La peligrosa y fallida jugada electoral de La Moneda en La Araucanía

En la campaña de 2017, el entonces candidato presidencial, Sebastián Piñera, puso gran parte de sus fichas en La Araucanía. Con un discurso agresivo, apuntó al Gobierno de Michelle Bachelet como responsable de la ola de violencia en la zona. Lo acusó de ineficiente, de temeroso e incluso llegó a decir que no había voluntad de enfrentar el tema. Y, claro, prometió que él se encargaría de revertir las cosas y que traería la anhelada paz de vuelta. Gracias a su compromiso, la derecha arrasó en la presidencial y parlamentarias en La Araucanía y, de paso, proyectó al resto del país determinación para poner orden en un tema sensible como la seguridad. Cuatro años después, la situación en la Macrozona Sur es mucho más grave que en 2017, los atentados casi se duplicaron y la percepción del manejo del Gobierno –y El Estado– está por el suelo.

Durante prácticamente cuatro largos años, el Gobierno de Piñera ha sido incapaz de controlar la violencia. Su gestión –precedida por una sobreexpectativa– es un fracaso total. Presentó tres planes que terminaron en nada. La molestia de los actores involucrados –organizaciones mapuches, víctimas de la violencia, camioneros, forestales– y las críticas son transversales. Hasta que vino la jugada desesperada. Con el temor a una derrota electoral en la zona y como una manera de intentar quitarle la agenda a Kast –y de paso apoyar a Sichel–, Piñera anunció el Estado de Excepción. Una medida tardía y riesgosa que buscaba el efectismo. El resultado está a la vista: encendió un polvorín de consecuencias insospechadas.

Para justificar la ampliación por 15 días del Estado de Excepción, La Moneda sorprendió con un balance que no se condice con lo que la opinión pública estaba percibiendo diariamente. Como diría un médico rural, “no calza el pulso con la orina”. Según el Gobierno, la violencia había disminuido en un 30%. No sabemos de dónde sacó esas estadísticas, pero es un hecho que al menos los eventos aumentaron de magnitud –el mismo día del anuncio se quemaron 10 casas y 5 vehículos–. Además, con el correr de los días, no solo se registraron acciones de violencia, sino que también el malestar de distintas comunidades mapuches, sus lonkos, machis y dirigentes se empezó a hacer sentir con fuerza. La tensión fue en aumento, hasta que Piñera comunicó que ahora le solicitaría al Congreso un nuevo plazo de intervención militar en la zona.

Sin duda, el cálculo político de La Moneda –dicen algunas fuentes que el diseño se hizo en el segundo piso y no en Interior– para intervenir la agenda, a menos de tres semanas de la elección, no incorporó el análisis de riesgo de que las cosas se salieran de curso. Se buscaba claramente desviar la atención de la acusación constitucional, mostrar una sensación de control –que no tuvieron en todo el período– y, por supuesto, darles un empujón a sus candidatos al poner en jaque a la oposición con una votación que será compleja. Hasta que se produjeron los graves hechos del 3 de noviembre. La pesadilla del caso Catrillanca estaba de regreso, haciendo parecer que nadie había aprendido nada. El Gobierno apareció confundido, lento, enredado en sus explicaciones –incluyendo dar por muerto a un herido– y, para colmo, Piñera actuó de vocero, cometiendo el error de dar su respaldo total a la Armada y Carabineros, justo en momentos en que se divulgaban videos que ponían en duda la versión oficial y en que la Fiscalía separaba los casos, entregando una señal clara y potente al derivar una de las causas a un fiscal de DD.HH.

Los hechos de ese día –los que han ido en aumento y tomando un cariz más grave– dejaron en evidencia todas las variables que están en juego en el conflicto de La Araucanía y que La Moneda trató de simplificar con la intervención militar. Por supuesto que hay grupos –minoritarios– vinculados al narcotráfico, así como algunos que han tomado una opción radical. Sin embargo, la semana pasada pudimos observar movilizaciones de organizaciones mapuches, de ciudadanos, de convencionales –en cupos de pueblos originarios–, manifestándose por el trato recibido por las autoridades y el intento de “criminalizar” las legítimas reivindicaciones históricas.

Si el Gobierno buscaba disminuir la violencia –insisto, con evidentes fines electorales–, lo que logró fue querer apagar el fuego con bencina y hacer su aporte al clima de polarización actual que está tomando un giro peligroso para el país. Creo que el plan de La Moneda no solo se interpretó como una provocación, sino que logró incluso que se visibilizara el grupo minoritario y radical Weichan Auka Mapu. Si el Gobierno insiste en etiquetar a todo el mundo mapuche con la violencia, además de estar entendiendo poco el conflicto, lo único que logrará es que ese tipo de grupos asuman una posición más extrema. Claro que, a lo mejor, ese es el objetivo buscado.

Pero más allá de la evidente intención electoral detrás de la estrategia de última hora de La Moneda –usar el Estado de Emergencia a pocos meses de terminar el mandato de Piñera–, en estas últimas semanas hemos observado algo bastante inédito en la política chilena y que marcará un precedente: una intervención electoral abierta en la campaña presidencial. Los ministros Delgado, Cerda y el subsecretario Galli han asumido una poco disimulada vocería para criticar con dureza el programa lanzado por Gabriel Boric, usando un relato que se parece bastante al de una campaña del terror. Bueno, de seguro un intento desesperado de darle oxígeno al favorito de Piñera –Sichel–, que sigue hundiéndose semana a semana a costa del ultraderechista J. A. Kast.