Opinión
Lamentablemente es común constatar que los editores de prensa privilegian los titulares que generan conflictos o polémicas por sobre noticias realmente importantes. Gran parte de la prensa ha abusado mucho con esto en la Convención, sin darles genuino espacio a muchas iniciativas que ya han sido aprobadas por el Pleno y que permitirán ver el Chile del futuro con otros ojos. Una de ellas es la aprobación del artículo que reconoce los derechos de los neurodivergentes.
La neurodiversidad se refiere a las personas cuyo cerebro funciona de una manera diferente y procesan la información de otro modo al de la mayoría, tales como el autismo, dislexia, dispraxia, trastornos del ánimo, esquizofrenia, hiperactividad, bipolaridad, depresión endógena, desorden de coordinación del desarrollo, entre otras. Lo que se pretende con esta norma es evitar la asimilación social de un diagnóstico clínico que comúnmente lo simplificamos como una enfermedad, para dar cabida y acogida a personas distintas que la normal variación humana nos regala. Para una sociedad sana no son enfermedades, sino diversidad.
Si tales personas no tienen la suerte de nacer en una familia con recursos y con la apertura sentimental para acogerlos y ayudarlos a abrirse espacio en la sociedad, muchas veces son condenados a internaciones forzadas, mortalidad asociada a tratamientos, estadía en camas pisiquiátricas, esterilizaciones forzadas, violencia sexual o simplemente al olvido. El asunto es que siguen siendo personas.
El reconocimiento constitucional de sus derechos obligará a la creación de cuerpos legales que los protejan y no los discriminen, posibilitando una serie de medidas que garanticen su inclusión en dimensiones tales como educación, salud mental adecuada a una mente diversa, vivienda y trabajo que le otorguen una participación efectiva dentro de la sociedad. Sin un marco legal que lo garantice, ocurre lo de hoy, en que tales iniciativas responden más a dádivas del Estado, como quien estuviese haciendo un favor, o al buenismo de alguna empresa o a la solitaria presión invisible de padres y madres que buscan el bienestar de sus hijos e hijas sanas pero diferentes.
Perfectamente tales personas pueden lograr su autodeterminación y autonomía si como sociedad abrimos los espacios para que esto se produzca. Sin ir más lejos, existe un sinnúmero de trabajos que podrían adecuarse a sus capacidades para servir y que se sientan útiles dentro de la sociedad. En materia de inteligencia y seguridad, por ejemplo, enfocando su capacidad para encontrar vínculos y patrones delictivos que exigen un orden mental más propio de un neurodivergente; o la creación se softwares que traduzcan su voz a texto o les ayuden a escribir; o la obligación de crear ambientes laborales más tranquilos y silenciosos o acondicionados a una luminosidad determinada, en fin, existe una multiplicidad de áreas que con apoyo legal pueden desarrollarse en contabilidad, diseño, bibliotecología, arte, por nombrar algunas.
El problema es que este derecho aprobado por la Convención interesa solo a quienes los afecta, ya que nos hemos acostumbrado al individualismo desenfrenado que ha hecho mutar nuestra capacidad de entender tales discriminaciones como un asunto colectivo de responsabilidad e inclusión social. Es en estos derechos y tantos otros en los que nuestro país debe avanzar para hacer real la igualdad de oportunidades que dignamente se reclamó en las calles y que algunos insisten en rechazar. Una muestra: este derecho en favor de los neorodivergentes fue aprobado por más de los dos tercios del Pleno de la Convención, pero hubo 8 convencionales que lo rechazaron … ¿quiénes? Solo una pista: los que siempre se han sentado a la derecha, pegados a la muralla.
Para quienes no han leído el artículo, les regalo su lectura, el que va dedicado especialmente a esos padres y madres que, en la soledad de su corazón generoso, luchan incansablemente por la diversidad de sus hijos e hijas:
“El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos, individuales y colectivos, reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
