Opinión
El Gobierno del Presidente Piñera lidió con 17 partidos y el Presidente Boric tendrá que hacerlo con 19 más independientes, cuestión que hace muy poco sostenible la relación Ejecutivo/Legislativo. Se requiere mayor representación, pero eso no pasa aumentar el número de actores en las cámaras, pues generará el efecto inverso donde las demandas no podrán ser procesadas.
El golpe autoinfligido por la Comisión de Sistema Político ubica a sus integrantes en una posición de tener que negociar todo de nuevo. Partir de cero para tener un nuevo resultado en dos semanas. El error fue no haber aprobado al menos las cuestiones estructurales, luego evaluar y corregir su contenido. Pero bueno, es lo que hay.
La clave de estos días está en no perder el foco de lo que se tiene que hacer. En el primer Informe la Comisión utilizó la lógica agregativa, conformando un modelo que buscaba contener las múltiples posturas y a cada una le otorgaba un espacio instituyendo un cat-dog constitucional. Hoy, el error sería tomar el camino inverso, eliminando todo aquello que genera diferencias y quedarse con un mínimo que deje todo muy parecido a lo que existe y no resuelva el problema del régimen político.
En breve, el régimen político tiene un problema hace años que ha llevado a la traba y el bloqueo en la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Las excesivas atribuciones del Presidente conllevan la reacción del Congreso que busca generar su propia política interfiriendo la ejecución de la agenda presidencial y de un programa de gobierno coherente. Junto con ello, el Senado es visto como un órgano de traba de la política, los cambios y la voluntad de la cámara de representación política. Esto, en un marco de un sistema de partidos débil y atomizado que impide el gobierno de mayorías.
Lo anterior ubica el problema en tres frente: el diseño del Ejecutivo, del legislativo y del sistema de partidos. Si no que revisan estas tres cuestiones, tendremos un modelo tullido e incoherente donde aparecerán otros problemas en el futuro próximo. En estos temas la Comisión ha tenido grandes diferencias entre sus integrantes. A nivel de Ejecutivo, el abanico se mueve desde los presidencialistas hasta una inicial propuesta parlamentarista. En el legislativo desde el unicameralismo a un bicameralismo similar al actual. En el sistema de partidos, desde un fortalecimiento de los partidos a la apertura y equivalencia entre partidos y movimientos sociales.
¿Cómo ir hacia un modelo común?. Primero, se debe partir de la realidad y esta es que se aprobó que Chile sea un Estado Regional, cuestión que determina necesariamente la existencia de una segunda cámara de representación de las Regiones Autónomas. El bicameralismo es algo que si o si han tenido que ceder los unicameralistas, independiente del juego de los nombres y estructuras de la segunda cámara.
Luego, pareciera que hay un acuerdo en que el legislativo sea asimétrico. Esta asimetría se refiere a que la tramitación legislativa se iniciará y terminará en la cámara política (hoy diputados) y en el tipo de materias que conocerá cada cámara. La inclinación hacia la cámara política conlleva el fortalecimiento de dicha entidad; cuestión que exige que el diseño constitucional considere este empoderamiento político pero también la necesidad de controles. De ahí deviene la disputa sobre las atribuciones de la segunda cámara. Para representar a las regiones y contener la inclinación concurren dos asuntos centrales: tener facultades revisoras de los proyectos de ley que digan relación con el Estado y las regiones y poder nombrar autoridades. Si no concurre lo primero se fracciona la igualdad política del Estado Regional y si no concurre lo segundo, el poder limitar el poder de la cámara política se diluye.
Si lo anterior avanza, se podría rectificar la critica a la relación que existe entre ambas cámaras del Congreso y el rol del Senado, pero no corrige la esencia del problema del régimen político. Pues si el Ejecutivo quedara igual, con un Congreso asimétrico y un sistema de partidos débil y atomizado, el incentivo estará puesto en copar la cámara política de partidos y movimientos, haciendo imposible generar gobiernos que generen gobernabilidad. No se puede empoderar una cámara sin disponer de mecanismos que permitan articular esas mayorías desde el Ejecutivo en un sistema presidencial. No se debe confundir el quitar poder al Presidente con inhibir su capacidad de gestionar la política, sino, la traba y el bloqueo persistirá y subsistirá el problema del procesamiento de las demandas ciudadana.
[cita tipo=»destaque»] Se requiere mayor representación, pero eso no pasa aumentar el número de actores en las cámaras, pues generará el efecto inverso donde las demandas no podrán ser procesadas.[/cita]
Esto requiere introducir modificaciones básicas al Ejecutivo y al sistema de partidos, pero no toda reforma puede resultar bien. Un ejemplo, si se introducen al Ejecutivo reformas mínimas como regular el veto y que sólo existan vetos totales y no parciales (idea que da vueltas), cuando en la realidad este último tipo de observaciones permite evitar proyectos de ley incoherentes o defectuoso, le quedaría al Presidente sólo con la alternativa de vetar todo un proyecto para modificar cuestiones puntuales. Esto no sólo generará problemas de textos mal hechos sino que el Presidente vete un texto completo sin necesidad real. Esto en apariencia es quitar poder al(a) Presidente, pero el veto debe cumplir un rol de colaboración entre ambos poderes más que inhibir su procedencia. Es por ello que el Presidente debe poder vetar (total o parcialmente) y si sus observaciones generan el apoyo del Congreso este la aprobará por el quórum de la ley, pero sino, el Congreso pueden insistir en un quórum mayor (pero no excesivo) para evitar la imposición de la voluntad del Presidente (como ocurre hoy) obligando a negociar. También se diseñó la iniciativa de ley de concurrencia necesaria, donde mociones de los parlamentarios requieren del apoyo del(a) Presidente. Esto en apariencia es bueno, pero no necesariamente, pues lo que se generará es la puja desde el Congreso (sobre todo en periodo electoral), por medio del apoyo popular, de iniciativas que realmente no deberían proceder y financiar, dejando al (a) Presidente en la encrucijada populista. Mejor es diferenciar la iniciativa exclusiva donde lo financiero, lo estructural del Estado, las concesiones graciosas y los impuestos (al menos) sean materias propias del Presidente.
Otra figura aparente es el vicepresidente electo, al cual se le atribuyen desde roles decorativos hasta sustanciales. El rol decorativo deja todo igual pero con legitimidad democrática y el sustancial conlleva la fricción y la posibilidad de disputa entre las dos autoridades generando la figura del enemigo interno en ambos casos. Además, si el nuevo modelo inclina el Congreso cámara política, las propuestas donde el vicepresidente articule la cama regional carece de mayor sentido y si gestiona la cámara política lo transformará en un segundo presidente.
Aquí aparece la figura de un ministro coordinador y colaborador del Presidente en la coordinación interna como con el Congreso (Ministro de Gobierno), dependiendo de su voluntad el nombramiento y remoción. En esta figura no hay acuerdo en la Comisión. Ahora bien, esta autoridad no es algo que apareciera hoy en el debate constituyente, sino que su configuración ha surgido del propio sistema político. Ya en el año 2017 un grupo transversal de senadores (Zaldivar, Allaman, Harboe, Larraín y Montes) presentaron una reforma constitucional para radicar en el Ministro del Interior la jefatura del gabinete. El texto señala “El Presidente de la República podrá designar al Ministro del Interior y Seguridad Pública para que presida el Consejo de Ministros. Corresponderá a este Secretario de Estado la tarea de dirigir y coordinar la labor de los demás Ministros y las relaciones del Gobierno con el Congreso Nacional”. El texto se hace cargo de uno de los problemas del Gobierno que es doble: la coordinación política interna y la relación con el Congreso que hoy es bicéfala.
Actualmente, contar un ministro(a) que asuma el rol coordinador político es una propuesta de realidad. En la práctica es incorporar al Ministerio Secretaría General de la Presidencia el rol de coordinador político interno y dejar al Ministerio del Interior en sus labores de seguridad, prevención del delito y la relación con el gobierno interior que será intensa al tener que vincularse con regiones autónomas.
Finalmente, aun cuando todo lo anterior pudiera ocurrir, nada funcionará bien si el Gobierno no puede tener una relación fluida con el Congreso y en especial si no existen los incentivos para generar mayorías parlamentarias. Esto se liga a la necesidad de tener un sistema de partidos fuerte y moderado en su número. El Gobierno del Presidente Piñera lidió con 17 partidos y el Presidente Boric tendrá que hacerlo con 19 más independientes, cuestión que hace muy poco sostenible la relación Ejecutivo/Legislativo. Se requiere mayor representación, pero eso no pasa aumentar el número de actores en las cámaras, pues generará el efecto inverso donde las demandas no podrán ser procesadas. Lo que se necesita es que el legislativo pueda procesar demandas y ello sólo se logra con un sistema de partidos que sea acotado pero plural y donde desde el Ejecutivo se gestione la política.
