Opinión
Los altos niveles de desigualdad y el bajo crecimiento económico que caracterizan a la mayoría de los países de América Latina constituyen una trampa de la cual la región no ha logrado salir. Pese a importantes avances sociales y económicos en las últimas décadas, como la disminución de las tasas de pobreza y la ampliación de los sistemas de protección social, la región continúa siendo la segunda más desigual del mundo y nuestras economías se caracterizan por sus bajos niveles de productividad.
Es común que la lucha contra la desigualdad y los impulsos al crecimiento económico se presenten como esfuerzos en tensión o incluso contrapuestos. Pero desigualdad y bajo crecimiento no son fenómenos independientes, sino que interactúan. Son parte de una misma historia. El desafío es promover en la región reformas que simultáneamente reduzcan la desigualdad e impulsen el crecimiento económico.
El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, presentado esta semana por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), propone que hay factores comunes a ambos fenómenos, que perpetúan un círculo vicioso. El documento destaca tres de factores críticos: la concentración de poder económico y político, que facilita la extracción de rentas y dificulta la implementación de reformas que podrían mover a los países hacia mayor crecimiento y menor desigualdad; la violencia criminal, política y social, que afecta principalmente a los más vulnerables e impacta, a la vez, la actividad económica; y políticas de protección social fragmentadas y poco efectivas que facilitan la existencia de mercados laborales duales, que generan grandes brechas salariales.
En Chile, por ejemplo, los casos de colusión de firmas dominantes en mercados de bienes esenciales han significado, en la práctica, grandes transferencias de recursos desde los bolsillos de quienes menos tienen hacia la parte alta de la distribución de ingresos. Los casos de financiamiento ilegal de la política, por su parte, han dado cuenta de los canales de influencia del poder económico sobre el poder político. Aunque en menor medida que en otros países de la región, la presencia de violencia criminal, especialmente en barrios de menores ingresos en grandes ciudades, impacta ambas variables. Por otra parte, la existencia en el país de sistemas fragmentados de protección social en ámbitos como la salud, desempleo, pensiones y otros, genera desigualdades estructurales y dificultan la integración de los mercados laborales.
El informe para América Latina y el Caribe destaca que las percepciones de desigualdad y justicia también juegan un papel fundamental, en parte porque afecta las actitudes y preferencias de las personas respecto de las políticas redistributivas, a la vez que impactan la legitimidad de las instituciones del sistema democrático. A nivel regional el 81% cree que la distribución del ingreso es injusta, el porcentaje asciende al 95% en Chile, poniendo al país en el primer lugar de la región en dicho indicador. Más aún, mientras el 77% de personas en América Latina y el Caribe declara que sus países son gobernados en función de los intereses de unos pocos grupos poderosos, el porcentaje asciende a 91% entre las chilenas y chilenos. Chile también aparece primero en la percepción de injusticia en el acceso a justicia, salud y educación. Finalmente, pese a tener el mejor desempeño de la región en el índice de desigualdad de género del PNUD, Chile es el segundo país donde más se percibe que la igualdad entre hombres y mujeres no está garantizada. Las consecuencias políticas y sociales de estas percepciones han quedado claras y ratifican hallazgos de estudios previos realizados para Chile, como el libro Desiguales (PNUD 2017).
El Informe Regional de Desarrollo Humano plantea que, para abordar los desafíos de la alta desigualdad y el bajo crecimiento, los países de América Latina deben abordar la complejidad de las interacciones entre estas variables. Se plantea que un punto de entrada para abordarlas es el diseño de sistemas de protección social que sean universales, más inclusivos y redistributivos y fiscalmente sostenibles. La crisis de la COVID-19 ha mostrado que, sin un enfoque universal, las crisis pueden producir retrocesos importantes en los logros de la región en protección social y bienestar de los hogares.
La combinación sostenida de alta desigualdad y bajo crecimiento genera un equilibrio social frágil. El PNUD, presente en más de 40 países y territorios de América Latina y el Caribe, continuará trabajando con los estados y actores no gubernamentales para discutir, extraer lecciones y proponer vías de acción que permitan a los países avanzar hacia el desarrollo inclusivo y sostenible.
