Opinión
Las universidades regionales tienen el deber de vincularse con su territorio en el marco de un compromiso de generar conocimientos en todas las áreas del saber, formando además ciudadanos críticos capaces de pensar a Chile en lo político, en lo social y en lo económico. En el área de la investigación, en particular, nuestra Universidad se inserta en la comunidad aportando al conocimiento y el desarrollo de las ciencias, tecnologías, artes y culturas. Sin embargo, para hacer realidad esta generación de conocimiento se requieren requisitos básicos que en las instancias de toma de decisiones de un país centralizado no siempre se perciben como “problemas”, pues en sus realidades cotidianas aparecen como obvios y, sin embargo, no siempre lo son en regiones extremas.
La lista de requisitos críticos es extensa, pero para no aburrir a nadie podemos identificar algunos: disponer, por ejemplo, de capital humano que constituya masa crítica, entendiendo la existencia de colectivos de investigadoras e investigadores trabajando en áreas disciplinares similares, permitiendo un desarrollo armónico que potencie la productividad científica (artículos, libros, patentes) y que facilite la incorporación de personas con nuevas ideas complementarias al quehacer del grupo. Además, es imperativo poseer una adecuada infraestructura material, es decir, no solo laboratorios, salas de trabajo, bibliotecas físicas y virtuales, sino la cercanía de representantes de firmas y empresas distribuidoras de insumos (en efecto la lejanía existente impone enormes tiempos de espera para la distribución de estos elementos), a lo que se agrega la disponibilidad del personal técnico que mantenga y repare los equipos cuando se producen fallas. Si a lo anterior le sumamos una conectividad digital inestable, funcionamiento precario de las redes de agua, electricidad, ausencia de grupos electrógenos, lo cotidiano deviene difícil.
Otro aspecto importante que considerar es la institucionalidad científica existente, ya sea a nivel de facultades e Institutos como en la administración central de una universidad (unidades administrativas de apoyo, decretos, reglamentos y políticas institucionales). A ello, finalmente, y no menos trascendente se adicionan los recursos económicos necesarios, ya sean a partir de proyectos, convenios, nacionales y/o regionales para adquirir equipos, instrumentos, reactivos, libros, ordenadores y licencias de software, entre otros. Debemos precisar también que la adjudicación de ellos depende directamente de la calidad y cantidad de la investigación realizada, generando un ciclo no virtuoso de exclusión que podríamos calificar de darwinismo científico.
Por otro lado, en el contexto de un modelo de mercado educacional las universidades del Estado, y particularmente las regionales como la nuestra, han corrido riesgos (¡y los corren aún!) de perder el alma y la esencia de su razón de ser. Obligadas a una lógica de autofinanciamiento, los recursos humanos y materiales se destinan a actividades que generen beneficios y rentabilidad con el fin de mantener y asegurar los proyectos educativos, desdibujando el norte de la institución y generando tensiones entre docencia e investigación, como si fueran dos actividades que pudieran desarrollarse de modo independiente en el seno de una universidad.
La educación, particularmente la universitaria, no puede ser regulada por las “leyes” del mercado. Dado que más del 95% de las actividades de investigación se realiza en las universidades y debido a la lógica economicista que gestiona la academia, ello explica el estado precario de la investigación en el país. Cabe destacar que las dos instituciones emblemáticas chilenas ocupan lugares más bien discretos en los rankings internacionales de universidades (cfr https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021). Sin la participación de un Estado que regule y asegure el funcionamiento de sus universidades nacionales y regionales, la academia estará obligada a un desarrollo desigual y no armónico entre las distintas áreas del saber. Por el nuevo rol que el Estado debe jugar en áreas críticas como salud, previsión, educación, y la importancia de las regiones en ese contexto, seguimos con interés los debates de la Convención Constitucional y su impacto en el quehacer académico de las universidades regionales del Estado.
En este marco de compromisos frente a la región y en la imposibilidad de un desarrollo integral, cubriendo todas las áreas del saber asumimos la obligatoriedad de desarrollar áreas específicas del conocimiento que sean competitivas para cumplir con las exigencias de los altos estándares que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) solicita a las universidades chilenas durante los procesos de acreditación institucional.
Tenemos grupos de investigación de excelencia en ciencias sociales (Instituto de Relaciones Internacionales) y en ciencias naturales (Física teórica, Ciencias Químicas, Biotecnología). Fomentamos el desarrollo en áreas más diversas como Medicina de alturas, Agricultura en condiciones extremas, estudios de interculturalidad e Ingeniería de procesos. Estamos conscientes de lo desigual de nuestro desarrollo, con procesos de investigación a dos velocidades, pero es la mejor estrategia para asegurar el tránsito hacia una universidad de mediana complejidad, entendiendo por tal no solo dictar clases y gestionar esta actividad sino, además, interesarse por el entorno, hacerse parte del territorio articulando docencia de pre y posgrado con investigación que vincule la universidad con su comunidad en un proceso compartido de generar conocimientos y forjar ciudadanía.
