Una carrera que aún no está ganada

A semanas de iniciar un nuevo periodo académico, es bueno detenerse en una cifra que entregó la Subsecretaría de Educación Superior: 116 mil jóvenes fueron seleccionados para ingresar a la universidad, a través del Sistema de Acceso a la Educación Superior que reúne a 45 planteles a nivel nacional. De ese total, 15.986 fueron los estudiantes seleccionados provenientes de establecimientos técnico-profesionales y 30.919 de colegios públicos, reflejando un aumento del 16 y 8% (respectivamente) en comparación al periodo anterior.

Estos resultados evidencian un avance significativo en la democratización del acceso y confirman que el camino hacia un nuevo sistema de ingreso sin segregación socioeconómica y de género es el correcto. De ahí, la decisión del Mineduc de implementar a partir de 2022 la prueba PAES, que mide habilidades y no sólo conocimiento, y que puede abrir más puertas a jóvenes que históricamente fueron excluidos de la educación superior y que estuvieron ausentes en los planteles de mayor exigencia y calidad en el país.

Aunque son cifras positivas, en la práctica, este es solo el inicio de un largo camino, sobre todo para aquellos/as que pertenecen a los sectores socioeconómicos más vulnerados del país, quienes cargan una mochila muy pesada en sus hombros. Según el Servicio de Información de Educación Superior, SIES, y con datos de 2020, el 24,4% de los jóvenes abandonó su carrera en el primer año de ingreso, un equivalente a 50 mil estudiantes. Mientras que el 18,9% abandonó definitivamente la educación superior. Por eso es imprescindible que se mejoren estas cifras para que el lugar o las condiciones de vida en las que se nace, no determinen negativamente el éxito en el acceso, la permanencia y la titulación de la educación superior.

Es de público conocimiento que el financiamiento incide directamente en la continuidad de los estudiantes en la educación superior, pero no es el único factor, puesto que son diversas las razones que los llevan a desertar de una carrera técnica y/o universitaria. En esa línea, la gratuidad es una política pública que entrega esperanza a jóvenes que no podrían financiar sus carreras y que evita el sobreendeudamiento de familias de menores ingresos del país. Sin embargo, no puede ser el único apoyo, se deben considerar otros factores que inciden en la permanencia, como por ejemplo, la salud mental. Según la primera Encuesta de Inclusión en la Educación Superior de Fundación Portas, el 45% de los encuestados reveló que consideró abandonar sus estudios por problemas en su salud mental, una temática que sabemos tiene alta incidencia en la población y que se vio aún más afectada por la extensa cuarentena ocasionada por la llegada del COVID-19. Y cómo no, si son justamente los jóvenes de contextos más empobrecidos, quienes provienen en su mayoría de colegios técnicos y municipales, los que más problemas enfrentan en el ingreso. En este aterrizaje en la educación superior, deben enfrentarse, entre otras cosas, a las brechas académicas que arrastran por la desigualdad en la educación que recibieron y que se acentúan en las primeras evaluaciones durante el primer año. Muchos no tienen hábitos de estudio, no entienden la materia que están revisando en clases, tienen problemas para socializar y no han desarrollado del todo sus habilidades.

Estos factores detonan episodios de estrés, afectan la autoestima y traen una serie de cuestionamientos internos respecto a la continuidad de estudios en la educación superior. Junto a esto, se suman las condiciones propias del grupo familiar, donde en muchos casos son hogares monoparentales y donde los jóvenes, además de ser estudiantes deben cumplir el rol de hermano/a mayor y trabajar, entre otros.

En este nuevo proceso de ingreso a la educación superior, la invitación a las diversas instituciones es a preguntarse si cuentan con todos los apoyos integrales orientados a la permanencia de los estudiantes y, de ser así, si son difundidos de manera correcta, en los canales y con el lenguaje más apropiado. También, manifestamos la imperiosa necesidad de impulsar una cultura realmente inclusiva en las instituciones que permita generar relaciones de colaboración que contribuyan a una experiencia positiva del estudiantado, evaluar las prácticas pedagógicas de las y los académicos y favorecer su capacitación en caso de que sea necesario, facilitar espacios para que los jóvenes puedan trabajar en caso de que lo requieran y entender al estudiante en su integralidad.