seguridad Social y la Responsabilidad del Estado de entregar beneficios universales que garanticen pensiones dignas que eviten la pobreza en la vejez, junto a algunas directrices sobre lo que debe lograr el Sistema Previsional, cuyos detalles deben quedar a cargo de una ley. Así, en la Convención Constitucional buscaremos establecer los fundamentos de un Sistema de Seguridad Social universal, sólido y justo.
Creemos que el derecho a la Seguridad Social se puede garantizar comprometiendo la acción del Estado para reunir ahorros obligatorios y entregar beneficios universales suficientes para evitar la pobreza en la vejez, la invalidez y la viudez, y que la Constitución exija condiciones básicas a cualquier sistema previsional; a saber, igualdad entre hombres y mujeres, compensación a las labores de cuidado en el hogar, pago efectivo de las cotizaciones (fin a la práctica de la “declaración y no pago”) y medidas tanto para aliviar los efectos del empleo precario como para evitar que los ahorros previsionales se conviertan en herencia en vez de pensión.
En definitiva, cuando tengamos la Nueva Constitución, la primera escrita por constituyentes elegidos y paritaria, será el momento de las grandes reformas que hagan efectivos los derechos sociales en ella establecidos. Y para cumplir las exigencias que antes señalamos, planteamos que la mejor alternativa es seguir el ejemplo de un país como Uruguay, que, sin ser más rico que Chile, es capaz de entregar pensiones más dignas y de manera sostenible en el tiempo.
El sistema uruguayo funciona en dos pisos. El primero es de reparto, universal en cotizaciones y beneficios, y su función es asegurar que las personas pensionadas cuenten con suficiente dinero para vivir de forma digna; el segundo piso, inspirado en las AFPs chilenas pero mejorado, permite a las personas con sueldos más altos ahorrar parte de sus cotizaciones en cuentas individuales, decidir quién administra sus fondos, y recibir beneficios que incentivan al ahorro.
Proponemos algo similar, con algunas innovaciones. El “primer piso” sería un Seguro Social al que se cotiza hasta un 18,33% del sueldo bruto, con un tope de 32 UF de renta (o 5,87 UF de cotización), y que entregue pensiones que, para alguien que trabaje toda la vida por el sueldo mínimo ($326.500 u 11,08 UF), alcancen las 11 UF, mucho más cercano a su sueldo que la actual PBS ($160.013 o 5,43 UF). El diseño de este seguro de reparto buscaría incentivar la cotización, y premiaría con mayores pensiones a quienes coticen por más tiempo o mayores montos, sin castigar con pensiones insuficientes a quienes no puedan permitírselo.
Para el “segundo piso”, creemos que lo más práctico es transformar las AFPs en un suplemento del Seguro Social, que pague segundas pensiones a las personas que coticen por sueldos mayores a las 32 UF. Esto reduce al mínimo la alteración al existente mercado de la previsión (certeza jurídica), permite -a quienes no quieran cambiarse- permanecer en la AFP con menos beneficios que el nuevo sistema (no-expropiación), y abre la posibilidad tanto a diseños más liberalizados como a esquemas de ahorro cooperativo y control comunitario (libertad económica). Toda esta diversidad es posible gracias al “primer piso” solidario, que asegura terminar con las pensiones de pobreza y redistribuir.
Con las tres propuestas antes mencionadas, en los tres diferentes momentos en que deben aplicarse, pretendemos como candidatura aportar al debate y promover una Seguridad Social responsable, solidaria y que le devuelva la dignidad a las chilenas y chilenos. De esta forma, construiremos un nuevo modelo de sociedad, con propuestas que, entralazadas, superan el neoliberalismo y permitan realizar de manera concreta las urgentes mejoras que requiere nuestra convivencia
