Opinión
No se trata de cuál candidato va a gobernar, si el de primera o segunda vuelta. Boric es el mismo y sus convicciones a estas alturas son suficientemente sólidas y conocidas. Junto con asegurar condiciones de gobernabilidad al interior de su propia coalición, y en la perspectiva de la gobernabilidad democrática en un sentido más amplio, se trata de definir -el país tiene derecho a saberlo- si en definitiva prevalecerá el populismo de izquierda, en clave refundacional, o un proyecto socialdemócrata, en clave reformista; si el programa de gobierno que fuera derrotado en primera vuelta o la propuesta que resultara vencedora en segunda vuelta.
El liderazgo político de Gabriel Boric es el principal argumento de la coalición de gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo. Ese no es un argumento menor cuando se trata de un sistema presidencialista como el chileno. Sin embargo, llega un momento, en Chile y América Latina, en que el llamado “presidencialismo de coalición” aparece como una geometría tan variable que tiende a parecerse a la cuadratura del círculo. Ya la realidad de 22 partidos con representación parlamentaria -hoy son 15- a partir de marzo, constituye un desafío para cualquier gobierno.
Boric y el Apruebo Dignidad han alcanzado el gobierno, resta la tarea titánica de asegurar la gobernabilidad, partiendo por la gobernabilidad de la coalición gobernante.
La Concertación tuvo cuatro partidos durante veinte años. Bajo la Nueva Mayoría fueron siete y en el segundo gobierno de Piñera nuevamente cuatro (con cara de tres). Por mucho que se transmita la idea de que los anillos, círculos concéntricos o como quiera llamársele es una criatura no nata, lo cierto es que existe una asimetría que hará difícil la gobernabilidad interna. Lo estamos viendo en la conformación del gabinete de ministros y subsecretarios. Salvo el PS, están casi todos enojados.
[cita tipo=»destaque»]Se da la paradoja que la DC puede ser la tabla de salvación del presidente electo y su ministro de Hacienda frente a los embates -que ya se insinúan en estos días de armado del gabinete presidencial de ministros y subsecretarios- de los sectores más radicalizados del Apruebo Dignidad y la Convención Constitucional.[/cita]
El núcleo central del gobierno estará constituido por los partidos del Apruebo Dignidad: Partido Comunista, Frente Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes. Es natural que así sea. Gabriel Boric ganó como el candidato del Apruebo Dignidad. Luego vienen el Partido Socialista, PPD, Partido Liberal y Partido Radical Social Demócrata -todos menos la DC, en términos de lo que se ha conocido como el Nuevo Pacto Social-. Y finalmente viene un conjunto de agrupaciones tales como UNIR (Marcelo Díaz), Fuerza Común (Fernando Atria), Acción Humanista (Tomás Hirsch), y Comunidad para la Dignidad (Ana María Gazmuri) que añaden un elemento de complejidad a la realidad descrita.
Nadie dijo que esto iba a ser fácil.
Sostengo que la principal tensión la va a vivir el presidente electo con su propia coalición, en una triple dimensión: entre la lógica refundacional que está en el ADN del Apruebo Dignidad y la deriva reformista de la segunda vuelta; entre el populismo de izquierda -me refiero a la defensa de este término que hacen Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, dos de los principales intelectuales o referentes de los dirigentes del Frente Amplio- y el sello socialdemócrata también de la segunda vuelta, y entre el “Programa” (así con mayúscula) defendido principalmente por el PC y el adendum que sirviera de base a la propuesta (y al triunfo) del candidato Boric en el ballotage.
Boric perdió (salió segundo) en primera vuelta con el programa del Apruebo Dignidad, redactado en clave refundacional, con un 26% de los votos, y ganó en segunda vuelta con el documento de “implementación” y de “crecimiento inclusivo y sostenible”, en clave reformista, con un 56% de los votos, habiendo recibido el apoyo de todos los partidos -incluida la DC- del Nuevo Pacto Social. Cabe recordar que el candidato le puso el timbre “Boric Presidente” al adendum -de claro corte reformista y socialdemócrata- elaborado por Andrea Repetto, Eduardo Engel y Roberto Zahler; hasta el día de hoy, sin embargo, no conocemos los pronunciamientos de los partidos del Apruebo Dignidad (con la sola excepción del diputado Gonzalo Winter quien en una entrevista en El Mercurio reconoció que se trataba de un programa social demócrata y un gobierno reformista).
No debemos olvidar que, en los días siguientes a la primera vuelta electoral, mientras el candidato Boric decía “por supuesto que vamos a hacer modificaciones (al programa), si no, ¿para qué uno habla?”, el presidente del PC, Guillermo Tellier, decía que “no hay tiempo para ir a discutir un nuevo programa, eso no va a ser así, para que queda claro”, añadiendo que “hay un programa de Apruebo Dignidad y ese es el programa”. ¿Cuál de estas versiones terminará por imponerse?
Este no es un juego de palabras. No se trata de cuál candidato va a gobernar, si el de primera o segunda vuelta. Boric es el mismo y sus convicciones a estas alturas son suficientemente sólidas y conocidas. Junto con asegurar condiciones de gobernabilidad al interior de su propia coalición, y en la perspectiva de la gobernabilidad democrática en un sentido más amplio, se trata de definir -el país tiene derecho a saberlo- si en definitiva prevalecerá el populismo de izquierda, en clave refundacional, o un proyecto socialdemócrata, en clave reformista; si el programa de gobierno que fuera derrotado en primera vuelta o la propuesta que resultara vencedora en segunda vuelta.
Si todo lo anterior es complejo, lo es mucho más a la luz del trabajo de la Convención Constitucional. Esta es una Convención con una presencia desequilibrante de la izquierda dura o radical. No es precisamente el ámbito donde la centro-izquierda, la socialdemocracia o el reformismo encuentren su mejor expresión. Es una lógica refundacional la que impera en su interior, en clave de populismo de izquierda. Lo que empieza a aparecer del trabajo de sus comisiones es tal vez un anticipo de lo que viene en términos de sus conclusiones: una Constitución refundacional que responde a la misma lógica de la Constitución de 1980, solo que en un sentido inverso. Solo cabe leer el excelente libro de Juan Luis Ossa, Chile Constitucional (CFE/CEP, 2020) para entender que “los constituyentes del ochenta llevaron adelante una “revolución constitucional”, la que, entre otras cosas, cortó con casi dos siglos de reformismo gradualista” (p. 12). A diferencia de las constituciones de 1828, 1833 y 1925, que respondieron a una lógica de reforma gradualista, la Constitución de 1980 optó por una lógica refundacional, la misma que pareciera estar imperando en la Constitución de 2022. Si bien el gobierno entrante tiene que respetar la autonomía de la CC, no le puede ser indiferente sus deliberaciones y conclusiones.
Dos y solo dos son los argumentos que permiten contrarrestar la presencia de una izquierda dura o radical tanto en el gobierno entrante como en la Convención: la regla de los dos tercios -inamovible a estas alturas, especialmente frente a la amenaza que se levantó en su momento de los “plebiscitos dirimentes”- y los relativos equilibrios que están presente en el parlamento (especialmente en el Senado).
Y es aquí donde cabe una especial responsabilidad a la DC, desde el parlamento y la oposición, frente al próximo gobierno de Gabriel Boric y el Apruebo Dignidad. Con 5 senadores -igual número que AD- y 8 diputados, la DC tiene que contribuir a la gobernabilidad democrática, ese debe ser su norte, contribuyendo a que impere la lógica reformista por sobre la refundacional, en clave socialdemócrata más que de populismo de izquierda. Le cabe también una responsabilidad en términos de que el programa de gobierno -mal que le pese al PC- se rescribió en segunda vuelta, en clave reformista y socialdemócrata. Cabe a la Falange una responsabilidad en términos de apoyar al presidente electo, Gabriel Boric, y a su ministro de Hacienda, Mario Marcel (autodefinido como socialdemócrata) frente a las tensiones que existen y que se harán cada vez más visibles al interior del Apruebo Dignidad. Se da la paradoja que la DC puede ser la tabla de salvación del presidente electo y su ministro de Hacienda frente a los embates -que ya se insinúan en estos días de armado del gabinete presidencial de ministros y subsecretarios- de los sectores más radicalizados del Apruebo Dignidad y la Convención Constitucional. El haber quedado fuera de las tareas de gobierno le da a la falange la libertad para actuar teniendo como único norte la realización del bien común en el orden temporal, que es la razón de ser de ese partido a lo largo de su historia.
